A pocas horas de que comience el debate sobre la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, integrantes de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical presentaron una ponencia con la que buscan rechazar el proyecto del Gobierno. El texto comienza con un diagnóstico del sistema de salud en el que se señala que antes de la ley 100 de 1993 el sistema se caracterizaba por una baja cobertura, poca eficiencia y una enorme desigualdad.
“Para 1991, solo se reportaban como beneficiarios de la seguridad social a través del Instituto de Seguros Sociales (ISS) al 28% de la población (DNP, 2000), mientras que, con corte a septiembre del año 2022, se cuenta con una cobertura del aseguramiento del 98,81% de la población, permitiendo su acceso al Sistema de Salud y el Plan de Beneficios de Salud”, compara el texto, firmado por los congresistas Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, y Betsy Pérez Arango, de Cambio Radical.
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La ponencia continúa con un reconocimiento de los logros y de los actores en el sistema actual, en el que menciona el papel de las EPS. “Cabe mencionar que las funciones de las EPS corresponden a aquellas propias de un asegurador tales como: afiliar, administrar y gestionar el riesgo financiero, resultados en salud y todos los riesgos conexos”, se puede leer. Sin embargo, la ponencia de Corzo y Arango también reconoce falencias del modelo actual y la necesidad de hacer ajustes en él.
“(…) es preciso reconocer que aún subsisten evidentes fallas en el sistema, que inciden sobre la universalidad en el acceso, la accesibilidad, continuidad, oportunidad, disponibilidad, aceptabilidad, calidad y equidad, que implican el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”, dice el texto, pero, agrega, cualquier cambio estructural debe soportarse en los logros y beneficios alcanzados.
¿Por qué rechazan el proyecto?
La ponencia comienza cuestionando que la discusión sobre la reforma a la salud se este dando bajo el imperativo de que se trata de una ley ordinaria y no una ley estatutaria. La diferencia, básicamente, es que la segunda supone un trámite con más debates porque se trata de leyes que tocan estructuralmente derechos fundamentales. La tesis del Gobierno es que como este es un proyecto de ley que reforma la ley 100, y la ley 100 se tramitó como ordinaria, esta debería ser igual, pero la posición de algunos partidos de oposición es que debió tramitarte como estatutaria.
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Después, en sus aspectos generales, la ponencia considera que el proyecto del Gobierno “no resuelve las quejas planteadas de forma reiterada por los usuarios y pacientes de oportunidad en las atenciones, ni se ocupa de los problemas de sostenibilidad financiera del Sistema de Salud”. Para los ponentes, la propuesta oficinal elimina el modelo de aseguramiento actual, elimina las EPS y fragmenta la prestación y los recursos en distintos fondos nacionales y territoriales.
La figura de Gestoras (unas entidades en las que las EPS deberían convertirse), en la perspectiva de esta ponencia negativa “no soluciona el problema estructural del proyecto del Ministerio de Salud. No hay un agente con las capacidades de hacer una gestión integral del riesgo en salud y del riesgo financiero, con lo que los resultados en salud del país en el mediano, plazo, la sostenibilidad del sistema y los avances en equidad incluido el bajo gasto de bolsillo está seriamente comprometidos”.
Para Corzo y Pérez la ponencia positiva al proyecto no elaboró un análisis riguroso e integral de los otros proyectos de reforma presentados (entre ellos, uno del Centro Democrático): “Si bien se adicionan algunos artículos de otras iniciativas, esto no responde a un ejercicio conceptual de construir un articulado armónico, técnico y concertado que tenga en cuenta las distintas dimensiones que deben integrarse para el funcionamiento armonioso de un sistema de salud”. Además, la transición propuesta entre el modelo de salud actual y el nuevo “no es viable ni en tiempos ni en recursos”, sentencia la ponencia.
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Entre otros comentarios, el texto señala que de aprobarse el proyecto tal cual se presentó se elimina la libre elección del asegurador al crear un monopolio estatal y se elimina la participación del sector privado en el aseguramiento en salud. “No es claro quién va a realizar la gestión administrativa y financiera de las prestaciones económicas, la función está repartida entre los CAPS y a las gestoras de salud y vida”. Además, el tramite, en la perspectiva siempre de este texto, tiene vicios de procedimiento.
Con estas dos ponencias (la positiva y la negativa) y la propuesta de 133 cambios que este martes hicieron el partido Conservador y de la U, comienza la discusión en el Congreso.