Luego de que el Gobierno Nacional presentara, tras semanas de espera, su nueva propuesta para reformar el sistema de Salud, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) se pronunció asegurando que el documento radicado ante el Congreso “desconoce la participación y la necesidad de concertarla con los distintos actores y gremios del sector”.
Según Agamenón Quintero, presidente de la ACSC, organización que agrupa a más de 70 especialidades médicas del país, a pesar de que se sostuvieron varias reuniones con el ministerio de Salud para discutir la reforma, no se logró llegar a un acuerdo sobre el proyecto que ahora será discutido en la Cámara de Representantes.
“Insistir en un sistema estrictamente público y convertir a la ADRES en una entidad polifuncional con competencias que difícilmente podrá ejercer incluso a mediano plazo, genera incertidumbre sobre el presente y el futuro del sistema de salud. Por otra parte, la inclinación por el fortalecimiento de la red pública en un país en el que el 80% o más del servicio es prestado por entidades privadas, hace que la propuesta gubernamental sea menos creíble”, indicó Quintero a través de un comunicado.
Entre los reparos de la Asociación al proyecto está el hecho, asegura, de que persiste la falta de financiamiento de la propuesta y que la vigilancia y control de los recursos del sistema no son claros. Por otra parte, “aunque la norma genera compromisos para el saneamiento de las deudas actuales del sistema, no se crea una garantía para que los responsables cumplan con los pagos adeudados”, señaló la Asociación.
Además de esto, cuestionó que “no se afronta de manera adecuada la situación del personal médico en el país”, pues no sería claro lo que se propone para mejorar condiciones generales, personales, profesionales, ni laborales. En ese punto, criticó que, aunque el artículo 40 del proyecto plantea la creación de un régimen especial para los trabajadores de la salud, la iniciativa desconoce la participación de agremiaciones como la ACSC.
“La radicación a puerta cerrada por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo del proyecto de Reforma a la Salud ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, es una muestra clara y contundente de que el contenido del mismo no responde a un consenso ni recoge las propuestas hechas por sectores claves del sector como lo es el Talento Humano en Salud, quienes somos los que estamos directamente involucrados en la atención del paciente”, indicó Quintero, de la ACSC, quien insiste que la mejor alternativa para mejorar el sistema es modificar la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por la cual se regula el derecho fundamental a la salud.
En contraste, el ministro de Salud, ha asegurado que “este proyecto de ley refleja un proceso de consenso amplio. Hemos tomado en cuenta y abordado las observaciones de todas las partes involucradas para lograr una reforma integral y efectiva”. A esto se sumó El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien afirmó que “se escuchó a todos los sectores. A asociaciones de pacientes, gremios, EPS, academia y todas las bancadas. El Congreso es el escenario indicado para la discusión y la decisión democrática de una iniciativa que es bien distinta a la primera que radicó el gobierno y se puede seguir ajustando”.
El documento, que consta de 48 artículos, detalla el énfasis que el Gobierno le quiere dar a la atención primaria en salud. En concreto, este plantea la creación de un nuevo Consejo Nacional de Salud y un sistema único de información. En cuanto a las EPS, podrán seguir operando hasta por dos años y luego deberán comenzar una profunda transformación para ser Gestoras de Vida. También indica cuáles serán las fuentes, usos y gestión del dinero del sistema.
Después de una discusión al interior del Gobierno en torno a si el proyecto debía ser presentado como una ley estatutaria o como una ley ordinaria, prevaleció la segunda opción. El documento no llegó al Congreso con mensaje de urgencia.
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