Elección de gerentes de hospitales públicos obligó a levantar debate de reforma a la salud

Si es aprobada, como se espera, a la reforma le faltan aún dos debates en el Senado para ser ley. En el Senado el proyecto se enfrenta a dos escenarios: primero en la Comisión Séptima y, si supera ese debate, pasará a plenaria. Aquí explicamos cómo están las fuerzas en esa corporación.

Tras la intervención del ministro y de la votación para negar las proposiciones no avaladas, los ponentes pidieron levantar el debate para redactar de nuevo el artículo 42. Sesión está citada para este martes a las 11:00 a.m.

El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, intervino en la discusión sobre el artículo 42, pidiéndole a la Cámara que no le quite a los gobernadores y alcaldes la potestad de elegir a los directores de los hospitales públicos, pero que piense y acuerde una redacción que incluya elementos de meritocracia.

“El responsable de la salud en un departamento o municipio es el gobernador o alcalde. Es evidente que quien responde políticamente si un servicio fundamental como el de la salud no está funcionando es el gobernador o el alcalde. Alguien con buen juicio diría que la mejor manera de elegir un cargo técnico que tiene responsabilidad política es un concurso. Cuando ustedes hablan de concurso hay sendas sentencias de la Corte Constitucional que apuntan a que concurso no es lo que el gobernador o alcalde quiera, sino lo que diga el concurso. ¿Es eso prudente? ¿Ha funcionado bien”, se preguntó Velasco en su intervención.

“Eso no ha funcionado bien”, se respondió. “Yo los quiero invitar a que hagan un examen de los cursos vendidos que han existido en este país. Hay universidades muy buenas, pero hay otras que en el marco de esos concursos han hecho desastres. ¿Es bueno ante la opinión que un alcalde o gobernador escoja al que quiera?, no creo. Creo que quien esté en la dirección de un hospital nivel cuatro, tres, dos o uno, tenga unos mínimos. Si el Congreso no busca fusionar elementos de meritocracia con la posibilidad constitucional de no quitarle la decisión de gobernadores y alcaldes, este artículo va a terminar enfrentando al Congreso con buena parte de la opinión de este país. Si ustedes llegan a meter la palabra concurso, no hay nada que hacer”.

“Ustedes podrían buscar un mecanismo que logre cualificar las personas que sean elegibles, con la capacidad constitucional del gobernador de elegir dentro de esas personas elegibles, para que no sea cualquier persona. Búsquenlo. El día que un gobernador o alcalde no defina quien es el director del hospital de su municipio, ese día el gerente no le vuelve a pasar al teléfono al alcalde. No hay ejercicio de prevención, se daña una cantidad de cosas. Pero el día en el que un gobernador o alcalde quiera elegir al amigo que le financió la campaña para dirigir un hospital, le hace un mal a la comunidad. Este es el típico caso en el que todos ustedes tienen la razón, y deben buscar una buena redacción. No le quiten la función a gobernadores y alcaldes, pero métanle un criterio de merito para que ellos puedan escoger dentro de esos criterios”.

“He pedido a nombre del Gobierno que se mantenga un criterio de merito y que ese criterio no le quite la facultad de gobernadores y alcaldes para poder decidir”, concluyó el ministro del Gobierno.

La reacción a las declaraciones del ministro del Gobierno no se hicieron esperar. “¿Cómo es posible, señor ministro, que (...) usted este ´patraseandose´ y diciendo que ya el artículo como viene en la ponencia, que fue como pidió el presidente Petro votarlo, ya necesita otra formula? ¿Quién dijo que el artículo como está en la ponencia le quita la facultad a los alcaldes y gobernadores de nombrar a los gerentes? Se les esta dejando esa facultad, lo único que se les esta pidiendo es que haya unos mínimos criterios meritocráticos que involucren unas pruebas y listas de elegibles a nivel nacional. No saquen excusas. Si lo que se están inventando es otra nueva jugadita para quitar la meritocracia, díganselo al país”, señaló Juvinao.

El ponente Alfredo Mondragón señaló que el artículo 42, del capítulo II de las Instituciones de Salud del Estado, en donde se detalla cómo se elegirá al director (o directora) de los hospitales públicos, quedará tal cual está en la ponencia. En la ponencia se estipulaba que esta elección se daría dentro de los tres meses siguientes al inicio del período del respectivo alcalde municipal, distrital o gobernador, para un período institucional de cuatro años. Lo clave de este artículo es que había una serie de requisitos que tenía que cumplir ese director, por ejemplo, un puntaje mínimo en una prueba que prepararían y llevarían a cabo las Instituciones de Educación Superior y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El pasado 15 de noviembre, sin embargo, una proposición aceptada por Mondragón eliminó esos requisitos, dejando solo hacia el final que “para la posesión del cargo, el director nombrado deberá realizar previamente un proceso de inducción, el cual será reglamentado por el Ministerio de Salud”. En esa nueva redacción las Instituciones de Educación Superior y el Departamento Administrativo de la Función Pública no tenían ninguna función, algo que fue entendido por algunos congresistas como una eliminación de la meritocracia.

El tema escaló a tal punto que el propio presidente Gustavo Petro se refirió a la nueva redacción: “Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el Gobierno”, escribió el presidente en un tuit en X (antes Twitter).

Tras la decisión comunicada por Mondragon, congresistas como Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde, celebraron la decisión y anunciaron que apoyan la redacción de la ponencia en este caso. Aun así, congresistas del Pacto defendieron que en la proposición inicial no se eliminaba la meritocracia.

La plenaria aprobó tras una discusión de alrededor de una hora los artículos 1, 2, 3 y 8. El 2 fue especialmente debatido. Lo explicamos hace unos minutos. 82 congresistas votaron positivamente esta tanda.

La reforma está cada vez más cerca de salir adelante en la Cámara.

La plenaria discute los artículos 1, 2, 3 y 8 del primer capítulo del proyecto. Todos describen el objeto y campo de la aplicación de la ley. El 1, por ejemplo, señala que el proyecto tiene por objeto transformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aquí se dice que se busca desarrollar “un modelo de salud en el marco de la atención primaria”, articulando a las instituciones prestadoras de servicios de salud, reorganizando los destinos y usos de los recursos financieros y estableciendo un sistema de información.

El artículo 2, que ha despertado debate, estipula que “el aseguramiento social en salud se entiende como la protección pública, única, universal, eficiente y solidaria”. La palabra “pública” ha sido especialmente discutida, pues para algunos congresistas del Partido Liberal, estatiza el sistema de salud.

“Estos artículos, como el segundo y el tercero, eran líneas rojas del Partido Liberal. En ningún momento se habló de dejar ese aseguramiento eminentemente público. Anuncio que votaré negativamente esta reforma”, dijo Piedad Correal Rubiano, congresista de ese partido. “El artículo nos está planteando de manera precisa que el aseguramiento financiero y gestión del riesgo en salud se mantiene, se plantea que es una protección pública, universal y solidaria, y como lo hemos establecido, será operado de manera mixta. No hay ninguna posibilidad de que salían los privados del sistema”, respondió Alfredo Mondragón, ponente del proyecto.

El artículo 2 dice: “El aseguramiento social en salud se entiende como la protección pública, única, universal, eficiente y solidaria para la garantía del derecho fundamental a la salud de toda la población. Para tal efecto, desarrolla los medios, fuentes de financiamiento, la mancomunación de los recursos financieros del sistema de salud, con criterios de equidad, así como un sistema de gestión de riesgos de salud y financieros, en cuya operación confluyen de manera permanente, una gestión pública a través la institucionalidad del Estado y una privada y mixta a través de las Gestoras de salud y vida”.

“Aquí se cambia estructuralmente el modelo de aseguramiento que hemos tenido en Colombia. La mayoría de partidos se pronunciaron en contra de este artículo, no solo cambia la estructura del sistema (que debió tramitarte como ley estatutaria), sino que deja en el limbo a miles de pacientes que ya no saben a dónde tendrán que acudir para pedir una cita. Este es el artículo que vicia la reforma a la salud”, dijo a su vez Carolina Arbeláez Giraldo, congresista de Cambio Radical. Pidió votar aparte este artículo.

“No hay aseguramiento mixto. No hay financiación por parte del sector privado, el aseguramiento tiene financiación tripartita y ha dicho la Corte Constitucional que son recursos 100% públicos e inembargables. Eso en la reforma seguirá siendo igual. No hay cambios en las fuentes de financiación. No existe en Colombia ningún aseguramiento mixto ni ha existido nunca en los últimos 30 años. Lo que hay es una prestación de servicios mixta, que se mantiene en la reforma”, dijo Martha Alfonso Jurado, ponente de la reforma.

“Hoy, con lo que se está proponiendo en este artículo 2, que es estatutario, se está acabando el modelo de aseguramiento. El modelo que tenemos hoy implica un riesgo subrogado a un tercero, que gestiona el riesgo financiero y el de salud. En el nuevo modelo no lo subroga a un tercero y el único que lo gestiona es la Adres. Hoy las EPS tienen un dinero de la UPC y de presupuestos máximos, y lo tienen que administrar, no tienen más. Si se pasan de ahí, van a perdidas contra su propio patrimonio. En el nuevo modelo eso no pasa, si la Adres se queda sin plata, va a ser la Adres contra el Estado mismo. Aquí estamos acabando con el modelo de protección financiera, que era lo que le había permitido a Colombia tener un gasto de bolsillo del 14%, uno de los más bajos de la OCDE. Este artículo modifica el núcleo esencial del derecho a la salud y necesita mayorías calificadas”, señaló, a su vez, Catherine Juvinao, representante del partido Alianza Verde.

“Los ingresos de la bolsa única de dineros que garantizan el aseguramiento siguen siendo las mismas fuentes: las cotizaciones, el presupuesto general de la Nación, el sistema general de participaciones y entes territoriales. Esto no va a cambiar con la reforma”, dijo a su turno Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde.

La mesa directiva liderada por Andrés Calle negó tres nuevas recusaciones y la plenaria negó aplazar el debate, como lo pidió la oposición. Se rechazaron las proposiciones no avaladas de los artículos 1, 2, 3 y 8.

La plenaria negó la proposición de cambiar el orden del día con 79 votos.

Oposición pide darle prioridad al debate de otros proyectos, por encima de la reforma a la salud. La proposición fue presentada por el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, que dice que la ley ordena que se le debe dar prelación a los proyectos que vienen del Senado y están en cuarto debate. “Aquí están propiciando que pasemos por encima de la Ley Quinta”, defendió Forero.

Si es aprobada, como se espera, a la reforma le faltan aún dos debates en el Senado para ser ley. En el Senado el proyecto se enfrenta a dos escenarios: primero en la Comisión Séptima y, si supera ese debate, pasará a plenaria. Aquí explicamos cómo están las fuerzas en esa corporación.

Tras la intervención del ministro y de la votación para negar las proposiciones no avaladas, los ponentes pidieron levantar el debate para redactar de nuevo el artículo 42. Sesión está citada para este martes a las 11:00 a.m.

El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, intervino en la discusión sobre el artículo 42, pidiéndole a la Cámara que no le quite a los gobernadores y alcaldes la potestad de elegir a los directores de los hospitales públicos, pero que piense y acuerde una redacción que incluya elementos de meritocracia.

“El responsable de la salud en un departamento o municipio es el gobernador o alcalde. Es evidente que quien responde políticamente si un servicio fundamental como el de la salud no está funcionando es el gobernador o el alcalde. Alguien con buen juicio diría que la mejor manera de elegir un cargo técnico que tiene responsabilidad política es un concurso. Cuando ustedes hablan de concurso hay sendas sentencias de la Corte Constitucional que apuntan a que concurso no es lo que el gobernador o alcalde quiera, sino lo que diga el concurso. ¿Es eso prudente? ¿Ha funcionado bien”, se preguntó Velasco en su intervención.

“Eso no ha funcionado bien”, se respondió. “Yo los quiero invitar a que hagan un examen de los cursos vendidos que han existido en este país. Hay universidades muy buenas, pero hay otras que en el marco de esos concursos han hecho desastres. ¿Es bueno ante la opinión que un alcalde o gobernador escoja al que quiera?, no creo. Creo que quien esté en la dirección de un hospital nivel cuatro, tres, dos o uno, tenga unos mínimos. Si el Congreso no busca fusionar elementos de meritocracia con la posibilidad constitucional de no quitarle la decisión de gobernadores y alcaldes, este artículo va a terminar enfrentando al Congreso con buena parte de la opinión de este país. Si ustedes llegan a meter la palabra concurso, no hay nada que hacer”.

“Ustedes podrían buscar un mecanismo que logre cualificar las personas que sean elegibles, con la capacidad constitucional del gobernador de elegir dentro de esas personas elegibles, para que no sea cualquier persona. Búsquenlo. El día que un gobernador o alcalde no defina quien es el director del hospital de su municipio, ese día el gerente no le vuelve a pasar al teléfono al alcalde. No hay ejercicio de prevención, se daña una cantidad de cosas. Pero el día en el que un gobernador o alcalde quiera elegir al amigo que le financió la campaña para dirigir un hospital, le hace un mal a la comunidad. Este es el típico caso en el que todos ustedes tienen la razón, y deben buscar una buena redacción. No le quiten la función a gobernadores y alcaldes, pero métanle un criterio de merito para que ellos puedan escoger dentro de esos criterios”.

“He pedido a nombre del Gobierno que se mantenga un criterio de merito y que ese criterio no le quite la facultad de gobernadores y alcaldes para poder decidir”, concluyó el ministro del Gobierno.

La reacción a las declaraciones del ministro del Gobierno no se hicieron esperar. “¿Cómo es posible, señor ministro, que (...) usted este ´patraseandose´ y diciendo que ya el artículo como viene en la ponencia, que fue como pidió el presidente Petro votarlo, ya necesita otra formula? ¿Quién dijo que el artículo como está en la ponencia le quita la facultad a los alcaldes y gobernadores de nombrar a los gerentes? Se les esta dejando esa facultad, lo único que se les esta pidiendo es que haya unos mínimos criterios meritocráticos que involucren unas pruebas y listas de elegibles a nivel nacional. No saquen excusas. Si lo que se están inventando es otra nueva jugadita para quitar la meritocracia, díganselo al país”, señaló Juvinao.

El ponente Alfredo Mondragón señaló que el artículo 42, del capítulo II de las Instituciones de Salud del Estado, en donde se detalla cómo se elegirá al director (o directora) de los hospitales públicos, quedará tal cual está en la ponencia. En la ponencia se estipulaba que esta elección se daría dentro de los tres meses siguientes al inicio del período del respectivo alcalde municipal, distrital o gobernador, para un período institucional de cuatro años. Lo clave de este artículo es que había una serie de requisitos que tenía que cumplir ese director, por ejemplo, un puntaje mínimo en una prueba que prepararían y llevarían a cabo las Instituciones de Educación Superior y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El pasado 15 de noviembre, sin embargo, una proposición aceptada por Mondragón eliminó esos requisitos, dejando solo hacia el final que “para la posesión del cargo, el director nombrado deberá realizar previamente un proceso de inducción, el cual será reglamentado por el Ministerio de Salud”. En esa nueva redacción las Instituciones de Educación Superior y el Departamento Administrativo de la Función Pública no tenían ninguna función, algo que fue entendido por algunos congresistas como una eliminación de la meritocracia.

El tema escaló a tal punto que el propio presidente Gustavo Petro se refirió a la nueva redacción: “Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el Gobierno”, escribió el presidente en un tuit en X (antes Twitter).

Tras la decisión comunicada por Mondragon, congresistas como Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde, celebraron la decisión y anunciaron que apoyan la redacción de la ponencia en este caso. Aun así, congresistas del Pacto defendieron que en la proposición inicial no se eliminaba la meritocracia.

La plenaria aprobó tras una discusión de alrededor de una hora los artículos 1, 2, 3 y 8. El 2 fue especialmente debatido. Lo explicamos hace unos minutos. 82 congresistas votaron positivamente esta tanda.

La reforma está cada vez más cerca de salir adelante en la Cámara.

La plenaria discute los artículos 1, 2, 3 y 8 del primer capítulo del proyecto. Todos describen el objeto y campo de la aplicación de la ley. El 1, por ejemplo, señala que el proyecto tiene por objeto transformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aquí se dice que se busca desarrollar “un modelo de salud en el marco de la atención primaria”, articulando a las instituciones prestadoras de servicios de salud, reorganizando los destinos y usos de los recursos financieros y estableciendo un sistema de información.

El artículo 2, que ha despertado debate, estipula que “el aseguramiento social en salud se entiende como la protección pública, única, universal, eficiente y solidaria”. La palabra “pública” ha sido especialmente discutida, pues para algunos congresistas del Partido Liberal, estatiza el sistema de salud.

“Estos artículos, como el segundo y el tercero, eran líneas rojas del Partido Liberal. En ningún momento se habló de dejar ese aseguramiento eminentemente público. Anuncio que votaré negativamente esta reforma”, dijo Piedad Correal Rubiano, congresista de ese partido. “El artículo nos está planteando de manera precisa que el aseguramiento financiero y gestión del riesgo en salud se mantiene, se plantea que es una protección pública, universal y solidaria, y como lo hemos establecido, será operado de manera mixta. No hay ninguna posibilidad de que salían los privados del sistema”, respondió Alfredo Mondragón, ponente del proyecto.

El artículo 2 dice: “El aseguramiento social en salud se entiende como la protección pública, única, universal, eficiente y solidaria para la garantía del derecho fundamental a la salud de toda la población. Para tal efecto, desarrolla los medios, fuentes de financiamiento, la mancomunación de los recursos financieros del sistema de salud, con criterios de equidad, así como un sistema de gestión de riesgos de salud y financieros, en cuya operación confluyen de manera permanente, una gestión pública a través la institucionalidad del Estado y una privada y mixta a través de las Gestoras de salud y vida”.

“Aquí se cambia estructuralmente el modelo de aseguramiento que hemos tenido en Colombia. La mayoría de partidos se pronunciaron en contra de este artículo, no solo cambia la estructura del sistema (que debió tramitarte como ley estatutaria), sino que deja en el limbo a miles de pacientes que ya no saben a dónde tendrán que acudir para pedir una cita. Este es el artículo que vicia la reforma a la salud”, dijo a su vez Carolina Arbeláez Giraldo, congresista de Cambio Radical. Pidió votar aparte este artículo.

“No hay aseguramiento mixto. No hay financiación por parte del sector privado, el aseguramiento tiene financiación tripartita y ha dicho la Corte Constitucional que son recursos 100% públicos e inembargables. Eso en la reforma seguirá siendo igual. No hay cambios en las fuentes de financiación. No existe en Colombia ningún aseguramiento mixto ni ha existido nunca en los últimos 30 años. Lo que hay es una prestación de servicios mixta, que se mantiene en la reforma”, dijo Martha Alfonso Jurado, ponente de la reforma.

“Hoy, con lo que se está proponiendo en este artículo 2, que es estatutario, se está acabando el modelo de aseguramiento. El modelo que tenemos hoy implica un riesgo subrogado a un tercero, que gestiona el riesgo financiero y el de salud. En el nuevo modelo no lo subroga a un tercero y el único que lo gestiona es la Adres. Hoy las EPS tienen un dinero de la UPC y de presupuestos máximos, y lo tienen que administrar, no tienen más. Si se pasan de ahí, van a perdidas contra su propio patrimonio. En el nuevo modelo eso no pasa, si la Adres se queda sin plata, va a ser la Adres contra el Estado mismo. Aquí estamos acabando con el modelo de protección financiera, que era lo que le había permitido a Colombia tener un gasto de bolsillo del 14%, uno de los más bajos de la OCDE. Este artículo modifica el núcleo esencial del derecho a la salud y necesita mayorías calificadas”, señaló, a su vez, Catherine Juvinao, representante del partido Alianza Verde.

“Los ingresos de la bolsa única de dineros que garantizan el aseguramiento siguen siendo las mismas fuentes: las cotizaciones, el presupuesto general de la Nación, el sistema general de participaciones y entes territoriales. Esto no va a cambiar con la reforma”, dijo a su turno Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde.

La mesa directiva liderada por Andrés Calle negó tres nuevas recusaciones y la plenaria negó aplazar el debate, como lo pidió la oposición. Se rechazaron las proposiciones no avaladas de los artículos 1, 2, 3 y 8.

La plenaria negó la proposición de cambiar el orden del día con 79 votos.

Oposición pide darle prioridad al debate de otros proyectos, por encima de la reforma a la salud. La proposición fue presentada por el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, que dice que la ley ordena que se le debe dar prelación a los proyectos que vienen del Senado y están en cuarto debate. “Aquí están propiciando que pasemos por encima de la Ley Quinta”, defendió Forero.