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Este martes, en medio de la plenaria de la Cámara de Representantes y con la presencia del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo y otros funcionarios, el Gobierno logró que los congresistas de la Cámara aprobaran la ponencia positiva de la reforma a la salud, con 93 votos a favor y 43 en contra. En otras condiciones, el debate pasaría a la discusión de artículo por artículo, pero por petición de un sector político (y con aprobación de la bancada oficialista) se decidió la creación de una comisión accidental en la que los partidos intentarán, una vez más, ponerse de acuerdo en aquello en lo que todavía no hay acuerdos.
El paso de hoy, sin embargo, resulta fundamental para las intenciones del Gobierno.
Después de que se votara en contra del aplazamiento al debate, los congresistas Alfredo Mondragón, Juan Carlos Vargas y Martha Alfonso Jurado, ponentes del proyecto del Gobierno, defendieron el articulado. Describieron indicadores como la razón de mortalidad materna o de desnutrición, la situación financiera de las EPS y el número de quejas y reclamos, entre otras cuestiones, como la justificación para reformar la salud.
Mondragón, por ejemplo, defendió la capacidad de la Adres (el llamado banco de la salud) para auditar aleatoriamente las facturas de salud del sistema, como está actualmente en el proyecto, mientras Jurado aludió a lo que dijo ha sido un proceso “tremendamente discutido” a través de más de 50.000 encuentros en los que han participaron alrededor de 10.000 personas. “Es una reforma que ha recogido en el seno de un debate válido y democrático una enorme cantidad de ajustes que hoy presentamos en este segundo debate. La reforma que entró a este Congreso no es la misma que hoy les estamos presentando”, dijo.
Después de esa defensa y de la petición de votar positivamente a la ponencia, hablaron congresistas de todos los partidos. Muchos coincidieron en la necesidad de una reforma a la salud, aunque también la mayoría señaló que no está de acuerdo con todo el articulado y que siguen existiendo temas pendientes. El representante conservador Armando Antonio Zabaraín, por ejemplo, señaló que en su opinión la obligatoriedad de inscribirse en un Centro de Atención Primaria en Salud vulnera el derecho a la libre elección y pidió incluir en la reforma a los regímenes especiales (como el de los maestros), hoy por fuera.
Más dura fue la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, que comenzó criticando la presencia de funcionarios que no tienen relación con el sector salud. “¿Qué hace en la plenaria de la reforma a la salud el ministro de las TIC? ¿Qué hace en la plenaria la consejera para las regiones?”, se preguntó Juvinao. Después, pasó a criticar que la reforma no tiene un modelo diferenciado para la “Colombia profunda” y señaló que está de acuerdo con el giro directo y con que las EPS no hagan “una intermediación financiera”. “Pero métanle a la Adres gobierno corporativo y dígannos cómo administrativamente va a evolucionar esta entidad”. La congresista defendió, también, que el sistema de salud colombiano no es un mal sistema.
“Sigue el problema de financiación. No es una reforma de costo cero. ¿Cómo se van a financiar los Centros de Atención Primaria? El tiempo de transitoriedad también es insuficiente”, agregó después el representante Alejandro García, también por el partido Verde. Se refirió a los vicios de trámite que ha tenido el proyecto, que se está tramitando como proyecto ordinario y no constitucional. Esta crítica se repitió insistentemente.
Y así, entre intervenciones de menor y mayor detalle alrededor del período de transición, de la viabilidad financiera, de la necesidad de la reforma y de sus vicios o no de trámite, los congresistas siguieron expresando sus opiniones. “Esto no es un sistema perfecto y tiene muchas oportunidades de mejora. Pero lo que señalan los estudios es que este sistema es sin duda el mayor logro social de Colombia en los últimos 30 años. (...) Aquí están improvisando con el sistema de salud. Una vez que eso suceda, muy difícilmente y con mucho tiempo y muertes de por medio, es que vamos a poder desandar ese camino recorrido”, terminó una serie de intervenciones el congresista Andrés Forero, representante del partido Centro Democrático.
¿Qué sigue?
Durante el debate, los congresistas de la oposición le pidieron al presidente de la Cámara, Andrés Calle, votar primero la conformación de la comisión accidental, algo que finalmente no sucedió. Esta comisión, en la que tendrán asiento representantes de los partidos, deberá tener un tiempo límite de trabajo en el que tendrá que construir un informe de la reforma que deberá ser presentado a la plenaria, que lo deberá votar.
Esta comisión fue una propuesta de Julia Miranda aprobada por unanimidad y en la que los partidos pretenden acordar aquellos puntos que aún generan desencuentros. Se sabe, por ejemplo, que hay más de 300 proposiciones a los artículos de la ponencia que hoy fue aprobada. Sin embargo, los congresistas no se ponen de acuerdo respecto al fondo de esta comisión: mientras unos señalan que su función no puede reemplazar a la plenaria y a la de la Comisión Séptima (en donde se construyó el texto) y debe solamente discutir un número concreto de artículos, otro sector político pretende que la discusión sea más amplia.
En otro trámite similar, después de que se aprueba la ponencia positiva, como sucedió hoy, la plenaria debe pasar a debatir artículo por artículo, pero en este caso no hay certeza sobre si se seguirá debatiendo el proyecto, o la plenaria esperará el informe de la comisión, como espera la oposición. Hasta esta hora, y si bien se sabe que allí tendrá asiento todos los partidos, no se conocen los nombres de sus representantes.
Finalmente, y si después de todo este proceso, el articulado de la reforma logra la aprobación final de la plenaria, le restarán aún dos debates: uno en la Comisión Séptima del Senado y otro en esa plenaria.