Reforma a la salud no tiene aún un concepto fiscal del Ministerio de Hacienda

La discusión acerca de cuánto costará poner en funcionamiento el modelo de salud que propone la reforma del Gobierno ha estado siempre en el debate público. Este lunes, en medio de la plenaria de la Cámara de Representantes, la ponente Martha Alfonso Jurado sorprendió declarando que la reforma no tenía un concepto fiscal porque “no se requería”, dado que uno de sus objetivos, según decía, era reorganizar cómo se gastaba la plata que ya tenía el sistema de salud. La declaración se replicó en medios y redes, hasta el punto de que la propia representante tuvo de nuevo que tomar la palabra y decir que la reforma sí tenía un concepto del Ministerio de Hacienda, emitido desde los primeros debates del proyecto, hace unos meses.

Pero eso no es del todo cierto. Cuando se estaba tramitando el primer debate de la reforma a la salud en la comisión séptima de la Cámara, el Ministerio de Hacienda presentó un documento con proyecciones de costos de la reforma que, confirman a El Espectador desde esa cartera, son números provisionales. A la fecha, no existe, entonces, un concepto fiscal del Ministerio de Hacienda sobre la reforma a la salud.

Puede ver: Congresistas piden claridad a Minhacienda sobre los costos de la reforma a la salud

Este documento, que han pedido reiteradamente congresistas de todas las bancadas políticas, es importante porque brinda una evaluación y un análisis técnico sobre el impacto económico y financiero que una reforma puede tener en las finanzas del país, a mediano y largo plazo, según su marco y presupuestos fiscal.

Lo que se conoce hasta ahora sobre eso es una carta fechada del 19 de abril de 2023 y dirigida al entonces presidente de la comisión séptima, Agmeth Escaf Tijerino, en la que el Ministerio de Hacienda reitera que en cualquier momento del trámite del proyecto deberá presentar este concepto fiscal. Mientras eso suceda, dice el Ministerio, se remiten unas estimaciones del costo fiscal de la reforma, con base en proyecciones que se hicieron en febrero de 2023. Estos números estiman que el modelo de salud que propone el proyecto costaría poco más de $9 billones en 2024, e iría aumentando hasta tener un gasto de $12.7 billones en 2033.

Sin embargo, es importante reiterar que esas cifras son aproximaciones y están cambiando, como se ha visto en las últimas semanas. Un ejemplo es que en esa primera proyección de Minhacienda, poner a funcionar el sistema de información que digitalizaría todas las historias clínicas de los colombianos (entre otras medidas importantes), aparece con un presupuesto de $120.000 millones de pesos, pero según se discutió en la última comisión accidental sobre la reforma, la cifra que ya se maneja es de $500.000 millones de pesos.

Los temas que preocupan fiscalmente

Los congresistas no son los únicos que han mostrado cierta preocupación por los costos del proyecto. En mayo de este año se conoció un concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) con información importante. Aunque, según el comité, los costos directos totales de la reforma serán evaluados una vez que el proyecto de ley avance por el Congreso, el informe ya señalaba cinco riesgos identificados.

Entre ellos, decía el informe, el costo de la atención primaria podía superar en forma importante lo inicialmente previsto; mientras el esquema de oferta que se propone generaría pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan. También se alerta sobre una insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones; y falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumiria la Nación en el esquema propuesto, previamente compartido con el sector privado; e indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.

“Se deben valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma, pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto”, decía por entonces el CARF.

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La discusión acerca de cuánto costará poner en funcionamiento el modelo de salud que propone la reforma del Gobierno ha estado siempre en el debate público. Este lunes, en medio de la plenaria de la Cámara de Representantes, la ponente Martha Alfonso Jurado sorprendió declarando que la reforma no tenía un concepto fiscal porque “no se requería”, dado que uno de sus objetivos, según decía, era reorganizar cómo se gastaba la plata que ya tenía el sistema de salud. La declaración se replicó en medios y redes, hasta el punto de que la propia representante tuvo de nuevo que tomar la palabra y decir que la reforma sí tenía un concepto del Ministerio de Hacienda, emitido desde los primeros debates del proyecto, hace unos meses.

Pero eso no es del todo cierto. Cuando se estaba tramitando el primer debate de la reforma a la salud en la comisión séptima de la Cámara, el Ministerio de Hacienda presentó un documento con proyecciones de costos de la reforma que, confirman a El Espectador desde esa cartera, son números provisionales. A la fecha, no existe, entonces, un concepto fiscal del Ministerio de Hacienda sobre la reforma a la salud.

Puede ver: Congresistas piden claridad a Minhacienda sobre los costos de la reforma a la salud

Este documento, que han pedido reiteradamente congresistas de todas las bancadas políticas, es importante porque brinda una evaluación y un análisis técnico sobre el impacto económico y financiero que una reforma puede tener en las finanzas del país, a mediano y largo plazo, según su marco y presupuestos fiscal.

Lo que se conoce hasta ahora sobre eso es una carta fechada del 19 de abril de 2023 y dirigida al entonces presidente de la comisión séptima, Agmeth Escaf Tijerino, en la que el Ministerio de Hacienda reitera que en cualquier momento del trámite del proyecto deberá presentar este concepto fiscal. Mientras eso suceda, dice el Ministerio, se remiten unas estimaciones del costo fiscal de la reforma, con base en proyecciones que se hicieron en febrero de 2023. Estos números estiman que el modelo de salud que propone el proyecto costaría poco más de $9 billones en 2024, e iría aumentando hasta tener un gasto de $12.7 billones en 2033.

Sin embargo, es importante reiterar que esas cifras son aproximaciones y están cambiando, como se ha visto en las últimas semanas. Un ejemplo es que en esa primera proyección de Minhacienda, poner a funcionar el sistema de información que digitalizaría todas las historias clínicas de los colombianos (entre otras medidas importantes), aparece con un presupuesto de $120.000 millones de pesos, pero según se discutió en la última comisión accidental sobre la reforma, la cifra que ya se maneja es de $500.000 millones de pesos.

Los temas que preocupan fiscalmente

Los congresistas no son los únicos que han mostrado cierta preocupación por los costos del proyecto. En mayo de este año se conoció un concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) con información importante. Aunque, según el comité, los costos directos totales de la reforma serán evaluados una vez que el proyecto de ley avance por el Congreso, el informe ya señalaba cinco riesgos identificados.

Entre ellos, decía el informe, el costo de la atención primaria podía superar en forma importante lo inicialmente previsto; mientras el esquema de oferta que se propone generaría pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan. También se alerta sobre una insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones; y falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumiria la Nación en el esquema propuesto, previamente compartido con el sector privado; e indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.

“Se deben valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma, pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto”, decía por entonces el CARF.

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