“Se agudiza la grave situación del personal asistencial de salud”: Claudia Naranjo

Trabajadores de la salud denuncian grave situación e incumplimiento de los empleadores, ARL y gobierno nacional frente a las garantías para enfrentar la pandemia. Esta conclusión se soporta en un minucioso estudio que realizaron 22 asociaciones científicas, agremiaciones de trabajadores de la salud y sindicatos del sector, en un monitoreo crítico a las condiciones de trabajo y bioseguridad que cubrió los últimos cinco meses de pandemia, entre el 29 de marzo y 21 de julio del 2020.

Los resultados de este monitoreo recogidos en una encuesta electrónica que respondieron 1.562 trabajadores de la salud, en todo el país, muestra que es muy baja la protección que prestan a su personal las clínicas, hospitales y la casi nula participación de las administradoras de riesgos laborales -ARL- para que se cumpla con la obligación de garantizar las mejores condiciones de seguridad a quienes están en la primera línea de lucha contra el Covid19.

El estudio destaca que tan solo el 65% de los trabajadores con contrato directo y estabilidad cuenta con el cumplimiento de condiciones de bioseguridad, porcentaje que disminuye a 54% en el caso de los trabajadores por orden de prestación de servicios u otras modalidades de contrato precario. Son 10 los implementos básicos de protección internacionalmente establecidos como indispensables para la bioprotección de los trabajadores de la salud que enfrentan epidemias como la del Coronavirus, y que de acuerdo con los protocolos mundialmente aprobados deben proporcionarse en condiciones de “suficiencia, oportunidad y pertinencia”.

Se trata de guantes, mascarillas quirúrgicas, delantal o peto protector, uniformes quirúrgicos, batas, polainas, gorros, gafas, visor protector, tapabocas N95, mascarillas. Revela el estudio que en ninguno de los casos se garantiza el 100%, siendo las situaciones más críticas la entrega de guantes, delantales y uniformes quirúrgicos con un reporte de tan solo 5.4%, 23 % y 36% respectivamente.

La doctora Nancy Molina Achury, presidenta de la Asociación Nacional de Fisioterapia, quien integra el equipo que coordinó el estudio, señaló “estos resultados ganan relevancia si se considera que 6 de cada 10 trabajadores tiene contrato indirecto y no cuenta con una estabilidad laboral. Todo lo anterior pone en evidencia el sostenido incumplimiento de los empleadores y las ARL en lo que se refiere a protección de los trabajadores del sector, hecho que incluso ha sido evidenciado por la Contraloría general en el boletín 90 del 13 de julio.

El 84.4% de los participantes en este estudio se encuentran afiliados a Positiva, Suratep, Colmena, Colpatria y Bolívar las cuales deben responder por las acciones generadas para superar esta situación. Al respecto, el informe presentado por la Contraloría General de la República, con fecha 15 de julio, indica que la cobertura de entrega de EPP por parte de las ARL, tales como Sura y Positiva es insuficiente, alcanzando tan solo entre el 15 y 20% de sus obligaciones”.

En este mismo sentido, señaló, “se hace evidente que los trabajadores que han presentado Covid 19 positivo aún no cuentan con la cobertura asistencial y prestacional que se deriva del reconocimiento de este como enfermedad directa laboral, cuando ella es el resultado de la atención a este tipo de pacientes, a pesar de los reiterados mensajes del ministro que hacen pensar que se han tomado las medidas pertinentes”.

A los datos anteriores hay que agregar que, según el estudio, se identificaron 264 casos con sintomatología y/o diagnostico confirmado de COVID19 positivo; hay un manejo inadecuado de estos casos como ausencia de reporte a las ARL (42%), continuación de las actividades laborales a pesar de la presencia de síntomas (21%) y cuarentenas sin garantía de salarios (16%). Dentro de las condiciones que incrementan el riesgo de infección por coronavirus se identifica, además, que trabajar en la alta complejidad es una condición que potencia el riesgo en un 40%, el contacto con pacientes con COVID 19 incrementa el riesgo de tener problemas salud mental en un 47%, se ha presentado incremento de la carga de trabajo (31%), de la jornada laboral (21%) y disminución del salario (20%).

Todas estas cifras muestran que se ha configurado una condición de trabajo muy crítica, advertida ya por la Organización Panamericana de la Salud, que en un informe de esta semana indica que en América Latina unos 570 mil trabajadores de la salud se han contagiado y más de 2 mil 500 han perdido la vida por el virus.

“Esta situación antecede la pandemia y se ha agravado con ella”, dice Edilma Suárez, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras -ANEC-Seccional Cundinamarca, y quien integra también el equipo que coordinó la encuesta referida. “Esta precariedad laboral tiene su origen en la Ley 100 de 1993, que durante 27 años ha desmantelado poco a poco los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector salud, con la vinculación laboral a través de Cooperativas de Trabajo, ahora llamados sindicatos y que en realidad no lo son; que no cubren prestaciones sociales, muchas veces se retrasan con los pagos, o retienen parte de los honorarios de los trabajadores”.

Advierte también la doctora Suárez que “aunque la Ley Estatutaria de la salud ordenó establecer mecanismos para dignificar el talento humano en salud, esta ley no se ha reglamentado todavía, y el Proyecto de Ley 331 que cursa en la Cámara de Representantes, está lejos de realizar este mandato legal, pues mientras la normativa internacional reconoce tres tipos de trabajadores del sector salud: asistenciales o misionales, administrativos y de apoyo, el proyecto de Ley solo incluye a los trabajadores misionales.

Y como los eufemismos están de moda, cambia las expresiones “empleadores y trabajadores” por “actores y agentes del sistema” para dejar claro que no busca la estabilidad y vinculación laboral de los trabajadores del sector, y más bien mantiene las figuras de intermediación y tercerización laboral propia de los mercados laborales neoliberales, que obtienen su rentabilidad de la sobrecarga y precarización de los trabajadores”.

Claudia Naranjo, Coordinadora de ALAMES Colombia, Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, indicó que se agudizará la situación del sector con la nueva normalización, Naranjo expresó que “si al 30 de agosto según estadísticas mundiales, Colombia ocupaba el décimo lugar con mayor contagio, el 11 en fatalidad en la pandemia y el puesto 92 en realización de pruebas por millón de habitante, con ocupaciones en hospitalización y uso de UCI no inferiores al 75% en promedio, y un incumplimiento del más del 40% en el índice de bioseguridad, como evidencia el monitoreo crítico realizado a las condiciones de trabajo y bioseguridad del personal de las salud que está en primera línea de atención a esta pandemia, esta situación tendrá una tendencia a la agudización, como ya lo evidencia España con la segunda oleada posapertura que realizó en la temporada de verano reciente”.

Trabajadores de la salud denuncian grave situación e incumplimiento de los empleadores, ARL y gobierno nacional frente a las garantías para enfrentar la pandemia. Esta conclusión se soporta en un minucioso estudio que realizaron 22 asociaciones científicas, agremiaciones de trabajadores de la salud y sindicatos del sector, en un monitoreo crítico a las condiciones de trabajo y bioseguridad que cubrió los últimos cinco meses de pandemia, entre el 29 de marzo y 21 de julio del 2020.

Los resultados de este monitoreo recogidos en una encuesta electrónica que respondieron 1.562 trabajadores de la salud, en todo el país, muestra que es muy baja la protección que prestan a su personal las clínicas, hospitales y la casi nula participación de las administradoras de riesgos laborales -ARL- para que se cumpla con la obligación de garantizar las mejores condiciones de seguridad a quienes están en la primera línea de lucha contra el Covid19.

El estudio destaca que tan solo el 65% de los trabajadores con contrato directo y estabilidad cuenta con el cumplimiento de condiciones de bioseguridad, porcentaje que disminuye a 54% en el caso de los trabajadores por orden de prestación de servicios u otras modalidades de contrato precario. Son 10 los implementos básicos de protección internacionalmente establecidos como indispensables para la bioprotección de los trabajadores de la salud que enfrentan epidemias como la del Coronavirus, y que de acuerdo con los protocolos mundialmente aprobados deben proporcionarse en condiciones de “suficiencia, oportunidad y pertinencia”.

Se trata de guantes, mascarillas quirúrgicas, delantal o peto protector, uniformes quirúrgicos, batas, polainas, gorros, gafas, visor protector, tapabocas N95, mascarillas. Revela el estudio que en ninguno de los casos se garantiza el 100%, siendo las situaciones más críticas la entrega de guantes, delantales y uniformes quirúrgicos con un reporte de tan solo 5.4%, 23 % y 36% respectivamente.

La doctora Nancy Molina Achury, presidenta de la Asociación Nacional de Fisioterapia, quien integra el equipo que coordinó el estudio, señaló “estos resultados ganan relevancia si se considera que 6 de cada 10 trabajadores tiene contrato indirecto y no cuenta con una estabilidad laboral. Todo lo anterior pone en evidencia el sostenido incumplimiento de los empleadores y las ARL en lo que se refiere a protección de los trabajadores del sector, hecho que incluso ha sido evidenciado por la Contraloría general en el boletín 90 del 13 de julio.

El 84.4% de los participantes en este estudio se encuentran afiliados a Positiva, Suratep, Colmena, Colpatria y Bolívar las cuales deben responder por las acciones generadas para superar esta situación. Al respecto, el informe presentado por la Contraloría General de la República, con fecha 15 de julio, indica que la cobertura de entrega de EPP por parte de las ARL, tales como Sura y Positiva es insuficiente, alcanzando tan solo entre el 15 y 20% de sus obligaciones”.

En este mismo sentido, señaló, “se hace evidente que los trabajadores que han presentado Covid 19 positivo aún no cuentan con la cobertura asistencial y prestacional que se deriva del reconocimiento de este como enfermedad directa laboral, cuando ella es el resultado de la atención a este tipo de pacientes, a pesar de los reiterados mensajes del ministro que hacen pensar que se han tomado las medidas pertinentes”.

A los datos anteriores hay que agregar que, según el estudio, se identificaron 264 casos con sintomatología y/o diagnostico confirmado de COVID19 positivo; hay un manejo inadecuado de estos casos como ausencia de reporte a las ARL (42%), continuación de las actividades laborales a pesar de la presencia de síntomas (21%) y cuarentenas sin garantía de salarios (16%). Dentro de las condiciones que incrementan el riesgo de infección por coronavirus se identifica, además, que trabajar en la alta complejidad es una condición que potencia el riesgo en un 40%, el contacto con pacientes con COVID 19 incrementa el riesgo de tener problemas salud mental en un 47%, se ha presentado incremento de la carga de trabajo (31%), de la jornada laboral (21%) y disminución del salario (20%).

Todas estas cifras muestran que se ha configurado una condición de trabajo muy crítica, advertida ya por la Organización Panamericana de la Salud, que en un informe de esta semana indica que en América Latina unos 570 mil trabajadores de la salud se han contagiado y más de 2 mil 500 han perdido la vida por el virus.

“Esta situación antecede la pandemia y se ha agravado con ella”, dice Edilma Suárez, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras -ANEC-Seccional Cundinamarca, y quien integra también el equipo que coordinó la encuesta referida. “Esta precariedad laboral tiene su origen en la Ley 100 de 1993, que durante 27 años ha desmantelado poco a poco los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector salud, con la vinculación laboral a través de Cooperativas de Trabajo, ahora llamados sindicatos y que en realidad no lo son; que no cubren prestaciones sociales, muchas veces se retrasan con los pagos, o retienen parte de los honorarios de los trabajadores”.

Advierte también la doctora Suárez que “aunque la Ley Estatutaria de la salud ordenó establecer mecanismos para dignificar el talento humano en salud, esta ley no se ha reglamentado todavía, y el Proyecto de Ley 331 que cursa en la Cámara de Representantes, está lejos de realizar este mandato legal, pues mientras la normativa internacional reconoce tres tipos de trabajadores del sector salud: asistenciales o misionales, administrativos y de apoyo, el proyecto de Ley solo incluye a los trabajadores misionales.

Y como los eufemismos están de moda, cambia las expresiones “empleadores y trabajadores” por “actores y agentes del sistema” para dejar claro que no busca la estabilidad y vinculación laboral de los trabajadores del sector, y más bien mantiene las figuras de intermediación y tercerización laboral propia de los mercados laborales neoliberales, que obtienen su rentabilidad de la sobrecarga y precarización de los trabajadores”.

Claudia Naranjo, Coordinadora de ALAMES Colombia, Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, indicó que se agudizará la situación del sector con la nueva normalización, Naranjo expresó que “si al 30 de agosto según estadísticas mundiales, Colombia ocupaba el décimo lugar con mayor contagio, el 11 en fatalidad en la pandemia y el puesto 92 en realización de pruebas por millón de habitante, con ocupaciones en hospitalización y uso de UCI no inferiores al 75% en promedio, y un incumplimiento del más del 40% en el índice de bioseguridad, como evidencia el monitoreo crítico realizado a las condiciones de trabajo y bioseguridad del personal de las salud que está en primera línea de atención a esta pandemia, esta situación tendrá una tendencia a la agudización, como ya lo evidencia España con la segunda oleada posapertura que realizó en la temporada de verano reciente”.