Se calienta la reforma a la salud: ya están listos 4 proyectos

A diez días de que el presidente Gustavo Petro inaugure el nuevo período legislativo en el país, la carrera de proyectos para reformar el sistema de salud ya comenzó. Cuatro proyectos liderados por diversos actores están casi listos para competir por los votos en el Congreso. Todos ellos plantean una transformación del sector, aunque en diferentes vías.

A diez días de que el presidente Gustavo Petro inaugure el nuevo período legislativo en el país, la carrera de proyectos para reformar el sistema de salud ya comenzó. Cuatro proyectos liderados por diversos actores están casi listos para competir por los votos en el Congreso. Todos ellos plantean una transformación del sector, aunque en diferentes vías.

“Todos estamos de acuerdo en que el sistema, como existe hoy, necesita cambios”, señala Clemencia Mayorga, médica pediatra, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, e integrante del grupo de Acuerdos Fundamentales. Así se hace llamar una amalgama de 21 organizaciones médicas y científicas, entre las que se encuentran la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. (Puede ver: Drogas La Rebaja ya negocia su entrada al sistema de salud)

Este grupo ha venido publicando conceptos y opiniones sobre el trámite de las diversas iniciativas que cursaron la legislatura pasada para reformar el sistema. “Sentimos que no hubo condiciones para sacar adelante una buena reforma a la salud. Decidimos sentarnos y hacer un articulado a partir de los puntos que nosotros consideramos son fundamentales para la implementación de la ley estatutaria de salud de 2015″, dice Mayorga. De ese ejercicio, entonces, surgió un borrador de proyecto de ley de 60 páginas y 48 artículos.

No es la única propuesta de la que ya se conoce un articulado. El Gobierno Nacional última los detalles de su versión de reforma, que contiene también 48 artículos y ocho capítulos, y que se redactó a partir del proyecto que acordó el Minsalud con un grupo de EPS en abril pasado. “Reformar la Ley 100 es indispensable, si no, perseveramos en un error ciego que nos lleva a la barbarie”, insistió el presidente Gustavo Petro ayer en el XV Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas que se realiza esta semana en Corferias, en Bogotá. (Puede ver: El talco es “probablemente cancerígeno”)

El movimiento Pacientes (que reúne a más de 180 organizaciones a nivel nacional) también presentará su propuesta de reforma. “Estamos construyendo una nueva propuesta con muchos actores del sistema. Acordamos con el Gobierno Nacional generar unas mesas técnicas para mirar el proyecto del Gobierno y el proyecto de la sociedad civil. Antes del 20 de julio nos vamos a reunir para mirar las líneas de acuerdo y disenso, y si ese disenso es insuperable. El viceministro Jaime Urrego parece estar en una postura de apertura y tenemos que creer en eso”, adelantó Denis Silva, vocero de ese movimiento.

Finalmente, el denominado Pacto por la salud, conformado por varios exministros de salud, también presentó un proyecto de reforma que entregó a la opinión pública y a los senadores de la Comisión Séptima que hundieron la reforma a la salud del Gobierno.

Pero el escenario es muy diferente al de hace dos años, cuando la entonces ministra Carolina Corcho presentó la primera reforma a la salud. “Hay una reagrupación de las fuerzas y una claridad que hace dos años no había”, opina Giovanni Jiménez Barbosa, investigador de salud pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. “En este momento, tenemos claro que hay tres proyectos que versan sobre unos temas básicos acordados que van en todas las reformas: atención primaria, transformación de las EPS en Gestoras de Vida y financiamiento del sistema. La discusión es en cómo implementar esos ejes”.

El contexto de la discusión que se avecina para este semestre tampoco coincide con el que el país vivía hace dos años. “El sistema enfrenta hoy unas dificultades financieras más profundas y urgentes”, dice Luis Eduardo Pino, médico internista y consultor, quien ha seguido de cerca la discusión de las reformas.

De hecho, según un reporte conocido de la firma Sectorial.co hace un par de días, el sistema de salud podría enfrentar hacia finales de este año un déficit total de $9,5 billones . Durante este segundo semestre, y mientras el Congreso debate los proyectos, el Ministerio de Salud deberá calcular el aumento de la UPC para 2025, y la Supersalud tendrá que comenzar a tomar las primeras decisiones sobre las peticiones de salidas voluntarias de EPS Sura y Compensar EPS.

De esta manera, resume Pino, no parece ser el mismo contexto. “Hay que ver, eso sí, cuál va a ser la dinámica de la discusión en el Congreso, con nuevo Ministro del Interior”.

¿Qué dicen los proyectos?

Los dos borradores de articulados conocidos (el de las sociedades científicas y el del Gobierno) coinciden en varias cosas. Entre ellas, que las EPS dejan de existir como las conocemos hoy, y se transforman en algo que, para el Gobierno, se llama “Gestoras de Vida y Salud”, y para las sociedades científicas y médicas, “Entidades Gestoras de Salud”. Las funciones que les asignan, sin embargo, son diferentes.

En el proyecto del Ministerio de Salud, las Gestoras de Vida desarrollan actividades y funciones de gestión del riesgo en salud, en coordinación y apoyo con otras entidades. Por ejemplo, identifican, segmentan y analizan los riesgos de su población, en coordinación con los Centros de Atención Primaria en Salud. O participan en la organización y conformación de las redes de servicio (la serie de hospitales y clínicas a las que podrá ir la gente) “en coordinación con las direcciones Departamentales y Distritales de Salud”, dice el proyecto. (Puede ver: Los mecanismos cerebrales detrás de la migraña: ¿qué la provoca?)

Eso ha generado varias críticas en algunos académicos y entre varios actores del sistema. “No hay un titular sobre la responsabilidad de la atención del paciente, porque en la redacción se entrega la responsabilidad a varios actores. Cuando hay varios titulares de una función, nadie es titular”, dice el profesor Jiménez.

“En nuestro proyecto, las EPS van a operar el sistema, van a hacer la contratación con los prestadores y van a organizar operativamente el sistema. Ese enlace es indispensable para el movimiento del sistema de salud. Hay aproximadamente 2 millones de atenciones en salud diarias en Colombia. Eso requiere un andamiaje administrativo monumental, que hoy el Estado no está en capacidad de hacer. Las EPS tienen experiencia en el tema y seguirán al frente de eso”, asegura Mayorga. Eso implica, en una diferencia clave con el Gobierno, que para las sociedades científicas las hoy EPS seguirían organizando toda la red de atención.

En el proyecto del Gobierno, la organización de esa red estará liderada por las direcciones territoriales de salud. Dicha red tendría un componente primario y uno complementario. En el primario, funcionarían los Centros de Atención Primaria en Salud, financiados por oferta por el Estado, y en la red complementaria estarían los hospitales de mediana y alta complejidad. “Eso sigue siendo preocupante porque fragmenta el sistema”, señala Jiménez. Con eso se refiere al riesgo de que se pueda generar una descoordinación en la atención de los pacientes entre el CAPS y la Gestora, que repercutiría en una mala eficiencia

“El Gobierno es tan consciente de ese riesgo, que dice que reglamentará la forma en que se articularán los CAPS con las Gestoras. Es decir, no soluciona el problema en la reforma, pero lo aplaza, diciendo que en seis meses determinará cómo se hará”, agrega el investigador. “Para nosotros, los Centros de Atención Primaria siguen siendo la puerta de entrada, pero toda la red es organizada por esa Gestora con todos los niveles de complejidad, y transversalmente unas redes nacionales para ciertas patologías”, precisa Mayorga, en relación con el proyecto de reforma que defienden las sociedades científicas.

En el tema financiero, ambos proyectos coinciden en retirar todas las funciones de gestión de riesgo financiero a las EPS, y trasladarlas al Estado. La Adres, el llamado banco de la salud, es clave en ambas propuestas. “Habría giro directo desde el Gobierno a los prestadores de salud”, dice Mayorga, respecto a la propuesta de las sociedades científicas. (Puede ver: La comida chatarra les “hace conejo” a los sellos)

Sin embargo, ese giro directo no se haría a cada IPS en el país: “No estamos hablando de 16.000 clínicas y hospitales y 70.000 proveedores. Hablamos de un número de redes nacionales. Las IPS establecerán acuerdos para conformar un gobierno para cada red. La Adres le gira a la red, y la red, que tiene una junta conformada por las propias IPS, tiene que distribuir y pagar a las IPS”. Para Mayorga, de esta manera ya no se habla de una “megaoperación” de pago, sino que la Adres gira a cierto número de grandes redes.

En el proyecto del Gobierno, no hay muchas diferencias respecto a lo que se conocía de anteriores articulados. La Adres realizará los pagos, asumirá como pagador único del sistema de Salud, efectuará giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, de naturaleza pública, privada y mixta, además de los CAPS y el resto de actores del sistema, como las Gestoras de Salud y Vida.

Algo clave es todo lo que se define alrededor de la UPC, la plata que hoy gira el Estado a las EPS para garantizar el plan de beneficios en salud. Ese monto ha sido objeto de un largo debate: mientras para las EPS no alcanza, para el gobierno sí. “Lo que ha pasado es que el Ministerio de Salud calcula el aumento de la UPC cada año con una metodología que, dice, le indica que el incremento es suficiente. Nosotros creemos que esa metodología y proceso tiene que ser independiente”, dice Mayorga. El proyecto de las sociedades científicas crea el Consejo Nacional de Salud y le da varias funciones clave.

Esa entidad también existe en el proyecto del Ministerio de Salud. Pero en la visión de las sociedades científicas hay una gran diferencia: las decisiones de ese consejo son vinculantes y no son meras recomendaciones. “Ese Consejo tendría que determinar el aumento de la UPC a partir de un estudio técnico e independiente”, dice Mayorga. Por el lado del Gobierno, la UPC seguirá siendo determinada por el Minsalud “tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud y del Consejo Nacional de Salud”.

Estas propuestas marcarán la discusión de la siguiente legislatura en el Congreso de la República y determinarán el futuro del sistema de salud y su transformación, de la que ya nadie parece dudar que se necesita con urgencia. (Puede ver: ¿A prepararse para una avalancha de seguros privados?)

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