Sin reactivos y con pocos recursos, la lucha en los laboratorios contra el COVID-19
El abandono histórico del Estado, la falta de inversión en ciencia en los departamentos y un mercado escaso y feroz de reactivos de extracción, son algunos de los obstáculos que afrontan los 37 laboratorios públicos y privados que hoy rastrean el coronavirus en Colombia. Radiografía.
Thomas Blanco (@thomblalin) y Santiago Martínez Hernández(@santsmartinez)
Mientras el país se prepara para un nuevo capítulo en la emergencia sanitaria con el “aislamiento inteligente” del gobierno de Iván Duque, uno de los grandes debates del COVID-19 han sido las pruebas diagnósticas y la capacidad de procesarlas en el país. Al hacer una radiografía de cómo están operando hoy 37 laboratorios (de un total de 73 registrados) en 11 departamentos y Bogotá, El Espectador logró hablar con 15 de estos, y en sus respuestas encontró varios retos que deben afrontar. La ausencia de reactivos en el mercado mundial para procesar las pruebas pone en suspenso el futuro del país dentro de un mes. Y la conclusión es clara: el sector privado, las universidades y hospitales (entre públicos y privados) tuvieron que llenar el vacío ante la falta de capacidad de los laboratorios de salud pública para analizar las muestras.
De los 37 laboratorios que hoy están operando en la carrera para diagnosticar y analizar pruebas PCR (extracción molecular), seis son de la red de salud pública, 16 son de universidades (entre públicas y privadas), y el resto son hospitales públicos y privados. En su gran mayoría funcionan con recursos propios. Sin embargo, no es un dinero boyante. Las inversiones provenientes de las autoridades regionales son limitadas y universidades y laboratorios privados han tenido que pedir donaciones para cumplir con esa tarea. Desde el Gobierno nacional enviaron un mensaje claro: el Instituto Nacional de Salud (INS) no es el encargado de las pruebas y el diagnóstico nacional, pues la responsabilidad recae en los hombros de las secretarías de salud departamentales y municipales.
En el reciente debate de control que hizo el Senado al Ministerio de Salud frente a las medidas tomadas por la pandemia, el ministro Fernando Ruiz fue tajante: “Es preocupante la situación de los laboratorios de salud pública en el país. No son del Gobierno nacional, sino de los gobernadores y entes territoriales que, por ley, deben adecuarlos. Desde hace cuatro años, cuando se dio el brote del zika, se evidenció una situación de abandono absoluto. Ante la coyuntura actual, el INS tuvo que asumir las funciones de las entidades territoriales. Eso ha generado afectaciones para la mayor parte de la atención a la población, porque tocó armar un sistema de contingencia de transporte de pruebas en todos los rincones del país para el procesamiento”. (Lea también: La colombiana que busca la vacuna contra el coronavirus)
Ante la incapacidad de respuesta de los departamentos por la falta de recursos humanos calificados, retraso tecnológico y dotación, el Gobierno nacional ayudó con la adecuación de laboratorios y la entrega de algunos reactivos. La incursión de estos 37 laboratorios les ha dado autosuficiencia a algunas regiones, sin embargo, más de 20 departamentos aún dependen del INS. “El INS se va a enfocar en los departamentos que no tengan la capacidad, pero no tiene el propósito de centralizar esta función. Colombia tiene un sistema sanitario descentralizado. Según la ley, las entidades territoriales son responsables tanto de la financiación como de la prestación de servicios de laboratorio, además de la vigilancia y control sanitario en sus territorios”, manifestó el INS.
Recursos, una batalla constante
¿Con qué recursos trabajan los laboratorios? En su gran mayoría, con los propios: es una donación a la salud pública del país. “Sí contamos con los recursos, pero no son ilimitados. Por eso hemos lanzado la campaña de donaciones Juntos, Somos Más, para lograr más recursos que nos permitan ser sostenibles”, argumentó la Fundación Santa Fe, que tiene capacidad para procesar 100 muestras al día. “Lo único que nos ha llegado del Gobierno han sido mocos”, fueron las elocuentes palabras con humor de Jaime Castellanos, director de virología de la Universidad del Bosque, un laboratorio que se encarga de procesar alrededor 300 pruebas diarias de coronavirus.
(Primera fase: Laboratorio de Desembalaje e Inactivacion, en donde los profesionales de la Universidad El Bosque hacen el proceso más riesgoso de todos: abrir los tubos con las muestras de secreción respiratorias. / Jaime Castellanos.
El mismo número que realiza la Universidad del Rosario y que tiene un panorama calcado: tuvo que recurrir a una campaña de donación para obtener fondos. Las empresas privadas fueron un actor protagónico en la consecución de recursos. Tanto que la universidad compró un robot de extracción de ARN, que oscila entre los $3.000 y $4.000 millones de pesos, que llegará a principios de mayo y evitará la extracción manual, que requiere de más tiempo y mano de obra.
“Esta labor es por iniciativa de las instituciones, ya que las universidades tienen capacidad para hacer el diagnóstico molecular, pero las instituciones del INS y secretarías departamentales no son suficientes. El robot de extracción en 40 minutos procesa 96 muestras, a diferencia del método manual, que nos permite hacer 24 muestras en casi tres horas. Triplica el tiempo de oportunidad y eso nos permitirá hacer entre 1.000 y 1.200 pruebas diarias”, apuntó Juan David Ramírez, director del laboratorio de microbiología de la Universidad del Rosario, entidad que se ha enfocado en apoyar regiones con menos capacidad para rastrear el COVID-19 como Chocó, Meta y Norte de Santander. Este diario no pudo determinar cuántos de esos robots hay en el país, pero se sabe que son muy escasos en los laboratorios.
La Universidad de Los Andes lanzó una campaña llamada La Prueba es de Todos con el objetivo de aumentar el número de pruebas que procesan día a día. "Ha sido un trabajo duro, decidimos poner nosotros la inversión para no demorar la ayuda y luego si tratar de recuperar parte de la inversión. Las universidades son las que lideran la investigación en el país, el 90% está en siete u ocho universidades. Por esto, no pueden quedarse atrás en este esfuerzo que implica poner la infraestructura al servicio del país. Así que decidimos no solo involucrarnos en la detección del virus sino en generar información para la sociedad, para las empresas, para quienes toman las decisiones y trabajar en la tecnología que se necesita como los respiradores", afirmó Silvia Restrepo, vicerrectora de Investigación y Creación de la Universidad de Los Andes.
Las EPS también han cumplido un rol protagónico en este proceso, pues tienen la obligación de firmar contratos con laboratorios que puedan procesar pruebas de COVID-19. En Bogotá, la Secretaria de Salud Distrital firmó un contrato tripartita con seis EPS del régimen contributivo (Sura, Sanitas, Nueva EPS, Salud Total, Famisanar y Compensar), una del subsidiado (Capital Salud) y los proveedores ambulatorios, que quedaron como los encargados de ir a los hogares en nombre de las EPS a tomar las muestras.
Compensar puso dos laboratorios a disposición. El de la Calle 26 es un brazo que le da un apoyo al INS para procesar las pruebas retrasadas. Ayudó con 520 en sus primeros diez días de funcionamiento. El de la Calle 63, que cuenta con mayor capacidad y espera realizar hasta 1.200 pruebas diarias, está enfocado en sus usuarios. Ahí los resultados son mucho más veloces: se pueden tener en un lapso de 12 horas. Un laboratorio que tiene el valor agregado de contar con cabinas de flujo laminar que hacen los trabajos de extracción y amplificación en la misma máquina, y no en dos diferentes, como se hace regularmente. El personal de trabajo de Compensar no duerme: realiza cuatro turnos de seis horas al día para procesar pruebas. “Se espera que en las próximas semanas ambos laboratorios analicen entre 1.500 y 1.700 muestras diarias”, destaca Andrés Barragán, director de la unidad de salud de Compensar.
Reactivos, ¿incertidumbre dentro de un mes?
Este 21 de abril Colombia comenzó una nueva etapa para la búsqueda activa de casos de COVID-19: un testeo masivo con pruebas rápidas (se hacen con muestras de sangre para saber si hay anticuerpos) y de PCR (moleculares) a 100.000 personas de ocho grupos poblacionales. Sin embargo, directores de los distintos laboratorios consultados explicaron que la prueba rápida no es diagnóstica sino complementaria, pues no permite identificar si la persona está infectada. Por esa razón, todos concluyen que la prueba de oro es la extracción molecular, que debe realizarse si una prueba rápida da positivo. Pero el futuro cercano no es claro para Colombia, pues gran parte de los laboratorios se están quedando sin reactivos para la extracción del ARN del nuevo coronavirus. (Puede leer: Hay 78 candidatas para la vacuna contra el COVID-19)
La directora del INS, Martha Ospina, recalcó que los reactivos para el procedimiento PCR abundan en el mercado (esos son los 9 millones de reactivos que dijo el Invima llegarían a Colombia), pero estos solo sirven para el último proceso que es la amplificación (PCR). Los que no se encuentran en el mercado son los que permiten la extracción, el primer paso del diagnóstico. “De nada sirve tener en bodega kits de PCR sin reactivos de extracción”, agregó Ospina. Por lo pronto, el Gobierno está a la espera de la llegada de 500.000 reactivos de extracción, que se distribuirán a la red de laboratorios de salud pública departamentales y que a su vez deberán repartirlos entre los laboratorios adjuntos y externos que están ayudando en el diagnóstico.
La Fundación Santa Fe precisó que hay limitación de los insumos y kits de extracción a nivel nacional e internacional. “Estamos proyectados para sostener la operación y procesamiento de pruebas durante la pandemia. El proceso para conseguir reactivos ha sido un trabajo en equipo entre algunas casas comerciales que se han comprometido y la institución”. Algo similar le ocurre al laboratorio Echavarría en Medellín, que pensando en la pandemia realizó una compra de reactivos anticipada y por esa razón fue uno de los primeros en apoyar al departamento de Antioquia. “En el momento tenemos un stock de reactivos para operar por tres meses sin interrupción para procesar 400 muestras diarias”, agregó Lina María Gómez, directora científica del Laboratorio Echavarría.
Por su parte, Compensar cuenta con reactivos “para un mes largo”, dice Barragán, director de la unidad de salud. En el laboratorio de la Calle 26 usan los reactivos coreanos que les manda el INS. Y en el de la Calle 63 utilizan reactivos de los laboratorios Roche. “Tenemos para 10.000 pruebas y ya estamos pidiendo para otras 10.000”. El kit de tomas de muestras también está agotado, un fenómeno que Compensar ha tratado de sortear fabricando los isopos y el tubo con gel. Tenemos la capacidad para hacer 3.000 diarios”, añade Barragán.
Integrantes del personal de salud de Compensar analizando las pruebas de COVID-19 en la cabina de flujo laminar. / Cortesía.
El laboratorio de Colsanitas, que tiene una capacidad para realizar 700 muestras al día, también dio un parte de preocupación ante la falta de oferta global. “Dependemos como cualquier otro laboratorio del suministro y disponibilidad de insumos y reactivos. La situación mundial es compleja en ese aspecto y hemos activado varios protocolos de consecución de suministros, como la producción interna de algunos insumos menores diferentes a los del procesamiento, lo cual nos ha permitido manejar inconvenientes de disponibilidad que tendremos por varios meses en el futuro”, señaló Catherine Alvarado, gerente del laboratorio clínico de Colsanitas.
El mundo de los reactivos en las universidades es incluso más limitado. Hace un par de semanas la Universidad del Rosario le prestó suministros a universidades que se han quedado sin reactivos. En el Rosario, con anterioridad, compraron una buena cantidad para 6.000 pruebas, de las cuales queda para un poco menos de 4.000. Para el robot de extracción de ARN tienen reactivos para 80.000 muestras, porque los reactivos de los robots son diferentes a los de la extracción manual. Uno tiene columnas de verificación, el otro utiliza perlas magnéticas para este proceso.
Una de las bondades del robot de marca Hamilton, que compró la Universidad del Rosario, es que es de química abierta y recibe reactivos de cualquier otra marca. Mientras que el del INS es de química cerrada y solo recibe reactivos de su marca: Roche. Esta es una de las razones por las cuales el robot del INS tuvo problemas para procesar muestras ante la falta de oferta global. Una situación que ha generado un debate en el mundo contra Roche, al punto que han pedido a la farmacéutica que levanten los derechos de propiedad intelectual para permitir la fabricación masiva de reactivos.
A la Universidad de Los Andes le tocó suspender operaciones por tres días por este flagelo. "Solo tuvimos un problema: los reactivos para la extracción de ácidos nucleicos del virus. Tuvimos que parar, pero ya retomamos y seguimos procesando muestras enviadas desde la secretaría de Salud, de 200 a 300 muestras diarias.Tenemos ya asegurados los reactivos para 100 000 muestras para un estudio que haremos de la mano de la secretaría de Salud de Bogotá, con quienes intercambiamos información y buenas prácticas. Eso nos muestra el camino que debe tener la ciencia: la colaboración", destacó Silvia Restrepo, vicerrectora de Investigación y Creación de la Universidad de Los Andes.
Por su parte, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla indicó que tienen reactivos para realizar cerca de 1.000 pruebas —estiman una capacidad para procesar 150 muestras en 48 horas— y que están en coordinación con la Secretaría de Salud de Barranquilla para conseguir más. “No queremos acumular muestras sin poder dar resultados, porque lo difícil siempre ha sido traer reactivos a Colombia”, dijo el virólogo Antonio Acosta, quien coordina el laboratorio de la universidad.
A su vez, la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), que procesa 180 pruebas al día, manifestó que tiene reactivos para laborar durante dos semanas. “Se tienen pedidos, pero el desabastecimiento de los mismos y los tiempos de entrega a más de 30 días han dificultado la obtención. Además, se ha duplicado y hasta triplicado el precio de materiales y reactivos”, indicó Juan Carlos Sepúlveda, director del Laboratorio de Biología Molecular de la UTP. La Universidad de Caldas, la otra que colabora en la región, indicó que están buscando apoyo institucional y de los diferentes gremios de producción para conseguir los reactivos y otros elementos para cumplir con la meta de 80 pruebas diagnosticadas al día.
Los encargados del proceso de extracción de la U. del Bosque, en el proceso de purificar el ARN en muestras de COVID-19, ya cuando el virus no es infeccioso. /Jaime Castellanos
El laboratorio de la Universidad del Bosque, una de las primeras instituciones que se prepararon para afrontar la pandemia en el país, tiene reactivos alemanes para una semana más. “Temo que nos toque volver al método de hace 30 años: el fenol cloroformo. Un método de extracción bueno para sacar el material genético del virus, pero que nadie quiere usar porque está basado en solventes orgánicos y líquidos muy tóxicos, con muchos riesgos ocupacionales. Es más demorado, en tres horas puedes hacer hasta 40 muestras, mientras con la extracción con reactivos alemanes y coreanos se procesa esa misma cantidad por hora. Es complicado porque no hay quien venda los reactivos. Corea no tiene, China no tiene, Alemania no tiene. Y Estados Unidos no quiere vender. En unas semanas probablemente nos tocará recurrir al fenol cloroformo”, admite Jaime Castellanos.
La Universidad del Valle precisó que su laboratorio tiene garantizada su producción de 80 pruebas al día para las siguientes dos semanas. “Se está a la espera de un pedido que será entregado en la siguiente semana y le dará autonomía por dos meses al menos. En este momento el mercado mundial está saturado y los pedidos están tardando hasta 8 semanas”, recalcó el profesor Adalberto Sánchez de la Facultad de Salud. Caso crítico el de la Universidad de Córdoba, que hasta el fin de semana pasado tenía insumos para operar hasta cinco días. Ante esta situación la Procuraduría le pidió al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que liderara una iniciativa en la que convocara a la industria farmacéutica a “un proceso de cooperación interinstitucional que posibilite el suministro temporal de los reactivos necesarios para la atención de la pandemia”.
Los problemas en la toma de las muestras también han perjudicado la labor de algunos laboratorios en la región y el análisis de las pruebas que llegan por fuera de Bogotá al INS. “El 4.8% de las pruebas no cumplen por protocolo. Todo laboratorio del mundo y más si es acreditado tiene sus protocolos de control de calidad”, señaló el INS. Evitar resultados con falsos positivos o falsos negativos depende de que la prueba sea transportada en triple empaque, en neveras con temperaturas bajo cero y almacenada en refrigeradores de -70°. “Si está bien tomada y bien llevada el margen de error es el 5%. El problema serían los copitos no adecuados, uso de líquidos que no son y demasiado tiempo sin ser recogidas”, agregó el doctor Jaime Castellanos.
La gran pregunta que queda en el ambiente se desprende de una frase del ministro de Salud: Colombia tiene la meta de realizar 15.000 pruebas diarias. Una estimación, para algunos, exagerada o más bien imposible, porque eso dependería de que todos los laboratorios, o al menos 60, trabajen al 100 %, durante 24 horas al día y con los reactivos y equipos necesarios. Fuentes consultadas precisaron que muchos de los laboratorios registraron una capacidad diagnóstica que hoy no están en condiciones de cumplir, por lo que la realidad sería que se realicen alrededor de 5.000 pruebas de extracción molecular al día, sin contar las pruebas rápidas.
La capacidad de procesamiento y análisis de pruebas moleculares de COVID-19 aún tiene muchos obstáculos que superar. La necesidad de que cada departamento se comprometa a invertir en sus laboratorios de salud pública para acondicionarlos con recursos tecnológicos es un imperativo para que el INS se concentre en departamentos como La Guajira, Guainía y Amazonas. Los expertos calculan que para tener un plano general de cómo va el avance de la pandemia en el país, se deben realizar, al menos, 3.000 pruebas por cada millón de habitantes. En Colombia, hasta el momento, se han hecho algo más de 62.000 pruebas, es decir 1.233 pruebas por cada millón de habitantes.
*Nota: La primera versión de este artículo señalaba que la Universidad del Rosario, tal cual le indicó a este diario, le había prestado reactivos a la Universidad de Los Andes, algo que desmintió Los Andes, que si bien sí le pidió suministros, nunca los recibió.
Mientras el país se prepara para un nuevo capítulo en la emergencia sanitaria con el “aislamiento inteligente” del gobierno de Iván Duque, uno de los grandes debates del COVID-19 han sido las pruebas diagnósticas y la capacidad de procesarlas en el país. Al hacer una radiografía de cómo están operando hoy 37 laboratorios (de un total de 73 registrados) en 11 departamentos y Bogotá, El Espectador logró hablar con 15 de estos, y en sus respuestas encontró varios retos que deben afrontar. La ausencia de reactivos en el mercado mundial para procesar las pruebas pone en suspenso el futuro del país dentro de un mes. Y la conclusión es clara: el sector privado, las universidades y hospitales (entre públicos y privados) tuvieron que llenar el vacío ante la falta de capacidad de los laboratorios de salud pública para analizar las muestras.
De los 37 laboratorios que hoy están operando en la carrera para diagnosticar y analizar pruebas PCR (extracción molecular), seis son de la red de salud pública, 16 son de universidades (entre públicas y privadas), y el resto son hospitales públicos y privados. En su gran mayoría funcionan con recursos propios. Sin embargo, no es un dinero boyante. Las inversiones provenientes de las autoridades regionales son limitadas y universidades y laboratorios privados han tenido que pedir donaciones para cumplir con esa tarea. Desde el Gobierno nacional enviaron un mensaje claro: el Instituto Nacional de Salud (INS) no es el encargado de las pruebas y el diagnóstico nacional, pues la responsabilidad recae en los hombros de las secretarías de salud departamentales y municipales.
En el reciente debate de control que hizo el Senado al Ministerio de Salud frente a las medidas tomadas por la pandemia, el ministro Fernando Ruiz fue tajante: “Es preocupante la situación de los laboratorios de salud pública en el país. No son del Gobierno nacional, sino de los gobernadores y entes territoriales que, por ley, deben adecuarlos. Desde hace cuatro años, cuando se dio el brote del zika, se evidenció una situación de abandono absoluto. Ante la coyuntura actual, el INS tuvo que asumir las funciones de las entidades territoriales. Eso ha generado afectaciones para la mayor parte de la atención a la población, porque tocó armar un sistema de contingencia de transporte de pruebas en todos los rincones del país para el procesamiento”. (Lea también: La colombiana que busca la vacuna contra el coronavirus)
Ante la incapacidad de respuesta de los departamentos por la falta de recursos humanos calificados, retraso tecnológico y dotación, el Gobierno nacional ayudó con la adecuación de laboratorios y la entrega de algunos reactivos. La incursión de estos 37 laboratorios les ha dado autosuficiencia a algunas regiones, sin embargo, más de 20 departamentos aún dependen del INS. “El INS se va a enfocar en los departamentos que no tengan la capacidad, pero no tiene el propósito de centralizar esta función. Colombia tiene un sistema sanitario descentralizado. Según la ley, las entidades territoriales son responsables tanto de la financiación como de la prestación de servicios de laboratorio, además de la vigilancia y control sanitario en sus territorios”, manifestó el INS.
Recursos, una batalla constante
¿Con qué recursos trabajan los laboratorios? En su gran mayoría, con los propios: es una donación a la salud pública del país. “Sí contamos con los recursos, pero no son ilimitados. Por eso hemos lanzado la campaña de donaciones Juntos, Somos Más, para lograr más recursos que nos permitan ser sostenibles”, argumentó la Fundación Santa Fe, que tiene capacidad para procesar 100 muestras al día. “Lo único que nos ha llegado del Gobierno han sido mocos”, fueron las elocuentes palabras con humor de Jaime Castellanos, director de virología de la Universidad del Bosque, un laboratorio que se encarga de procesar alrededor 300 pruebas diarias de coronavirus.
(Primera fase: Laboratorio de Desembalaje e Inactivacion, en donde los profesionales de la Universidad El Bosque hacen el proceso más riesgoso de todos: abrir los tubos con las muestras de secreción respiratorias. / Jaime Castellanos.
El mismo número que realiza la Universidad del Rosario y que tiene un panorama calcado: tuvo que recurrir a una campaña de donación para obtener fondos. Las empresas privadas fueron un actor protagónico en la consecución de recursos. Tanto que la universidad compró un robot de extracción de ARN, que oscila entre los $3.000 y $4.000 millones de pesos, que llegará a principios de mayo y evitará la extracción manual, que requiere de más tiempo y mano de obra.
“Esta labor es por iniciativa de las instituciones, ya que las universidades tienen capacidad para hacer el diagnóstico molecular, pero las instituciones del INS y secretarías departamentales no son suficientes. El robot de extracción en 40 minutos procesa 96 muestras, a diferencia del método manual, que nos permite hacer 24 muestras en casi tres horas. Triplica el tiempo de oportunidad y eso nos permitirá hacer entre 1.000 y 1.200 pruebas diarias”, apuntó Juan David Ramírez, director del laboratorio de microbiología de la Universidad del Rosario, entidad que se ha enfocado en apoyar regiones con menos capacidad para rastrear el COVID-19 como Chocó, Meta y Norte de Santander. Este diario no pudo determinar cuántos de esos robots hay en el país, pero se sabe que son muy escasos en los laboratorios.
La Universidad de Los Andes lanzó una campaña llamada La Prueba es de Todos con el objetivo de aumentar el número de pruebas que procesan día a día. "Ha sido un trabajo duro, decidimos poner nosotros la inversión para no demorar la ayuda y luego si tratar de recuperar parte de la inversión. Las universidades son las que lideran la investigación en el país, el 90% está en siete u ocho universidades. Por esto, no pueden quedarse atrás en este esfuerzo que implica poner la infraestructura al servicio del país. Así que decidimos no solo involucrarnos en la detección del virus sino en generar información para la sociedad, para las empresas, para quienes toman las decisiones y trabajar en la tecnología que se necesita como los respiradores", afirmó Silvia Restrepo, vicerrectora de Investigación y Creación de la Universidad de Los Andes.
Las EPS también han cumplido un rol protagónico en este proceso, pues tienen la obligación de firmar contratos con laboratorios que puedan procesar pruebas de COVID-19. En Bogotá, la Secretaria de Salud Distrital firmó un contrato tripartita con seis EPS del régimen contributivo (Sura, Sanitas, Nueva EPS, Salud Total, Famisanar y Compensar), una del subsidiado (Capital Salud) y los proveedores ambulatorios, que quedaron como los encargados de ir a los hogares en nombre de las EPS a tomar las muestras.
Compensar puso dos laboratorios a disposición. El de la Calle 26 es un brazo que le da un apoyo al INS para procesar las pruebas retrasadas. Ayudó con 520 en sus primeros diez días de funcionamiento. El de la Calle 63, que cuenta con mayor capacidad y espera realizar hasta 1.200 pruebas diarias, está enfocado en sus usuarios. Ahí los resultados son mucho más veloces: se pueden tener en un lapso de 12 horas. Un laboratorio que tiene el valor agregado de contar con cabinas de flujo laminar que hacen los trabajos de extracción y amplificación en la misma máquina, y no en dos diferentes, como se hace regularmente. El personal de trabajo de Compensar no duerme: realiza cuatro turnos de seis horas al día para procesar pruebas. “Se espera que en las próximas semanas ambos laboratorios analicen entre 1.500 y 1.700 muestras diarias”, destaca Andrés Barragán, director de la unidad de salud de Compensar.
Reactivos, ¿incertidumbre dentro de un mes?
Este 21 de abril Colombia comenzó una nueva etapa para la búsqueda activa de casos de COVID-19: un testeo masivo con pruebas rápidas (se hacen con muestras de sangre para saber si hay anticuerpos) y de PCR (moleculares) a 100.000 personas de ocho grupos poblacionales. Sin embargo, directores de los distintos laboratorios consultados explicaron que la prueba rápida no es diagnóstica sino complementaria, pues no permite identificar si la persona está infectada. Por esa razón, todos concluyen que la prueba de oro es la extracción molecular, que debe realizarse si una prueba rápida da positivo. Pero el futuro cercano no es claro para Colombia, pues gran parte de los laboratorios se están quedando sin reactivos para la extracción del ARN del nuevo coronavirus. (Puede leer: Hay 78 candidatas para la vacuna contra el COVID-19)
La directora del INS, Martha Ospina, recalcó que los reactivos para el procedimiento PCR abundan en el mercado (esos son los 9 millones de reactivos que dijo el Invima llegarían a Colombia), pero estos solo sirven para el último proceso que es la amplificación (PCR). Los que no se encuentran en el mercado son los que permiten la extracción, el primer paso del diagnóstico. “De nada sirve tener en bodega kits de PCR sin reactivos de extracción”, agregó Ospina. Por lo pronto, el Gobierno está a la espera de la llegada de 500.000 reactivos de extracción, que se distribuirán a la red de laboratorios de salud pública departamentales y que a su vez deberán repartirlos entre los laboratorios adjuntos y externos que están ayudando en el diagnóstico.
La Fundación Santa Fe precisó que hay limitación de los insumos y kits de extracción a nivel nacional e internacional. “Estamos proyectados para sostener la operación y procesamiento de pruebas durante la pandemia. El proceso para conseguir reactivos ha sido un trabajo en equipo entre algunas casas comerciales que se han comprometido y la institución”. Algo similar le ocurre al laboratorio Echavarría en Medellín, que pensando en la pandemia realizó una compra de reactivos anticipada y por esa razón fue uno de los primeros en apoyar al departamento de Antioquia. “En el momento tenemos un stock de reactivos para operar por tres meses sin interrupción para procesar 400 muestras diarias”, agregó Lina María Gómez, directora científica del Laboratorio Echavarría.
Por su parte, Compensar cuenta con reactivos “para un mes largo”, dice Barragán, director de la unidad de salud. En el laboratorio de la Calle 26 usan los reactivos coreanos que les manda el INS. Y en el de la Calle 63 utilizan reactivos de los laboratorios Roche. “Tenemos para 10.000 pruebas y ya estamos pidiendo para otras 10.000”. El kit de tomas de muestras también está agotado, un fenómeno que Compensar ha tratado de sortear fabricando los isopos y el tubo con gel. Tenemos la capacidad para hacer 3.000 diarios”, añade Barragán.
Integrantes del personal de salud de Compensar analizando las pruebas de COVID-19 en la cabina de flujo laminar. / Cortesía.
El laboratorio de Colsanitas, que tiene una capacidad para realizar 700 muestras al día, también dio un parte de preocupación ante la falta de oferta global. “Dependemos como cualquier otro laboratorio del suministro y disponibilidad de insumos y reactivos. La situación mundial es compleja en ese aspecto y hemos activado varios protocolos de consecución de suministros, como la producción interna de algunos insumos menores diferentes a los del procesamiento, lo cual nos ha permitido manejar inconvenientes de disponibilidad que tendremos por varios meses en el futuro”, señaló Catherine Alvarado, gerente del laboratorio clínico de Colsanitas.
El mundo de los reactivos en las universidades es incluso más limitado. Hace un par de semanas la Universidad del Rosario le prestó suministros a universidades que se han quedado sin reactivos. En el Rosario, con anterioridad, compraron una buena cantidad para 6.000 pruebas, de las cuales queda para un poco menos de 4.000. Para el robot de extracción de ARN tienen reactivos para 80.000 muestras, porque los reactivos de los robots son diferentes a los de la extracción manual. Uno tiene columnas de verificación, el otro utiliza perlas magnéticas para este proceso.
Una de las bondades del robot de marca Hamilton, que compró la Universidad del Rosario, es que es de química abierta y recibe reactivos de cualquier otra marca. Mientras que el del INS es de química cerrada y solo recibe reactivos de su marca: Roche. Esta es una de las razones por las cuales el robot del INS tuvo problemas para procesar muestras ante la falta de oferta global. Una situación que ha generado un debate en el mundo contra Roche, al punto que han pedido a la farmacéutica que levanten los derechos de propiedad intelectual para permitir la fabricación masiva de reactivos.
A la Universidad de Los Andes le tocó suspender operaciones por tres días por este flagelo. "Solo tuvimos un problema: los reactivos para la extracción de ácidos nucleicos del virus. Tuvimos que parar, pero ya retomamos y seguimos procesando muestras enviadas desde la secretaría de Salud, de 200 a 300 muestras diarias.Tenemos ya asegurados los reactivos para 100 000 muestras para un estudio que haremos de la mano de la secretaría de Salud de Bogotá, con quienes intercambiamos información y buenas prácticas. Eso nos muestra el camino que debe tener la ciencia: la colaboración", destacó Silvia Restrepo, vicerrectora de Investigación y Creación de la Universidad de Los Andes.
Por su parte, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla indicó que tienen reactivos para realizar cerca de 1.000 pruebas —estiman una capacidad para procesar 150 muestras en 48 horas— y que están en coordinación con la Secretaría de Salud de Barranquilla para conseguir más. “No queremos acumular muestras sin poder dar resultados, porque lo difícil siempre ha sido traer reactivos a Colombia”, dijo el virólogo Antonio Acosta, quien coordina el laboratorio de la universidad.
A su vez, la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), que procesa 180 pruebas al día, manifestó que tiene reactivos para laborar durante dos semanas. “Se tienen pedidos, pero el desabastecimiento de los mismos y los tiempos de entrega a más de 30 días han dificultado la obtención. Además, se ha duplicado y hasta triplicado el precio de materiales y reactivos”, indicó Juan Carlos Sepúlveda, director del Laboratorio de Biología Molecular de la UTP. La Universidad de Caldas, la otra que colabora en la región, indicó que están buscando apoyo institucional y de los diferentes gremios de producción para conseguir los reactivos y otros elementos para cumplir con la meta de 80 pruebas diagnosticadas al día.
Los encargados del proceso de extracción de la U. del Bosque, en el proceso de purificar el ARN en muestras de COVID-19, ya cuando el virus no es infeccioso. /Jaime Castellanos
El laboratorio de la Universidad del Bosque, una de las primeras instituciones que se prepararon para afrontar la pandemia en el país, tiene reactivos alemanes para una semana más. “Temo que nos toque volver al método de hace 30 años: el fenol cloroformo. Un método de extracción bueno para sacar el material genético del virus, pero que nadie quiere usar porque está basado en solventes orgánicos y líquidos muy tóxicos, con muchos riesgos ocupacionales. Es más demorado, en tres horas puedes hacer hasta 40 muestras, mientras con la extracción con reactivos alemanes y coreanos se procesa esa misma cantidad por hora. Es complicado porque no hay quien venda los reactivos. Corea no tiene, China no tiene, Alemania no tiene. Y Estados Unidos no quiere vender. En unas semanas probablemente nos tocará recurrir al fenol cloroformo”, admite Jaime Castellanos.
La Universidad del Valle precisó que su laboratorio tiene garantizada su producción de 80 pruebas al día para las siguientes dos semanas. “Se está a la espera de un pedido que será entregado en la siguiente semana y le dará autonomía por dos meses al menos. En este momento el mercado mundial está saturado y los pedidos están tardando hasta 8 semanas”, recalcó el profesor Adalberto Sánchez de la Facultad de Salud. Caso crítico el de la Universidad de Córdoba, que hasta el fin de semana pasado tenía insumos para operar hasta cinco días. Ante esta situación la Procuraduría le pidió al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que liderara una iniciativa en la que convocara a la industria farmacéutica a “un proceso de cooperación interinstitucional que posibilite el suministro temporal de los reactivos necesarios para la atención de la pandemia”.
Los problemas en la toma de las muestras también han perjudicado la labor de algunos laboratorios en la región y el análisis de las pruebas que llegan por fuera de Bogotá al INS. “El 4.8% de las pruebas no cumplen por protocolo. Todo laboratorio del mundo y más si es acreditado tiene sus protocolos de control de calidad”, señaló el INS. Evitar resultados con falsos positivos o falsos negativos depende de que la prueba sea transportada en triple empaque, en neveras con temperaturas bajo cero y almacenada en refrigeradores de -70°. “Si está bien tomada y bien llevada el margen de error es el 5%. El problema serían los copitos no adecuados, uso de líquidos que no son y demasiado tiempo sin ser recogidas”, agregó el doctor Jaime Castellanos.
La gran pregunta que queda en el ambiente se desprende de una frase del ministro de Salud: Colombia tiene la meta de realizar 15.000 pruebas diarias. Una estimación, para algunos, exagerada o más bien imposible, porque eso dependería de que todos los laboratorios, o al menos 60, trabajen al 100 %, durante 24 horas al día y con los reactivos y equipos necesarios. Fuentes consultadas precisaron que muchos de los laboratorios registraron una capacidad diagnóstica que hoy no están en condiciones de cumplir, por lo que la realidad sería que se realicen alrededor de 5.000 pruebas de extracción molecular al día, sin contar las pruebas rápidas.
La capacidad de procesamiento y análisis de pruebas moleculares de COVID-19 aún tiene muchos obstáculos que superar. La necesidad de que cada departamento se comprometa a invertir en sus laboratorios de salud pública para acondicionarlos con recursos tecnológicos es un imperativo para que el INS se concentre en departamentos como La Guajira, Guainía y Amazonas. Los expertos calculan que para tener un plano general de cómo va el avance de la pandemia en el país, se deben realizar, al menos, 3.000 pruebas por cada millón de habitantes. En Colombia, hasta el momento, se han hecho algo más de 62.000 pruebas, es decir 1.233 pruebas por cada millón de habitantes.
*Nota: La primera versión de este artículo señalaba que la Universidad del Rosario, tal cual le indicó a este diario, le había prestado reactivos a la Universidad de Los Andes, algo que desmintió Los Andes, que si bien sí le pidió suministros, nunca los recibió.