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Por medio de un derecho de petición, Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) pidió que se declarara la revocatoria directa de la resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024, en la cual el Ministerio de Salud anunció la Unidad de pago por capitación (UPC) para 2025.
La UPC es un elemento clave del sistema de salud. En términos simples, es el monto que el Gobierno gira a las EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios médicos, medicamentos y tratamientos. Para este año, de acuerdo con la resolución, este valor aumentará en un 5,36 %.
Sin embargo, este incremento está más de 10 % por debajo de las expectativas de varios actores del sistema de salud, que reclamaban uno superior al 16 %. “Creo que es una decisión temeraria; no está basada en evidencia”, decía hace unos días a este diario Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social del Minsalud.
En números reales, este aumento decretado implica que las EPS del régimen contributivo pasen de recibir $1.444.086 por cada afiliado a recibir $1,521,489. En cuanto a las EPS del régimen subsidiado, pasan de $1.256.076 a $1,323,401.
A los ojos de Quintero, y como lo explica en el derecho de petición, que se haya calculado el valor de la UPC por debajo del costo real de una atención en salud, hará que el déficit acumulado por la insuficiencia de la UPC incremente. En la actualidad, “asciende a $15,1 billones entre 2022 y 2024, como afirma la ANIF”.
Además de pedir que se revoque esta resolución, en el derecho de petición, la asociación, en cabeza de Quintero, solicita que se reajuste el valor de la UPC mediante un estudio “técnico y una metodología que permita realizar el ajuste a la realidad que vive el país hoy en día y que no genere ningún déficit fiscal o riesgo para los actores del sistema”.
También solicitan que se les entregue los estudios que realizó previamente el Gobierno para estimar el incremento de la UPC, “con el fin de ser analizados a la mayor brevedad”, según explican en el derecho de petición.
En otro comunicado, el grupo de Acuerdos Fundamentales, que representa a más de 350.000 médicos y profesionales de la salud en el país, expresó su preocupación ante el incremento de la UPC y señaló que habían propuesto que este valor fuera establecido por un grupo técnico independiente al Gobierno, donde participaran todos los actores del sistema. Sin embargo, según dicen, la propuesta no fue aprobada.
Otra de las preocupaciones sobre esta resolución, explica Acuerdos Fundamentales en el comunicado, es que el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, es que la decisión de este incremento se había tomado basada en “la mala calidad de la información aportada por las EPS”.
Pero, advierte Acuerdos Fundamentales, el Gobierno “no tuvo en cuenta la evolución del perfil epidemiológico y demográfico de la población; el incremento del valor de las tecnologías en salud; los costos asociados al aumento del salario mínimo, la imperativa mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y el aumento de cobertura y acceso que pretende el gobierno. La insuficiencia de la UPC no castigará a las EPS”.
El Gobierno, por su parte, hace un par de días había publicado el informe que respalda su decisión de aumentar la UPC en un 5,3 % para 2025. Entre los datos que destaca está la detección de 23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).
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