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La carrera para reformar el sistema de salud en la próxima legislatura ya comenzó. Las 21 organizaciones médicas y de profesionales de salud que conforman el grupo de “Acuerdos Fundamentales” publicaron la mañana de este miércoles una propuesta de proyecto de ley para reforma al sistema de salud que, esperan, se radique el próximo 20 de julio. Posiblemente, junto a otros proyectos, entre ellos, el del Gobierno.
La propuesta incluye la transformación de las EPS en Gestoras de Vida, tal como lo planteaba el proyecto del Gobierno. Sin embargo, y a diferencia de ese articulado hundido en el Senado, en el proyecto de las sociedades científicas las Gestoras de Vida mantienen funciones clave como la articulación y conformación de las redes de servicio (los llamados Centros de Atención Primaria, y los hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad). Estas Gestoras recibirían por esas funciones unos recursos por administración y tendrían prohibido, en otra similitud con el proyecto del Gobierno, la integración vertical en mediana y alta complejidad. (Puede ver: Contraloría reportó irregularidades en el Fomag por $84 mil millones).
Las Gestoras no tendrían capacidad de gestión en los recursos. El Estado, a través de la Adres (el llamado banco de la salud) haría giro directo a las redes de atención, sin intermediación de las hoy EPS. Ese giro no se haría directamente a las miles de IPS que hay en el país, sino que estas clínicas y hospitales conformarían juntas directivas que las representaría. Es justamente a esa junta a la que la Adres giraría los recursos.
Las EPS tendrían entre dos y tres años para transformarse en Gestoras, siempre que cumplan las condiciones que impone el proyecto para ese cambio. Entre esas condiciones, las de habilitación financiera. Además, deberán organizarse por territorios “reconociendo su experiencia en los sitios en donde históricamente han gestionado el riesgo en salud con buenos resultados y conservando sus afiliados”. Serán estas entidades las que también tendrán que hacer las auditorías de las facturas del sistema, con su respectivo control de gasto.
Respecto a ese control de gasto, el proyecto elimina las autorizaciones (ese proceso en el que hoy las EPS dan su visto bueno para que se pueda ejecutar la orden de un médico), y regula la autorregulación médica, a partir de unas juntas médicas que tendrán la responsabilidad de controlar y evaluar esas decisiones.
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Además de las EPS, un elemento clave del proyecto planteado por las sociedades científicas gira alrededor del denominado “Consejo Nacional de Salud”. Esta será una entidad rectora del sistema, “con las competencias necesarias para adoptar las políticas públicas dirigidas a garantizar la vigencia de los principios y directrices trazados por la Ley Estatutaria 1751 de 2015″, que regula la salud como un derecho fundamental. Estaría conformado por 15 consejeros, entre ellos, los ministros de Salud, Hacienda, Trabajo, Ambiente, Ciencia y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
En dicho Consejo también tendría participación un representante de los gobiernos territoriales, un representante de las IPS, uno de las Gestoras de Salud Vida y otros más de actores clave en el sistema como las sociedades médicas, científicas, pacientes y profesionales de la salud. Algo clave de este consejo es que podrá tomar decisiones alrededor de la metodología para calcular el valor de la Unidad de Pago por Capitación -UPC, los billonarios recursos que deben garantizar el acceso al Plan de Beneficios en Salud. El Consejo deberá, cada año, definir el valor de la UPC, algo que hoy está en manos del Ministerio de Salud. A diferencia del proyecto del Gobierno, las decisiones de esta entidad colegiada serán vinculantes.
La propuesta ya está en manos de otros actores del sistema, como organizaciones de pacientes e incluso el mismo Gobierno Nacional, nos confirmaron desde el grupo de Acuerdos Fundamentales. A partir de ahora, dicen, seguirán reuniéndose para acordar ajustes al articulado, si es necesario y es producto de acuerdos, o mantener el proyecto hasta su radicación. Algo clave es que los ocho senadores que hundieron el proyecto del Gobierno en la legislatura pasada podrían ser la puerta de entrada de esta propuesta al Congreso.
Revise a continuación la propuesta completa:
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