Supersalud abre proceso a Fiduprevisora por nuevo sistema de salud de los maestros
Se trata de la fiduciaria La Previsora S.A., entidad que maneja los recursos del régimen del Magisterio y que, según la Superintendencia Nacional de Salud, ha cometido presunta omisión y barreras para prestar sus servicios de salud.
La Superintendencia Nacional de Salud inició un proceso sancionatorio contra la entidad que maneja los recursos del régimen del Magisterio: la fiduciaria La Previsora S.A. Esto, según un comunicado emitido este 24 de julio, sucedió tras “evidenciar presunta omisión y barreras en el acceso al derecho a la salud de la población diferencial como niños y niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”.
Recordemos que, a principios de este 2024, ocurrió un cambio en el sistema de salud de los maestros: a partir del pasado 1 de mayo, más de 800 mil docentes pasaron al nuevo modelo, manejado por la Fiduprevisora (La Previsora S.A.), fiduciaria mixta vinculada al Ministerio de Hacienda, a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Por ahora, la Previsora S.A. tendrá 5 días hábiles para defenderse y solicitar pruebas para esclarecer la investigación en su contra, pues, en días pasados, la Supersalud ya había impuesto una medida cautelar y también le había ordenado una atención inmediata a los usuarios del Fomag, la cual se incumplió.
Los incumplimientos que señala Supersalud
Entre el 1 y el 19 de mayo de 2024, se registraron 3.712 reclamaciones por parte de maestros y beneficiarios. De ellas, 2.932 seguían sin atender y apenas el 21,26 % contaban con respuesta.
La Supersalud mencionó cinco casos puntuales que correspondían a reclamos por parte de menores de edad y adultos mayores con diagnósticos asociados a enfermedades crónicas, catastróficas y de alto costo como el VIH SIDA y el cáncer. A pesar de ser calificados como usuarios prioritarios, no se les habrían brindado los servicios de manera oportuna e integral.
“Además, este ente de supervisión evidenció que no se dio posiblemente una respuesta oportuna y de fondo a los requerimientos remitidos por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario; así mismo, incumplió presuntamente las instrucciones y órdenes impartidas y no brindó solución de manera oportuna y de fondo a las PQRD, imponiendo al parecer barreras de acceso al derecho fundamental a la salud que tiene toda la población en el país”, dijo la Supersaud en el comunicado.
Dicha entidad aclaró que estos casos se presentaron antes de la implementación del nuevo modelo, del que hemos hablado anteriormente en estas páginas. Sin embargo, la Superintendencia también hizo énfasis en que dichas irregularidades han “predominado en el tiempo. Por tanto, es obligación de la Fiduprevisora tomar las medidas necesarias que conduzcan a la continuidad del servicio”, mencionó.
De lo contrario, las sanciones que se pueden imponer van desde amonestaciones por escrito, hasta multas por diferentes valores: desde 200 hasta 8 mil salarios mínimos para personas jurídicas, y desde 50 hasta 2 mil salarios mínimos para personas naturales.
También podría revocar total o parcialmente el funcionamiento de uno o varios servicios según corresponda, además de remover a sus representantes legales o revisores fiscales cuando se compruebe que “permitieron o toleraron conductas que violen las normas del Sistema de Seguridad Social en Salud”.
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La Superintendencia Nacional de Salud inició un proceso sancionatorio contra la entidad que maneja los recursos del régimen del Magisterio: la fiduciaria La Previsora S.A. Esto, según un comunicado emitido este 24 de julio, sucedió tras “evidenciar presunta omisión y barreras en el acceso al derecho a la salud de la población diferencial como niños y niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”.
Recordemos que, a principios de este 2024, ocurrió un cambio en el sistema de salud de los maestros: a partir del pasado 1 de mayo, más de 800 mil docentes pasaron al nuevo modelo, manejado por la Fiduprevisora (La Previsora S.A.), fiduciaria mixta vinculada al Ministerio de Hacienda, a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Por ahora, la Previsora S.A. tendrá 5 días hábiles para defenderse y solicitar pruebas para esclarecer la investigación en su contra, pues, en días pasados, la Supersalud ya había impuesto una medida cautelar y también le había ordenado una atención inmediata a los usuarios del Fomag, la cual se incumplió.
Los incumplimientos que señala Supersalud
Entre el 1 y el 19 de mayo de 2024, se registraron 3.712 reclamaciones por parte de maestros y beneficiarios. De ellas, 2.932 seguían sin atender y apenas el 21,26 % contaban con respuesta.
La Supersalud mencionó cinco casos puntuales que correspondían a reclamos por parte de menores de edad y adultos mayores con diagnósticos asociados a enfermedades crónicas, catastróficas y de alto costo como el VIH SIDA y el cáncer. A pesar de ser calificados como usuarios prioritarios, no se les habrían brindado los servicios de manera oportuna e integral.
“Además, este ente de supervisión evidenció que no se dio posiblemente una respuesta oportuna y de fondo a los requerimientos remitidos por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario; así mismo, incumplió presuntamente las instrucciones y órdenes impartidas y no brindó solución de manera oportuna y de fondo a las PQRD, imponiendo al parecer barreras de acceso al derecho fundamental a la salud que tiene toda la población en el país”, dijo la Supersaud en el comunicado.
Dicha entidad aclaró que estos casos se presentaron antes de la implementación del nuevo modelo, del que hemos hablado anteriormente en estas páginas. Sin embargo, la Superintendencia también hizo énfasis en que dichas irregularidades han “predominado en el tiempo. Por tanto, es obligación de la Fiduprevisora tomar las medidas necesarias que conduzcan a la continuidad del servicio”, mencionó.
De lo contrario, las sanciones que se pueden imponer van desde amonestaciones por escrito, hasta multas por diferentes valores: desde 200 hasta 8 mil salarios mínimos para personas jurídicas, y desde 50 hasta 2 mil salarios mínimos para personas naturales.
También podría revocar total o parcialmente el funcionamiento de uno o varios servicios según corresponda, además de remover a sus representantes legales o revisores fiscales cuando se compruebe que “permitieron o toleraron conductas que violen las normas del Sistema de Seguridad Social en Salud”.
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