Supersalud denuncia irregularidades por $206.000 millones en la EPS Coosalud
La entidad denunció que en la EPS se habría dado un manejo irregular de recursos por $206.000 millones. La Fiscalía deberá investigar el material entregado por el agente interventor para establecer si se cometió algún delito.
En una rueda de prensa este 6 de diciembre, la Superintendencia de Salud dio a conocer los primeros hallazgos de la intervención a la EPS Coosalud, en Cartagena, que se inició el pasado 22 de noviembre. Dentro de las denuncias que hizo la entidad se encuentra el presunto manejo irregular de recursos al interior de la EPS.
Según Giovanni Rubiano García, superintendente de Salud, encontraron que Coosalud EPS “sirvió como garante” en un crédito a nombre de Coosalud Inversa, una empresa privada, en diciembre de 2022. Ese crédito fue por $221.000 millones, deuda en la que se habría notificado un incumplimiento de pagos recientemente.
El 20 de noviembre de 2024, “un banco embargó el fideicomiso de Coosalud EPS”, aseguró Rubiano. Esto ocurrió dos días antes del inicio de la intervención de la EPS. De acuerdo el superintendente de Salud, se embargaron $206.000 millones “con dineros públicos de la salud” correspondientes a esa deuda. También aseguró que ambas entidades, Coosalud EPS y Coosalud Inversa, compartían un mismo representante legal al momento de solicitar el crédito, que es Jaime González Montaño, quien figuró al frente de la EPS hasta noviembre de 2024.
Otro de los hallazgos son “pagos a una red llamada Mediosas, cuyo único representante legal parece ser el hijo del exrepresentante legal de Coosalud, llamado Jaime González Díaz. Eso es motivo de investigación. Al igual que un contrato de co-working entre Coosalud EPS y Coosalud Inversa. Todos estos casos de presunción de ilegalidad deben ser investigados por los órganos de control de la manera más rápida posible”, dijo Rubiano.
La Superintendencia de Salud remitirá a la Fiscalía General de la Nación la información para adelantar las investigaciones para establecer si efectivamente hubo irregularidades en el manejo de recursos de la EPS. Mientras tanto, la entidad dijo que hará seguimiento a estos recursos para intentar recuperarlos, pues se trataría de dineros que no son embargables (por ser recursos públicos de salud) y hasta el momento no se conoce cuál fue la destinación que se le dio al crédito.
La intervención de Coosalud
Coosalud EPS fue intervenida el pasado 22 de noviembre, convirtiéndose en la octava Entidad Promotora de Salud intervenida para administrar. Esto implicó que se removió temporalmente de su cargo a la administración de la EPS, para ser administrada por el agente interventor Mauricio Camaro.
Coosalud tiene un total de 3.2 millones de afiliados en 23 departamentos del país, la mayoría en la costa Caribe. La última auditoría de habilitación y permanencia indicó que la EPS tiene un nivel de cumplimiento del 6% en actividades cumplidas a cabalidad, un 58% en ejecución y un 36% sin avance.
En un comunicado de la Supersalud al momento de la intervención, se asegura que la decisión se tomó “luego de hallar deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, las cuales vienen afectando significativamente la prestación de los servicios y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de sus afiliados”.
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En una rueda de prensa este 6 de diciembre, la Superintendencia de Salud dio a conocer los primeros hallazgos de la intervención a la EPS Coosalud, en Cartagena, que se inició el pasado 22 de noviembre. Dentro de las denuncias que hizo la entidad se encuentra el presunto manejo irregular de recursos al interior de la EPS.
Según Giovanni Rubiano García, superintendente de Salud, encontraron que Coosalud EPS “sirvió como garante” en un crédito a nombre de Coosalud Inversa, una empresa privada, en diciembre de 2022. Ese crédito fue por $221.000 millones, deuda en la que se habría notificado un incumplimiento de pagos recientemente.
El 20 de noviembre de 2024, “un banco embargó el fideicomiso de Coosalud EPS”, aseguró Rubiano. Esto ocurrió dos días antes del inicio de la intervención de la EPS. De acuerdo el superintendente de Salud, se embargaron $206.000 millones “con dineros públicos de la salud” correspondientes a esa deuda. También aseguró que ambas entidades, Coosalud EPS y Coosalud Inversa, compartían un mismo representante legal al momento de solicitar el crédito, que es Jaime González Montaño, quien figuró al frente de la EPS hasta noviembre de 2024.
Otro de los hallazgos son “pagos a una red llamada Mediosas, cuyo único representante legal parece ser el hijo del exrepresentante legal de Coosalud, llamado Jaime González Díaz. Eso es motivo de investigación. Al igual que un contrato de co-working entre Coosalud EPS y Coosalud Inversa. Todos estos casos de presunción de ilegalidad deben ser investigados por los órganos de control de la manera más rápida posible”, dijo Rubiano.
La Superintendencia de Salud remitirá a la Fiscalía General de la Nación la información para adelantar las investigaciones para establecer si efectivamente hubo irregularidades en el manejo de recursos de la EPS. Mientras tanto, la entidad dijo que hará seguimiento a estos recursos para intentar recuperarlos, pues se trataría de dineros que no son embargables (por ser recursos públicos de salud) y hasta el momento no se conoce cuál fue la destinación que se le dio al crédito.
La intervención de Coosalud
Coosalud EPS fue intervenida el pasado 22 de noviembre, convirtiéndose en la octava Entidad Promotora de Salud intervenida para administrar. Esto implicó que se removió temporalmente de su cargo a la administración de la EPS, para ser administrada por el agente interventor Mauricio Camaro.
Coosalud tiene un total de 3.2 millones de afiliados en 23 departamentos del país, la mayoría en la costa Caribe. La última auditoría de habilitación y permanencia indicó que la EPS tiene un nivel de cumplimiento del 6% en actividades cumplidas a cabalidad, un 58% en ejecución y un 36% sin avance.
En un comunicado de la Supersalud al momento de la intervención, se asegura que la decisión se tomó “luego de hallar deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, las cuales vienen afectando significativamente la prestación de los servicios y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de sus afiliados”.
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