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Acompañado del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Felix León Martínez, director de la Adres, el llamado banco de la salud, el superintendente de Salud, Carlos Leal, explicó en la noche de este miércoles, 3 de abril, las razones que llevaron a que su entidad interviniera de manera forzosa administrativa la Nueva EPS, la más grande del país.
Las razones de la intervención a la Nueva EPS, explicó Leal, son “similares a las que encontramos con la EPS Sanitas, donde ninguna de las dos cumple con los requisitos habilitadores financieros para poder ejercer sus funciones como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas. Estos dos indicadores son ejemplo del incumplimiento financiero”.
Pero hay otros indicadores, apuntó Leal: “el aumentó dramático de las PQRS, que se traduce en que las personas afiliadas a estas EPS no están viendo una adecuada satisfacción de sus necesidades en salud”. El superintendente también aseguró que “llama la atención que los pasivos, las deudas que tienen estas EPS con distintas IPS del país, han venido aumentando” y se refirió a un caso particular: el de Sanitas. Leal contó que “durante el año pasado incrementó desde mitad de año una deuda de medio billón de pesos para terminar en casi dos billones de pesos, de acuerdo con las cifras que ellos mismos reportan”.
Durante la rueda de prensa, Leal dio a conocer el nombre del interventor de la Nueva EPS: Jesús Alberto Rincón Ramírez. La cabeza de la Supersalud, aseguró que “tanto en el caso de Sanitas, como de Nueva EPS, la intención y la medida que se adopta es una medida intervención forzosa administrativa para administrar”.
Esto, según Leal, “no significa que se vaya a despedir a alguna persona, tampoco que se vaya a liquidar ninguna de las EPS, que se vaya a vulnerar o a afectar los contratos con los prestadores o la prestación de servicios para la población colombiana”.
El superintendente también aprovechó para señalar que esta no es una intervención “como las que se han hecho en el pasado”. De acuerdo con Leal, tanto la medida adoptada con Sanitas, como esta de la Nueva EPS, tienen un elemento diferenciador: “la creación de una junta asesora del interventor, la cual está conformada por los cinco principales acreedores de cada una de las EPS (...)”.
La idea con esta medida, aseguró el funcionario, es que haya una comunicación armoniosa entre quienes tienen el recurso girado por el Estado y quienes prestan los servicios de salud.
Ante los rumores que indicaban dos nuevas intervenciones, esta vez contra Capital Salud y Sura, Leal señaló que “en la medida que la Superintendencia conoce de cada una de las situaciones que se vive al interior de las EPS, tiene la discrecionalidad de tomar las medidas que sean necesarias para proteger la vida y la salud de las personas en todo el territorio nacional” y agregó “decir, sin haber tomado una decisión concienzuda, sin haber realizado el procedimiento administrativo que requiere cada una de estas intervenciones, sería irresponsable decir si vienen más. Esto depende del contexto de cada una de ellas, de los hallazgos de la Supersalud y de las recomendaciones que hace el comité de medidas especiales”.
La intervención administrativa a Nueva EPS se dio a conocer menos de 24 horas después de que se supiera que la Supersalud había ordenado una intervención similar a la EPS Sanitas, una de las más grandes del país, con 5,7 millones de afiliados (la mayoría, poco más de 4,3 millones, en el régimen contributivo).
Sanitas es una EPS cuyo propietario es el grupo Keralty S.A.S, un grupo de empresas privadas que, además de su presencia en Colombia, está en países como Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas o República Dominicana. El Espectador consultó a Sanitas, pero, por el momento, prefieren no pronunciarse. Aseguran que están analizando la situación. Eso sí, desde la EPS señalaron que la decisión los tomó desprevenidos. No tenían en el radar la posibilidad de esta intervención.
En el caso de Sanitas, el Supersalud señaló que la medida, ordenada por un año, se tomó por “el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.
Desde el martes, el ministro Jaramillo y el Superintendente de Salud han enviado mensajes para tranquilizar a los usuarios de las EPS intervenidas. “(...) Las funciones de la EPS van a continuar, no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático. Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios”, señalaron luego de que se conociera la primera intervención.
Sin embargo, a varias personas, no les suenan tanto las intervenciones anunciadas. “Las intervenciones crean un problema, ya que la entidad pasa a ser manejada por el ente que debe supervisarla y, por lo tanto, hay un conflicto de interés. Por otro lado, estas intervenciones tienden a alargarse y a convertirse en un mayor riesgo de cierre y no en una mejora de la institución intervenida”, asegura el profesor de la maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes, Óscar Bernal.
“Lo que preocupa en este momento es que no sabemos cuál es el plan que tiene el gobierno. Hoy hay otras EPS que también están en situaciones que podrían ser causal de intervención. ¿Las intervendrán también? ¿La idea es recuperarlas y devolverlas a los empresarios que tanto critican o simplemente pagar las deudas que puedan y liquidarlas? Este gobierno ha sido inflexible a la hora de asignarles más recursos. No creo que a punta de ‘buena gestión’ resuelvan la crisis de Sanitas ni de otras, ni si tienen la intención de hacerlo”, afirma, por su parte, Johnattan García Ruiz, investigador de salud pública de la Universidad de Harvard.
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