Supersalud interviene a la EPS Sanitas, con más de cinco millones de afiliados

La Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de intervenir a una de las EPS más importantes del país, Sanitas, con 5,7 millones de afiliados (la mayoría, poco más de 4,3 millones, en el régimen contributivo). La decisión se conoció el mismo día en el que la Comisión Séptima del Senado de la República decidió discutir la reforma a la salud este miércoles 3 de abril, con todas las probabilidades de que se hunda.

Sanitas es una EPS cuyo propietario es el grupo Keralty S.A.S, un grupo de empresas privadas que, además de su presencia en Colombia, está en países como Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas o República Dominicana. El Espectador consultó a Sanitas, pero, por el momento, prefieren no pronunciarse. Aseguran que están analizando la situación. Eso sí, desde la EPS señalaron que la decisión los tomó desprevenidos. No tenían en el radar la posibilidad de esta intervención.

La medida se ordena por un año, y está basada, dijo el Supersalud, Luis Carlos Leal, “en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”. Leal quiso enviar un mensaje a los millones de afiliados de Sanitas: “(...) Las funciones de la EPS van a continuar, no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático. Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios”.

Leal agregó que ya se nombró un agente interventor (del que no dijo nombre) y que la entidad, además, ordenó conformar una junta asesora para ese agente interventor en la que estarán representados los cinco principales acreedores de la EPS, “algo que nos va a permitir hacer una comunicación entre la aseguradora y los prestadores, todo con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas”.

Esta EPS ha estado en el centro del debate durante los últimos meses y ha protagonizado confrontaciones abiertas con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, cuando Cruz Verde decidió dejar de suministrar medicamentos NO PBS a los afiliados de Sanitas por una supuesta falta de pago, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo pidió a la Contraloría levantar el velo corporativo sobre esta EPS, una petición que sorprendió mucho en el mundo de la salud.

En ese momento, Jaramillo señaló que el Minsalud había girado todos los recursos a la EPS y que era su responsabilidad responderle a los afiliados, dejando en el aire la pregunta de qué había sucedido con dichos recursos. “Nos preocupa que mientras crecen las utilidades de Sanitas, mientras crecen en toda América, en Brasil, en Perú, en México, en EE. UU. acá no tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas”, afirmó entonces el ministro. Esa declaración (y algunas más) generaron dentro del sector la sensación de que el Ministerio tenía dudas sobre la destinación final de las reservas técnicas.

La intervención es para administrar, lo que significa que la Supersalud elegirá un funcionario interventor que reemplazará al gerente de la EPS y asumirá todas las funciones de dirección. Según conoció El Espectador de fuentes confiables, funcionarios de la Super llegaron a la sede de la EPS sobre las cinco de la tarde de ayer y le pidieron a los trabajadores de Sanitas no tocar absolutamente nada mientras tomaban el control.

Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, le confirmó a este periódico que se reunirá para acordar un pronunciamiento oficial, que no se conocía hasta el cierre de esta edición. La decisión, aunque sorpresiva, llega después de varias advertencias que había hecho el presidente Gustavo Petro.

Por ejemplo, cuando el pasado 23 de febrero posesionó a Luis Carlos Leal como nuevo superintendente de salud nacional, se refirió a “las normas que expidieron gobiernos anteriores sobre las EPS, que han sido violadas permanentemente y que generan las condiciones de intervención inmediata”. En ese momento señaló que el Gobierno no intervendría más EPS (“la inmensa mayoría”, dijo) que, según él, ya estaban en circunstancia de intervención. “Vamos a dar un tiempo más”, agregó, pero por aquellos días su reforma a la salud tenía más aire que el que tiene hoy, a punto de hundirse.

La decisión ha generado diversas reacciones. “La inminente destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo ideológico del gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos”, escribió Alejandro Gaviria, exministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos y de Educación en el gobierno actual.

Bruce Mac Master, director de la ANDI, también se refirió al tema: “La Superintendencia Salud y el Ministerio de Salud deben tener gran cuidado con las intervenciones a las entidades del sector. El objetivo final es garantizar la atención a los pacientes, y eso lo deben asegurar en todo momento. Los pacientes deben estar en igual o mejor condición que antes de la intervención. Hemos insistido hasta la saciedad en la necesidad de implantar un plan de salvamento urgente para el sector salud, el cual ha sido sistemáticamente ignorado. (...) Hemos sido testigos de un proceso que pasó a paso ha venido aumentando la crisis del sistema, el cual nos va a costar muchos años recuperar”.

Las reacciones negativas que se produjeron en la política nacional estuvieron lideradas por la oposición. “Aquí lo que hay es un abuso y una venganza de que Sanitas ha sido la única EPS que ha batallado contra la reforma a la salud y, sobre todo, al hecho ya tozudo de que la reforma a la salud se hunde en la Comisión Séptima”, aseguró Paloma Valencia, del Centro Democrático. Andrés Forero, también de ese partido y quien había adelantado rumores sobre la intervención, agregó: “Ante la frustración del gobierno nacional por el inminente hundimiento de reforma a la salud, está tomando una retaliación”.

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció entrada la noche. “Lo que el Gobierno quiere trasmitirle a todos los ciudadanos, más de cinco millones de personas afiliadas a Sanitas, es que pueden estar tranquilos: la intervención tiene como fin corregir ciertas situaciones que son menester atender lo más pronto posible”, dijo. “Nuestro mensaje hoy es de tranquilidad: los servicios tanto de la EPS como de la prepagada se seguirán prestando sin ningún inconveniente”, agregó.

También escribió un comentario en X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro: “El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

La Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de intervenir a una de las EPS más importantes del país, Sanitas, con 5,7 millones de afiliados (la mayoría, poco más de 4,3 millones, en el régimen contributivo). La decisión se conoció el mismo día en el que la Comisión Séptima del Senado de la República decidió discutir la reforma a la salud este miércoles 3 de abril, con todas las probabilidades de que se hunda.

Sanitas es una EPS cuyo propietario es el grupo Keralty S.A.S, un grupo de empresas privadas que, además de su presencia en Colombia, está en países como Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas o República Dominicana. El Espectador consultó a Sanitas, pero, por el momento, prefieren no pronunciarse. Aseguran que están analizando la situación. Eso sí, desde la EPS señalaron que la decisión los tomó desprevenidos. No tenían en el radar la posibilidad de esta intervención.

La medida se ordena por un año, y está basada, dijo el Supersalud, Luis Carlos Leal, “en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”. Leal quiso enviar un mensaje a los millones de afiliados de Sanitas: “(...) Las funciones de la EPS van a continuar, no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático. Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios”.

Leal agregó que ya se nombró un agente interventor (del que no dijo nombre) y que la entidad, además, ordenó conformar una junta asesora para ese agente interventor en la que estarán representados los cinco principales acreedores de la EPS, “algo que nos va a permitir hacer una comunicación entre la aseguradora y los prestadores, todo con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas”.

Esta EPS ha estado en el centro del debate durante los últimos meses y ha protagonizado confrontaciones abiertas con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, cuando Cruz Verde decidió dejar de suministrar medicamentos NO PBS a los afiliados de Sanitas por una supuesta falta de pago, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo pidió a la Contraloría levantar el velo corporativo sobre esta EPS, una petición que sorprendió mucho en el mundo de la salud.

En ese momento, Jaramillo señaló que el Minsalud había girado todos los recursos a la EPS y que era su responsabilidad responderle a los afiliados, dejando en el aire la pregunta de qué había sucedido con dichos recursos. “Nos preocupa que mientras crecen las utilidades de Sanitas, mientras crecen en toda América, en Brasil, en Perú, en México, en EE. UU. acá no tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas”, afirmó entonces el ministro. Esa declaración (y algunas más) generaron dentro del sector la sensación de que el Ministerio tenía dudas sobre la destinación final de las reservas técnicas.

La intervención es para administrar, lo que significa que la Supersalud elegirá un funcionario interventor que reemplazará al gerente de la EPS y asumirá todas las funciones de dirección. Según conoció El Espectador de fuentes confiables, funcionarios de la Super llegaron a la sede de la EPS sobre las cinco de la tarde de ayer y le pidieron a los trabajadores de Sanitas no tocar absolutamente nada mientras tomaban el control.

Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, le confirmó a este periódico que se reunirá para acordar un pronunciamiento oficial, que no se conocía hasta el cierre de esta edición. La decisión, aunque sorpresiva, llega después de varias advertencias que había hecho el presidente Gustavo Petro.

Por ejemplo, cuando el pasado 23 de febrero posesionó a Luis Carlos Leal como nuevo superintendente de salud nacional, se refirió a “las normas que expidieron gobiernos anteriores sobre las EPS, que han sido violadas permanentemente y que generan las condiciones de intervención inmediata”. En ese momento señaló que el Gobierno no intervendría más EPS (“la inmensa mayoría”, dijo) que, según él, ya estaban en circunstancia de intervención. “Vamos a dar un tiempo más”, agregó, pero por aquellos días su reforma a la salud tenía más aire que el que tiene hoy, a punto de hundirse.

La decisión ha generado diversas reacciones. “La inminente destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo ideológico del gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos”, escribió Alejandro Gaviria, exministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos y de Educación en el gobierno actual.

Bruce Mac Master, director de la ANDI, también se refirió al tema: “La Superintendencia Salud y el Ministerio de Salud deben tener gran cuidado con las intervenciones a las entidades del sector. El objetivo final es garantizar la atención a los pacientes, y eso lo deben asegurar en todo momento. Los pacientes deben estar en igual o mejor condición que antes de la intervención. Hemos insistido hasta la saciedad en la necesidad de implantar un plan de salvamento urgente para el sector salud, el cual ha sido sistemáticamente ignorado. (...) Hemos sido testigos de un proceso que pasó a paso ha venido aumentando la crisis del sistema, el cual nos va a costar muchos años recuperar”.

Las reacciones negativas que se produjeron en la política nacional estuvieron lideradas por la oposición. “Aquí lo que hay es un abuso y una venganza de que Sanitas ha sido la única EPS que ha batallado contra la reforma a la salud y, sobre todo, al hecho ya tozudo de que la reforma a la salud se hunde en la Comisión Séptima”, aseguró Paloma Valencia, del Centro Democrático. Andrés Forero, también de ese partido y quien había adelantado rumores sobre la intervención, agregó: “Ante la frustración del gobierno nacional por el inminente hundimiento de reforma a la salud, está tomando una retaliación”.

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció entrada la noche. “Lo que el Gobierno quiere trasmitirle a todos los ciudadanos, más de cinco millones de personas afiliadas a Sanitas, es que pueden estar tranquilos: la intervención tiene como fin corregir ciertas situaciones que son menester atender lo más pronto posible”, dijo. “Nuestro mensaje hoy es de tranquilidad: los servicios tanto de la EPS como de la prepagada se seguirán prestando sin ningún inconveniente”, agregó.

También escribió un comentario en X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro: “El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺