La Superintendencia Nacional de Salud ordenó este lunes la intervención para administrar de Capresoca EPS, “al evidenciar una crítica situación de índole administrativa, financiera, de entrega de medicamentos, incremento en el número de tutelas y desacatos, así como, un aumento importante en las quejas de sus usuarios”. Esta entidad tiene más de 174.000 afiliados, la mayoría del régimen subsidiado y en Casanare.
Según la Supersalud, las reclamaciones en esta EPS se incrementaron en un 120% pasando de 1.583 a 3.440 en los periodos de enero a julio de 2023 en comparación con 2024, ubicando a la EPS en el tercer lugar en el ranking por tasas de reclamaciones año corrido entre 12 EPS de régimen subsidiado (con una tasa de 196,42).
La entidad tampoco cumplía con los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado de las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y con corte al mes de junio 2024. Para el mes julio de 2024, según la Supersalud, la EPS reportaba una siniestralidad del 107,52%, frente a los ingresos operacionales, es decir, se gastaba $107 pesos de $100 que recibía. El patrimonio de Capresoca también estaba en negativo: $- 151.391 millones, mostrando aumento en el deterioro respecto diciembre de 2023 del 20,21% ($-25.456 millones). Además, según la Supersalud, se presentaba un incremento del 66% en la interposición de tutelas contra la EPS por las dificultades en la prestación de servicios a los afiliados durante la última vigencia.
“Con esta medida, la Supersalud busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad, así como, la estructuración e implementación de soluciones que impacten positivamente, los componentes de carácter administrativo, financiero y asistencial que en su conjunto permitan superar las falencias identificadas”, señaló el superintendente, Luis Carlos Leal Angarita.
Desde esa Superintendencia insisten en tres puntos. En primer lugar, la intervención se ordena para administrar y no para liquidar. En segundo lugar, aseguran que no habrá un despido de los puestos administrativos de la EPS, excepto de su gerente general, que fue separado de su cargo. En su reemplazo, la Super designa como interventor a Yeferson Caicedo Pardo. Este tendrá un plazo de 5 días hábiles para aceptar el cargo y posesionarse del mismo. Deberá contar, además, con una Junta Asesora durante la medida de toma de posesión de bienes, haberes y negocios e intervención forzosa administrativa para administrar.
Esta junta estará conformada con algunos de los diez principales acreedores de la EPS. En tercer lugar, aseguran desde la Supersalud, los servicios de Capresoca se seguirán prestando normalmente.
Capresoca se une a un grupo de siete EPS que hoy están en manos del Gobierno. Además de Nueva EPS y Sanitas, las dos EPS más grandes del país, la Superintendencia Nacional de Salud mantiene intervenidas y bajo su control a otras cinco EPS: Asmet Salud EPS (con unos 1.6 millones de afiliados); Emsanar (1.7 millones de afiliados), Famisanar (2.9 millones de afiliados), Savia Salud (1.6 millones) y SOS (más de 750.000 afiliados). Esto significa que la Supersalud hoy controla el aseguramiento de poco más de 26 millones de colombianos.