Supersalud sancionó con 250 millones a funcionario de hospital en Ocaña
Jairo Pinzón López, exrepresentante legal del Hospital Emiro Quintero Cañízares en ese municipio del Norte de Santander, ejecutó $2.508 millones durante 2019 cuando le habían asignado $4.483. Otras irregularidades, según la Superintendencia Nacional de Salud, explican su sanción de 250 salarios mínimos. Pinzón López podrá acudir al recurso de reposición y apelación.
Negligencia en el desempeño de sus funciones e incumplimiento para ejecutar el presupuesto. Esos fueron algunos de los argumentos con que la Superintendencia Nacional de Salud sancionó a Jairo Pinzón López, exrepresentante legal de la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña (Norte de Santander), con una multa de 250 salarios mínimos legales vigentes.
Luego de una visita que la inspección de la Supersalud realizó al hospital entre el 2 y 6 de junio de 2020, se evidenciaron una serie de incumplimientos que impedían garantizar una correcta atención a la población de Ocaña y la región del Catatumbo. También se encontraron deficiencias en la información que se le suministró al equipo encargado de la auditoría.
“Pinzón López omitió su deber de velar por el cumplimiento de las condiciones mínimas que deben ser incluidas en el acuerdo de voluntades para la prestación de servicios”, declara el comunicado emitido por Supersalud.
Lea también: Más de 400 colegios cerraron temporalmente por riesgos de desastres en 2021.
¿Cuáles fueron las irregularidades?
Supersalud describió un prontuario de inconsistencias en el trabajo encabezado por Pinzón López, quien fungía como representante legal del centro de salud.
Luego de que el grupo auditor escogiera de manera aleatoria un convenio entre el hospital y la EPS Sanitas, se encontró que la capacidad instalada no correspondía con los servicios contratados. En pocas palabras, sus instalaciones no daban a basto.
Tampoco se cumplía con el modelo de atención implementado por la ESE, y no se cubrían los indicadores de calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS).
Asimismo, el exgerente falló en ejecutar el total del 5% del presupuesto establecido para 2019: de los $4.483 millones asignados, solo se ejecutaron $2.508, lo cual comprometió el mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria.
Pero esa no fue la única irregularidad reportada para 2019: Pinzón López tampoco realizó las actividades necesarias para manejar los recursos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) en la cuenta de ahorros destinada para ello.
Los estados financieros de las cuentas por cobrar, reportados en el Sistema de Gestión Hospitalaria (SIHO), tampoco coincidían con lo entregado a los auditores de la Supersalud que visitaron el Hospital de Ocaña en 2020.
Adicionalmente, se le otorgó poderes a un asociado de la cooperativa Cootrasmar CTA quien, sin ser funcionario, asistió a mesas de conciliación de cartera de flujo de recursos, realizó actas de concertación, celebró y firmó acuerdos de pago ante el Instituto Departamental de Salud y la Supersalud.
Pinzón López omitió realizar las acciones suficientes para lograr el recaudo de cartera durante la vigencia 2019. Durante la investigación quedó demostrado que apenas se recaudó un 32%, situación que refleja la falta de agilidad, eficacia, eficiencia y oportunidad en el recaudo de cartera en que incurrió la ESE.
“Cabe señalar que esta responsabilidad recae en quien ostente el cargo de representante legal, ya que como administrador de la institución era quien debía desplegar las acciones encaminadas a tal fin, para que se garantizara la solvencia del hospital y en consecuencia la adecuada prestación del servicio”, puntualiza la Supersalud en su comunicado.
También omitió la realización del análisis semestral de los indicadores de monitoreo de la calidad en salud respecto a la efectividad y de experiencia en la atención. Adicionalmente, no tuvo en cuenta los mecanismos de consolidación y análisis de la información relacionada con la gestión para la atención de accidentes de tránsito.
Por último, incumplió con su deber de implementar las herramientas tecnológicas y logísticas necesarias que permitieran la radicación, seguimiento y control de las peticiones, quejas, reclamos, y denuncias de los usuarios y la habilitación de una línea telefónica en los términos dispuestos.
Contra esta sanción de primera instancia de la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas, Jairo Pinzón López tiene el derecho a proceder al recurso de reposición y de apelación.
Negligencia en el desempeño de sus funciones e incumplimiento para ejecutar el presupuesto. Esos fueron algunos de los argumentos con que la Superintendencia Nacional de Salud sancionó a Jairo Pinzón López, exrepresentante legal de la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña (Norte de Santander), con una multa de 250 salarios mínimos legales vigentes.
Luego de una visita que la inspección de la Supersalud realizó al hospital entre el 2 y 6 de junio de 2020, se evidenciaron una serie de incumplimientos que impedían garantizar una correcta atención a la población de Ocaña y la región del Catatumbo. También se encontraron deficiencias en la información que se le suministró al equipo encargado de la auditoría.
“Pinzón López omitió su deber de velar por el cumplimiento de las condiciones mínimas que deben ser incluidas en el acuerdo de voluntades para la prestación de servicios”, declara el comunicado emitido por Supersalud.
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¿Cuáles fueron las irregularidades?
Supersalud describió un prontuario de inconsistencias en el trabajo encabezado por Pinzón López, quien fungía como representante legal del centro de salud.
Luego de que el grupo auditor escogiera de manera aleatoria un convenio entre el hospital y la EPS Sanitas, se encontró que la capacidad instalada no correspondía con los servicios contratados. En pocas palabras, sus instalaciones no daban a basto.
Tampoco se cumplía con el modelo de atención implementado por la ESE, y no se cubrían los indicadores de calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS).
Asimismo, el exgerente falló en ejecutar el total del 5% del presupuesto establecido para 2019: de los $4.483 millones asignados, solo se ejecutaron $2.508, lo cual comprometió el mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria.
Pero esa no fue la única irregularidad reportada para 2019: Pinzón López tampoco realizó las actividades necesarias para manejar los recursos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) en la cuenta de ahorros destinada para ello.
Los estados financieros de las cuentas por cobrar, reportados en el Sistema de Gestión Hospitalaria (SIHO), tampoco coincidían con lo entregado a los auditores de la Supersalud que visitaron el Hospital de Ocaña en 2020.
Adicionalmente, se le otorgó poderes a un asociado de la cooperativa Cootrasmar CTA quien, sin ser funcionario, asistió a mesas de conciliación de cartera de flujo de recursos, realizó actas de concertación, celebró y firmó acuerdos de pago ante el Instituto Departamental de Salud y la Supersalud.
Pinzón López omitió realizar las acciones suficientes para lograr el recaudo de cartera durante la vigencia 2019. Durante la investigación quedó demostrado que apenas se recaudó un 32%, situación que refleja la falta de agilidad, eficacia, eficiencia y oportunidad en el recaudo de cartera en que incurrió la ESE.
“Cabe señalar que esta responsabilidad recae en quien ostente el cargo de representante legal, ya que como administrador de la institución era quien debía desplegar las acciones encaminadas a tal fin, para que se garantizara la solvencia del hospital y en consecuencia la adecuada prestación del servicio”, puntualiza la Supersalud en su comunicado.
También omitió la realización del análisis semestral de los indicadores de monitoreo de la calidad en salud respecto a la efectividad y de experiencia en la atención. Adicionalmente, no tuvo en cuenta los mecanismos de consolidación y análisis de la información relacionada con la gestión para la atención de accidentes de tránsito.
Por último, incumplió con su deber de implementar las herramientas tecnológicas y logísticas necesarias que permitieran la radicación, seguimiento y control de las peticiones, quejas, reclamos, y denuncias de los usuarios y la habilitación de una línea telefónica en los términos dispuestos.
Contra esta sanción de primera instancia de la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas, Jairo Pinzón López tiene el derecho a proceder al recurso de reposición y de apelación.