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Luego de que se conociera que una funcionaria del Ministerio de Educación participara en la convalidación de tres títulos falsos de cirujanos plásticos, esa cartera anunció la suspensión por tres años de Leonor Herreño Aguilar, quien fue señalada por la Fiscalía por haber recibido dinero para facilitar la aprobación de los títulos de especializacion en cirugía plástica.
Según fuentes consultadas por Semana Educación, la funcionaria ya habría reconocido ante las autoridades que recibió tres pagos de 25 millones de pesos (75 millones en total) de varias universidades de la región para convalidar los títulos. Herreño, que trabajaba en el Ministerio desde hace 25 años, se enfrenta a una pena que podría ser de 20 años y tendrá que responder además a otras denuncias instauradas por el ministerio ante la Fiscalía General. (Lea: Funcionaria de Mineducación recibió $75 millones a cambio de homologar títulos exprés)
Los tres casos que hasta ahora se conocen y que la Fiscalía demostrará ante un juez son los de los cirujanos plásticos Christian Felipe Borrero Guerrero, Carlos Eduardo Calderón Carrascal y la cirujana Eliana Lourdes Mamián Cerón, quienes presuntamente incurrieron en los delitos de falsedad en documento público, cohecho y fraude procesal al presentar documentación falsa que les acreditaba haber cursado estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y la Universidad de Buenos Aires, en la capital argentina. (Lea: Fiscalía imputará cargos a tres médicos por homologación irregular de títulos decirugía plástica)
En la mañana, Ivan Lombana, director nacional de articulación de Fiscalías Especializadas, dijo que estos tres casos son los primeros a los que se les realizó un proceso de imputación. Además, afirmó que la investigación continuará pues tienen aún en su poder los expedientes de 44 médicos con títulos cuestionados que el Ministerio de Educación les suministró el mes pasado. (Lea: Un testigo clave contra los cirujanos)
Por su parte, a través de su secretario general, el Ministerio acaba de anunciar que se encuentra tramitando ante el Consejo de Estado los actos administrativos para anular esas convalidaciones.