Tapabocas con sobreprecios y algunas empresas con nexos en Panamá en contratos de COVID-19

Más de $39 billones de pesos ($10.000 millones de dólares) se ha gastado el Estado colombiano desde que el 17 de marzo el presidente Iván Duque declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Dicha declaratoria abrió la puerta para que los procesos de contratación relacionados con la emergencia sanitaria se hicieran de forma directa. A la fecha, se han celebrado más de 200.000 contratos para suministrar insumos médicos que van desde pruebas para detectar el virus y camas de cuidados intensivos hasta cubrezapatos desechables y alcohol. Con una tasa que supera los 2.200 contratos diarios en Colombia, Datasketch presenta la segunda entrega de la investigación de contratación en tiempos pandemia, coordinada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (PALTA).

Para el análisis de estos contratos se realizó una búsqueda de procesos firmados por el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), Empresas Sociales del Estado y hospitales públicos desde el 17 de marzo con las palabras “ventilador”, “respirador”, “prueba”, “reactivo”, “mascarilla”, “tapabocas” o “suministro”. De esta manera, se recopilaron los 54 procesos de mayor monto y se estudiaron algunos de ellos así como las empresas proveedoras. Con un valor total aproximado de $400.000 millones de pesos ($132 millones de dólares).

Conexión con Panamá

Entre las empresas que han contratado con el Estado y que están dentro de los 54 procesos contractuales analizados para esta investigación, seis tienen relación con empresas que se encuentran en registros públicos de Panamá. Esto, aclaramos, no es per se una conducta ilegal. Sin embargo, es un comportamiento que podría opacar los movimientos económicos de las empresas y, en ocasiones, está ligado a obtener beneficios tributarios en lo que algunos países denominan paraísos fiscales. Por más esfuerzo que hagan las autoridades tributarias, “es complicado para la DIAN obtener información sobre cuentas y movimientos de dinero en otros países”, sostiene Nathan Jaccard, editor para América Latina de la Organized and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Relacionada con Panamá y con Islas Caimán está la empresa Mindray Medical Colombia S.A.S. Esta compañía con la que MinSalud firmó un contrato de casi $16.500 millones de pesos ($3,8 millones de dólares) para la adquisición de 328 ventiladores (poco más de $50 millones de pesos ($11.000 dólares) por ventilador) tiene como único accionista a Mindray Medical Netherlands B.V. Esta última es socia de Mindray Medical Panamá S de RL, registrada en dicho país centroamericano, tiene nexos con Mindray Medical International LTD en Islas Caimán.

Otra de las empresas con un gran contrato y conexión con Panamá es Medical Pharmacy Limitada. Por un monto superior a $15.000 millones de pesos ($3 millones de dólares) fue elegida por la Gobernación del Valle del Cauca para suministrar insumos como mascarillas N95 y camas hospitalarias. Su gerente Juan Carlos Ocampo Plazas es, además, el gerente de Medical Pharmacy Panamá S.A.

Otro de los contratos firmados por MinSalud se relaciona con Amarey Nova Medical S.A para el suministro de 100 ventiladores por un monto de $12.000 millones de pesos ($3 millones de dólares). Esteban Lizarazo Lizarazo, representante legal de Amarey, y María Elena Reyna Romero, suplente del gerente, son respectivamente tesorero y directora de Deacon Assets Inc, en Panamá. El agente creador de Deacon Assets fue el bufete de abogados Mossack Fonseca, fuente de la filtración y centro de la investigación “Panama Papers”, gracias a la que se conoció un amplio esquema de compañías fantasma utilizadas para evadir impuestos en todo el mundo. Igualmente, Mossack Fonseca fue el creador de Sterner Global S.A, que a su vez es la expedidora de carga (shipper) de Oseomed S.A.S, empresa que firmó un contrato con el Hospital Regional de Sogamoso (Cundinamarca) para el suministro de mascarillas N95 por $37 millones de pesos ($9.000 dólares).

Con excepción de la última empresa mencionada, todas las compañías que revisamos y que tienen conexiones con Panamá firmaron contratos con el Estado por cifras superiores a los $1.000 millones de pesos. A propósito de estas conexiones, MinSalud le dijo a Datasketch que “el Ministerio de Salud verifica el cumplimiento de los requisitos legales. Sería una extralimitación hacer investigaciones que vayan más allá de sus competencias”, a lo que agrega que “abstenerse de firmar un contrato con empresas que cumplen con los requisitos legales sería una irregularidad, y pondría en riesgo la salud pública en un contexto de emergencia sanitaria”.

“Aunque todo sea legal, es un problema de transparencia; es como agregarle más capas a una cebolla”, asegura Jaccard sobre la dificultad en la investigación de los movimientos de estas empresas. Al tiempo, es importante hacer seguimiento de estos contratos y estas empresas, pues, según cuenta el periodista de la OCCRP, dentro de las motivaciones para crear empresas en paraísos fiscales puede estar el ocultamiento de identidad de las personas que realmente se benefician de millonarios negocios, el pago de coimas o la compra y venta de material de contrabando.

Paga dos, lleva una

Según el diario El Tiempo, el Ministerio de Defensa (MinDefensa) retiró a finales de abril de este año a los coroneles Héctor Augusto Restrepo Zuluaga, Jairo Fernando Acuña Monalo y Freddy Alberto Baquero Jaimes por sobrecostos en un contrato de $200 millones de pesos con la empresa Pacific Group Business S.A.S. En dicho contrato, los coroneles compraron tapabocas N95 por un valor de $45.000 pesos ($12 dólares), cuando su valor en el mercado no es superior a $20.000 pesos ($5,3 dólares). Con esa línea como base, Datasketch revisó los contratos en los que entidades estatales adquirieron mascarillas N95 y encontró posibles sobrecostos, incluso, similares a los que llevaron al retiro de los tres coroneles.

Una semana después de la declaratoria de emergencia, la Gobernación del Atlántico firmó un contrato por más de $9.000 millones de pesos ($2 millones de dólares) con la empresa Dacapharma S.A.S para suministro, entre otros, de mascarillas N95. La Gobernación contrató la compra de 40.000 mascarillas N95 a un costo unitario cercano a $42.000 pesos ($10,53 dólares), lo que representaría un sobrecosto de más del 100% que en el total sería de más de $800 millones de pesos ($194.000 dólares). Esto quiere decir que con el dinero que utilizó la Gobernación se podrían o bien comprar el doble de mascarillas o bien adquirir la misma cantidad con la mitad del dinero.

Datasketch recurrió a Dacapharma y la Gobernación del Atlántico para conocer su versión sobre la firma del contrato. Dacapharma, mediante su representante legal Emmanuel Medina Acuña, respondió que dado que “sobre dicha contratación se está adelantando una indagación preliminar por parte del Órgano de Control Fiscal [sic], no resulta prudente, pronunciarnos por fuera de dicha actuación, la cual esta [sic] en su fase inicial”. Acerca del representante legal de Dacapharma, vale la pena mencionar que quien aparece con ese cargo en el momento de la firma del contrato es Anelie Cue Zielcke, hija de Jacobo Cure, un gran empresario de la costa Caribe que tiene alianzas con Julio Gerlein, otro megacontratista de la región. Al momento de publicación de esta nota, la Gobernación del Atlántico no se ha pronunciado al respecto.

En esta lista de posibles sobrecostos también aparece el Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca). Su representante legal Viviana Marcela Clavijo contrató con la empresa Ingeniería de Proyectos y Suministros Alfaro, cuyo representante legal es Diego Fernando Cortázar Hernández, para el aprovisionamiento de mascarillas N95 por un costo unitario de $30.000 pesos ($7,5 dólares), sin especificación de cantidad. Igualmente, la Alcaldía de Villavieja (Huila) adquirió las mascarillas a $25.000 pesos ($6,2 dólares) en un contrato con Grupo Constructor SP S.A.S, y el Hospital de Sogamoso (Cundinamarca) que las compró a la empresa Oseomed S.A.S por casi $25.000 pesos ($6,2 dólares) la unidad.

Finalmente, en el contrato de la Gobernación del Valle del Cauca con la empresa Medical Pharmacy Limitada, mencionada anteriormente en este artículo por sus conexiones con empresas en Panamá e Islas Caimán, aparece la compra de 400.000 mascarillas N95 a un costo unitario aproximado de $24.500 pesos ($6 dólares), lo que representa un sobrecosto superior al 20%.

De acuerdo con cotizaciones y contratos de los años 2018 y 2019, las mascarillas N95 tenían un valor aproximado de $2.800 pesos ($ 0,7 dólares). Este precio, contrastado con el promedio de contratos analizados para esta nota ($17.883 ($ 4,8 dólares)) evidencia un incremento del 523% en este producto. Ahora bien, es clave mencionar que si bien el precio de las mascarillas ha podido aumentar debido a la demanda, ha habido entidades del Estado que han podido abastecerse de este tipo de insumos o al menos contratar su compra por precios inferiores a los $20.000 pesos ($5,35 dólares). Por ejemplo, mientras el 21 de abril el Hospital San Rafael de Cáqueza contrató la compra de mascarillas a $30.000 pesos ($7,56 dólares), al día siguiente, el Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca) las adquirió a $15.800 ($3,9 dólares).

A propósito de los nexos con empresas en Panamá de aquellas compañías que han contratado con el Estado durante el estado de estado de emergencia y los posibles sobrecostos a los que se les abrió la puerta con los procesos de contratación directa, es importante mencionar que los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) han anunciado aperturas en investigaciones por irregularidades en los contratos de Colombia. Las organizaciones de la sociedad civil seguimos haciendo veeduría de la información disponible.

*Este reportaje forma parte de una investigación regional liderada por la red PALTA, integrada por La Diaria (Uruguay), Ojo Público (Perú), Datasketch (Colombia), La Nación (Argentina), Poder (México) y Ojo con mi Pisto (Guatemala) y El Faro (El Salvador). Apoyada en parte por Hivos y Open Contracting. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta.

** Fuentes de información de registros públicos de Panamá y otros países: Panadata, Open Corporates y Offshore Leaks Database.

Más de $39 billones de pesos ($10.000 millones de dólares) se ha gastado el Estado colombiano desde que el 17 de marzo el presidente Iván Duque declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Dicha declaratoria abrió la puerta para que los procesos de contratación relacionados con la emergencia sanitaria se hicieran de forma directa. A la fecha, se han celebrado más de 200.000 contratos para suministrar insumos médicos que van desde pruebas para detectar el virus y camas de cuidados intensivos hasta cubrezapatos desechables y alcohol. Con una tasa que supera los 2.200 contratos diarios en Colombia, Datasketch presenta la segunda entrega de la investigación de contratación en tiempos pandemia, coordinada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (PALTA).

Para el análisis de estos contratos se realizó una búsqueda de procesos firmados por el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), Empresas Sociales del Estado y hospitales públicos desde el 17 de marzo con las palabras “ventilador”, “respirador”, “prueba”, “reactivo”, “mascarilla”, “tapabocas” o “suministro”. De esta manera, se recopilaron los 54 procesos de mayor monto y se estudiaron algunos de ellos así como las empresas proveedoras. Con un valor total aproximado de $400.000 millones de pesos ($132 millones de dólares).

Conexión con Panamá

Entre las empresas que han contratado con el Estado y que están dentro de los 54 procesos contractuales analizados para esta investigación, seis tienen relación con empresas que se encuentran en registros públicos de Panamá. Esto, aclaramos, no es per se una conducta ilegal. Sin embargo, es un comportamiento que podría opacar los movimientos económicos de las empresas y, en ocasiones, está ligado a obtener beneficios tributarios en lo que algunos países denominan paraísos fiscales. Por más esfuerzo que hagan las autoridades tributarias, “es complicado para la DIAN obtener información sobre cuentas y movimientos de dinero en otros países”, sostiene Nathan Jaccard, editor para América Latina de la Organized and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Relacionada con Panamá y con Islas Caimán está la empresa Mindray Medical Colombia S.A.S. Esta compañía con la que MinSalud firmó un contrato de casi $16.500 millones de pesos ($3,8 millones de dólares) para la adquisición de 328 ventiladores (poco más de $50 millones de pesos ($11.000 dólares) por ventilador) tiene como único accionista a Mindray Medical Netherlands B.V. Esta última es socia de Mindray Medical Panamá S de RL, registrada en dicho país centroamericano, tiene nexos con Mindray Medical International LTD en Islas Caimán.

Otra de las empresas con un gran contrato y conexión con Panamá es Medical Pharmacy Limitada. Por un monto superior a $15.000 millones de pesos ($3 millones de dólares) fue elegida por la Gobernación del Valle del Cauca para suministrar insumos como mascarillas N95 y camas hospitalarias. Su gerente Juan Carlos Ocampo Plazas es, además, el gerente de Medical Pharmacy Panamá S.A.

Otro de los contratos firmados por MinSalud se relaciona con Amarey Nova Medical S.A para el suministro de 100 ventiladores por un monto de $12.000 millones de pesos ($3 millones de dólares). Esteban Lizarazo Lizarazo, representante legal de Amarey, y María Elena Reyna Romero, suplente del gerente, son respectivamente tesorero y directora de Deacon Assets Inc, en Panamá. El agente creador de Deacon Assets fue el bufete de abogados Mossack Fonseca, fuente de la filtración y centro de la investigación “Panama Papers”, gracias a la que se conoció un amplio esquema de compañías fantasma utilizadas para evadir impuestos en todo el mundo. Igualmente, Mossack Fonseca fue el creador de Sterner Global S.A, que a su vez es la expedidora de carga (shipper) de Oseomed S.A.S, empresa que firmó un contrato con el Hospital Regional de Sogamoso (Cundinamarca) para el suministro de mascarillas N95 por $37 millones de pesos ($9.000 dólares).

Con excepción de la última empresa mencionada, todas las compañías que revisamos y que tienen conexiones con Panamá firmaron contratos con el Estado por cifras superiores a los $1.000 millones de pesos. A propósito de estas conexiones, MinSalud le dijo a Datasketch que “el Ministerio de Salud verifica el cumplimiento de los requisitos legales. Sería una extralimitación hacer investigaciones que vayan más allá de sus competencias”, a lo que agrega que “abstenerse de firmar un contrato con empresas que cumplen con los requisitos legales sería una irregularidad, y pondría en riesgo la salud pública en un contexto de emergencia sanitaria”.

“Aunque todo sea legal, es un problema de transparencia; es como agregarle más capas a una cebolla”, asegura Jaccard sobre la dificultad en la investigación de los movimientos de estas empresas. Al tiempo, es importante hacer seguimiento de estos contratos y estas empresas, pues, según cuenta el periodista de la OCCRP, dentro de las motivaciones para crear empresas en paraísos fiscales puede estar el ocultamiento de identidad de las personas que realmente se benefician de millonarios negocios, el pago de coimas o la compra y venta de material de contrabando.

Paga dos, lleva una

Según el diario El Tiempo, el Ministerio de Defensa (MinDefensa) retiró a finales de abril de este año a los coroneles Héctor Augusto Restrepo Zuluaga, Jairo Fernando Acuña Monalo y Freddy Alberto Baquero Jaimes por sobrecostos en un contrato de $200 millones de pesos con la empresa Pacific Group Business S.A.S. En dicho contrato, los coroneles compraron tapabocas N95 por un valor de $45.000 pesos ($12 dólares), cuando su valor en el mercado no es superior a $20.000 pesos ($5,3 dólares). Con esa línea como base, Datasketch revisó los contratos en los que entidades estatales adquirieron mascarillas N95 y encontró posibles sobrecostos, incluso, similares a los que llevaron al retiro de los tres coroneles.

Una semana después de la declaratoria de emergencia, la Gobernación del Atlántico firmó un contrato por más de $9.000 millones de pesos ($2 millones de dólares) con la empresa Dacapharma S.A.S para suministro, entre otros, de mascarillas N95. La Gobernación contrató la compra de 40.000 mascarillas N95 a un costo unitario cercano a $42.000 pesos ($10,53 dólares), lo que representaría un sobrecosto de más del 100% que en el total sería de más de $800 millones de pesos ($194.000 dólares). Esto quiere decir que con el dinero que utilizó la Gobernación se podrían o bien comprar el doble de mascarillas o bien adquirir la misma cantidad con la mitad del dinero.

Datasketch recurrió a Dacapharma y la Gobernación del Atlántico para conocer su versión sobre la firma del contrato. Dacapharma, mediante su representante legal Emmanuel Medina Acuña, respondió que dado que “sobre dicha contratación se está adelantando una indagación preliminar por parte del Órgano de Control Fiscal [sic], no resulta prudente, pronunciarnos por fuera de dicha actuación, la cual esta [sic] en su fase inicial”. Acerca del representante legal de Dacapharma, vale la pena mencionar que quien aparece con ese cargo en el momento de la firma del contrato es Anelie Cue Zielcke, hija de Jacobo Cure, un gran empresario de la costa Caribe que tiene alianzas con Julio Gerlein, otro megacontratista de la región. Al momento de publicación de esta nota, la Gobernación del Atlántico no se ha pronunciado al respecto.

En esta lista de posibles sobrecostos también aparece el Hospital San Rafael de Cáqueza (Cundinamarca). Su representante legal Viviana Marcela Clavijo contrató con la empresa Ingeniería de Proyectos y Suministros Alfaro, cuyo representante legal es Diego Fernando Cortázar Hernández, para el aprovisionamiento de mascarillas N95 por un costo unitario de $30.000 pesos ($7,5 dólares), sin especificación de cantidad. Igualmente, la Alcaldía de Villavieja (Huila) adquirió las mascarillas a $25.000 pesos ($6,2 dólares) en un contrato con Grupo Constructor SP S.A.S, y el Hospital de Sogamoso (Cundinamarca) que las compró a la empresa Oseomed S.A.S por casi $25.000 pesos ($6,2 dólares) la unidad.

Finalmente, en el contrato de la Gobernación del Valle del Cauca con la empresa Medical Pharmacy Limitada, mencionada anteriormente en este artículo por sus conexiones con empresas en Panamá e Islas Caimán, aparece la compra de 400.000 mascarillas N95 a un costo unitario aproximado de $24.500 pesos ($6 dólares), lo que representa un sobrecosto superior al 20%.

De acuerdo con cotizaciones y contratos de los años 2018 y 2019, las mascarillas N95 tenían un valor aproximado de $2.800 pesos ($ 0,7 dólares). Este precio, contrastado con el promedio de contratos analizados para esta nota ($17.883 ($ 4,8 dólares)) evidencia un incremento del 523% en este producto. Ahora bien, es clave mencionar que si bien el precio de las mascarillas ha podido aumentar debido a la demanda, ha habido entidades del Estado que han podido abastecerse de este tipo de insumos o al menos contratar su compra por precios inferiores a los $20.000 pesos ($5,35 dólares). Por ejemplo, mientras el 21 de abril el Hospital San Rafael de Cáqueza contrató la compra de mascarillas a $30.000 pesos ($7,56 dólares), al día siguiente, el Hospital San Rafael de Fusagasugá (Cundinamarca) las adquirió a $15.800 ($3,9 dólares).

A propósito de los nexos con empresas en Panamá de aquellas compañías que han contratado con el Estado durante el estado de estado de emergencia y los posibles sobrecostos a los que se les abrió la puerta con los procesos de contratación directa, es importante mencionar que los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) han anunciado aperturas en investigaciones por irregularidades en los contratos de Colombia. Las organizaciones de la sociedad civil seguimos haciendo veeduría de la información disponible.

*Este reportaje forma parte de una investigación regional liderada por la red PALTA, integrada por La Diaria (Uruguay), Ojo Público (Perú), Datasketch (Colombia), La Nación (Argentina), Poder (México) y Ojo con mi Pisto (Guatemala) y El Faro (El Salvador). Apoyada en parte por Hivos y Open Contracting. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta.

** Fuentes de información de registros públicos de Panamá y otros países: Panadata, Open Corporates y Offshore Leaks Database.