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Tenemos que hablar de medicamentos para abortar

Un comunicado emitido por el Invima que advertía sobre la venta de misoprostol fraudulento, reveló el complejo mercado que hay detrás de uno de los fármacos más usados para abortar de manera segura.

02 de octubre de 2021 - 02:00 a. m.
En Colombia, el 60 % de la mortalidad materna se concentra en el 50 % de las más pobres. Sobra decir que el uso de misoprostol está permitido y avalado.  / Víctor Caivano
En Colombia, el 60 % de la mortalidad materna se concentra en el 50 % de las más pobres. Sobra decir que el uso de misoprostol está permitido y avalado. / Víctor Caivano
Foto: AP - Victor R. Caivano
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Doce días antes del Día Global por el Aborto Libre, que se celebra el 28 de septiembre, el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió un comunicado en donde advierte que identificó “actividad publicitaria y de comercialización relacionada con el medicamento Cytotec”. La razón es que este producto no tiene registro sanitario; por eso es fraudulento, y su publicidad y comercialización están prohibidas en Colombia. (Lea: Colombia les falló a más de 30.000 mujeres al negarles un aborto en 2020)

Cytotec es el más conocido de los nombres comerciales del misoprostol, un compuesto al que millones de mujeres del mundo acuden para inducir abortos seguros y efectivos, si se consume en la dosis y las vías de administración correctas.

La Organización Mundial de la Salud lo lista como un medicamento esencial, específicamente en protocolos de aborto seguro (junto a la mifepristona, un compuesto exclusivo para procesos de aborto que está disponible en Colombia solo en hospitales), y lo considera preferible a otros como las aspiraciones manuales endouterinas o los legrados, especialmente en países en donde los servicios de salud son precarios (como este). En la comunicación del Invima de la semana pasada se clasifica a Oriéntame para decidir como una plataforma de comercio electrónico de Cytotec. Lo curioso es que ninguno de los links que adjuntan dicen que Oriéntame lo vende, solo dice que está aprobado para su uso en Colombia, al igual que el Cytil o el Mediprist (que es como se conoce al “combo” entre mifepristona y misoprostol).

Según María Vivas, directora de Oriéntame, la inclusión de la palabra Cytotec es estratégica: “Prestamos un servicio de salud en donde incluimos la administración de medicamentos, no los vendemos y eso es un error grande de ese comunicado. Tampoco usamos Cytotec, pero incluimos esa palabra en nuestra página porque es uno de los términos más buscados en Google cuando se busca cómo abortar. Uno de nuestros objetivos es entregar información a mujeres y cuerpos gestantes sobre aborto seguro, y por eso incluimos esa palabra”.

El misoprostol usado en Oriéntame, según explica, es abastecido por Laboratorios Lafrancol con el nombre Industol, y tiene registro sanitario, pero no es Cytotec. Aunque es el nombre más conocido, Cytotec no tiene registro sanitario en Colombia porque Pfizer, el laboratorio titular, retiró el registro comercial en 2014. Por eso se considera fraudulenta su presencia en Colombia.

Guillermo Pérez, director de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, dice que “el motivo de nuestra alerta es porque identificamos, con denuncias que nos llegaron, que ese producto, con esa marca, que era de Pfizer, se estaba comercializando en páginas web, a través de mensajes de texto y de WhatsApp. A través de su página web [la de Oriéntame] sí se estaba promocionando un producto con el nombre de Cytotec. No tendría por qué hacerlo. Cytotec no tiene registro sanitario y nuestra tarea como agencia sanitaria es advertir cuando eso sucede. Es nuestra función. El año pasado emitimos una alerta similar”.

Pero el asunto de fondo va más allá de un desacuerdo entre Oriéntame e Invima (que además revive cada tanto, por la misma razón). Está en tensión la aplicación de las regulaciones al pie de la letra versus la realidad de las mujeres que quieren abortar y usan la herramienta más obvia que tienen a la mano: Google, y que en su inmensa mayoría abortan por fuera del sistema de salud con medicamentos que pueden o no estar en buenas condiciones o ser del todo reales.

Los líos con la franja violeta

Sería iluso creer que el uso de misoprostol como medicamento abortivo ha estado exento de polémica en Colombia. Aunque desde 2001 es considerado un medicamento de control especial, en 2012 fue incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS). En respuesta, la Conferencia Episcopal interpuso una demanda ante el Consejo de Estado porque, en su concepto, su uso “era un atentado contra la vida”, y la entidad falló ese mismo año diciendo que el misoprostol se quedaba en el POS, pero con controles especiales. Así, el Invima le puso al misoprostol la franja violeta (que se aplica a medicamentos de control especial). (Puede leer: Así fue como el Congreso hundió el proyecto que buscaba prohibir el aborto)

Aquí está la pepa del asunto: según las regulaciones colombianas, la franja violeta indica que un medicamento puede llevar a usos ilícitos, crean dependencia o adicción y tienen efectos psicotrópicos o tiene potencial de abuso, por lo que el Estado debe fiscalizarlos y aumentar los controles para evitar “malos usos”. Así, el misoprostol quedó listado como un “compuesto altamente adictivo” al lado de los opioides como el fentanil (causa reciente de miles de muertes en Estados Unidos), de las benzodiazepinas como el lorazepam, la morfina o la metadona.

En su momento, Luz Helena Franco Chaparro, directora de Medicamentos y Productos y Biológicos, explicó que en el fallo se solicita “que los productos con principio activo misoprostol deben, independientemente de causar dependencia o no, tener en sus etiquetas o empaques la franja de color violeta de conformidad con el artículo 73 del Decreto 677 de 1995”, y que por eso habían tomado esa decisión.

“Como médicas aumentaba el papeleo y en una farmacia igual: les pedían a las mujeres sus datos, su cédula, su dirección. Eso evidentemente desincentivó a muchas, que terminan comprando misoprostol en el mercado ilegal. Si el anonimato es una barrera para acceder a este servicio, el sistema de salud debería garantizarlo”, explica Laura Gil, ginecobstetra y miembro de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog). (Oriéntame dice que no vende pastillas abortivas sin registro sanitario del Invima)

El Ministerio de Salud incluso envió una carta al Invima para que los medicamentos que tuvieran el principio activo misoprostol cambiaran su condición de “medicamentos de control” a “medicamentos bajo fórmula médica” reuniendo los conceptos técnicos de Fecolsog, la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (Flasog), y el Grupo de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Nacional de Colombia.

Entre las razones que adujeron para retirar la franja estaba que el misoprostol también es usado en medicina obstétrica para evitar la muerte materna en partos, dado que el principal efecto es que provoca contracciones en el útero haciéndolo reaccionar y deteniendo así una posible hemorragia posparto. Reduce la mortalidad materna, pues induce el trabajo de parto y es vital para manejar abortos espontáneos e interrumpir embarazos.

Después de vaivenes en conceptos técnicos, en 2015 el Invima le quitó la franja violeta al misoprostol, permitiendolo bajo fórmula médica. “Limitar el acceso a las pastillas obligaría a muchas mujeres a buscar en la oferta clandestina sin ninguna garantía médica o recurrir a métodos más invasivos en condiciones de insalubridad”, dijo Oriéntame en su momento. Pero según dos ginecólogas que consultamos para este artículo y prefieren mantener su anonimato, los efectos aún persisten en el imaginario colectivo porque muchas mujeres creen que el aborto es ilegal en Colombia (y no lo es), aún piensan que deben entregar sus datos cuando compran el medicamento en farmacias y los farmaceutas optan por no vender misoprostol, porque prefieren ahorrarse el papeleo o también creen que el aborto es ilegal.

El Espectador trató de comunicarse con algunos de los otros 38 vendedores que aparecen en la lista del Invima junto a Oriéntame. Todos promocionan el Cytotec, pero se desconoce de dónde salen las pastillas que comercializan (hay rumores de que lo traen de otros países en donde este medicamento sí tiene registro, como Ecuador o Perú), si usan una estrategia similar a la de Oriéntame (o sea escribir “Cytotec” para subir en las búsquedas en Google y vender otros misoprostoles que sí tienen registro sanitario en Colombia, como el Industol o el Cytil), o si son del todo falsos, hechos con arena o aspirina. Aunque debería, el Invima no tiene información al respecto, solo informa que son fraudulentos porque se promociona un medicamento sin registro sanitario en internet. Y en hora buena, advierte que a los medicamentos sin registro sanitario no se les puede hacer seguimiento ni control sobre calidad, eficacia, condiciones de almacenamiento o distribución. (Lea también: Aborto en el mundo: ¿En qué países es un delito y cuáles buscan despenalizarlo?)

“Pueden estar vendiendo Cytotec de contrabando y eso es un problema porque si no están bien conservadas pierden el 30 % del principio activo de la molécula. Puede que no sean falsificaciones, pero no sabes cómo han sido almacenadas y eso. También está la posibilidad de que vendan tabletas blancas con aspirina o harina, que es muy común. Pero en un plano lógico, una pastilla realmente vale $2.000; es más caro ponerse a falsearlas que venderlas a $90.000. Quienes estafan es porque quieren estafar”, dice la ginecóloga Laura Gil, cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, miembro del Comité de Aborto Seguro y de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

“El Invima está haciendo un buen trabajo, el problema sería usar marcas comerciales para enganchar. Si por ejemplo una persona ve que supuestamente se usa Cytotec en Oriéntame, pero va y lo compra en el mercado negro, no va a tener el respaldo de un centro de salud y puede ser complejo”, dijeron algunos funcionarios de logística y medicamentos de Profamilia a este diario.

Al aborto no le cabe una barrera más

En todo caso, sí es cierto que, fuera de los centros hospitalarios y las farmacias (que envían papeles y se les hacen controles sanitarios periódicos), no está muy claro de dónde sale la mayoría del misoprostol que se comercializa en Colombia, sobre todo si tenemos en cuenta que de las 400.000 mujeres que abortan al año (según cifras del Instituto Guttmacher), solo el 0,9 % lo hacen amparadas en las causales. Es decir que el 99,9 % de quienes abortan en Colombia lo hacen en la clandestinidad, sin asistir a un centro de salud y, por tanto, sin fórmula médica. De ellas no sabemos qué método usan, aunque el más obvio (por ser más barato, seguro y efectivo) son las pastillas, tanto en centros de salud como fuera de ellos. Oriéntame, por ejemplo, hace unos 10.000 procedimientos al año y en el 70 % usan medicamentos.

Precisamente, el Instituto Guttmacher y Oriéntame publicaron un estudio en diciembre de 2020 que pasó de agache sobre el acceso y uso informal de misoprostol en Colombia basado en dos estudios: el primero (de 2017) está basado en 558 interacciones entre vendedores de medicamentos y mujeres que se hacían pasar por clientas que buscaban misoprostol sin fórmula médica en farmacias de Bogotá, Manizales, Armenia y Pereira. El segundo, de 2018, está basado en entrevistas en profundidad en dos clínicas (una en Bogotá y otra en el Eje Cafetero) con 47 mujeres que habían intentado inducir un aborto con misoprostol obtenido informalmente (vendedor en línea, farmacia sin fórmula médica o vendedor ambulante).

Para el caso de las mujeres incógnitas, una sexta parte les ofreció vendérselos sin fórmula médica y les dio algunas instrucciones. Cuatro de cada diez las remitieron a instituciones de salud y solo dos quintas partes informaron bien sobre la dosis recomendada y los síntomas. Solo el 10 % de los vendedores mencionaron espontáneamente el efecto físico más frecuente del medicamento (sangrado prolongado), y solo el 35 % lo mencionó después de que la clienta preguntara si sangraría. La conclusión es que los vendedores de medicamentos proporcionan información mínima sobre cómo usar de manera segura el misoprostol.

En cuanto a las mujeres que buscaron atención médica después de haber abortado con misoprostol obtenido de manera informal, a la mayoría les habían vendido de cuatro a seis pastillas de 200 mcg (una dosis incompleta), la mayoría de las que compraron en farmacias recibieron inyecciones dolorosas e innecesarias, y una minoría recibió información sobre los efectos físicos esperables y un número aun menor recibió información sobre posibles complicaciones que podrían requerir atención médica.

De las entrevistadas, solo nueve indujeron con éxito su aborto, y según el estudio, no poder completarlos se pudo haber debido a las dosis y vías de administración, o por tabletas de misoprostol falsas o vencidas. Y este es el asunto: el diagnóstico sobre qué fue lo que pasó se escapa, no es claro exactamente por qué y tampoco se sabe cuánto de ese mercado informal llega a manos de las mujeres que quieren abortar.

La recomendación del Guttmacher es que, además de optimizar el acceso a servicios de aborto seguro, “se podría mejorar la experiencia de las mujeres con el uso de misoprostol mediante la amplia difusión de información sobre ello (cómo usarlo, qué esperar después de tomarlo y cómo identificar las complicaciones)”. Mejor dicho, la solución más inmediata es compartir información sobre el uso de misoprostol especialmente con las mujeres y con vendedores del fármaco.

“El tratamiento ideal es mifepristona con misoprostol para asegurar una tasa de éxito en interrupciones del embarazo, pues hay menos sangrado y menos dolor. El misoprostol solito da tasas de efectividad del 85 %, entonces es importante que las mujeres tengan acceso a ese servicio de calidad completo y con información suficiente. Es una tarea pendiente”, dice el grupo de Profamilia. (Puede leer: Los detalles del nuevo “round” del aborto en la Corte Constitucional)

“Lo que preocupa de este asunto con el Invima no es que sea más papeleo para nosotras o algo así, sino que genera desinformación en las usuarias, refuerza el estigma de que el aborto autogestionado es fatal y el estigma de que es ilegal. Las mujeres son empujadas a los mercados no formales y pueden encontrarse gran variedad de circunstancias y así como hay grupos muy responsables en la entrega de información sobre este tema, hay gente que vende medicamentos falsos en Transmilenio. Se confunde delito con derecho una vez más”, dice Vivas.

*Si requiere información sobre aborto seguro puede contactar a Profamilia, Oriéntame, Las Parceras Colombia, Safe2Choose o IWHC.

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com

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