Un grupo de congresistas presenta nueva propuesta para cambiar reforma a la salud

Los y las congresistas Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Daniel Carvalho, Cathy Juvinao, Katherine Miranda, Cristian Avendaño, Alejandro García y Juan Sebastián Gómez presentaron este lunes, a punto de que se retome el segundo debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, un pliego de modificaciones al proyecto del Gobierno, con la advertencia de que si no se incluyen, no podrán apoyar el proyecto. Esto sucede después de que los congresistas no hayan podido llegar a acuerdos en los aspectos que más generan debate en la comisión accidental, que terminó hace unos días.

“Acudimos a la Comisión Accidental con la genuina intención de lograr un acuerdo político que nos permitiera tener una Reforma a la Salud concertada, que resolviera los principales problemas del sistema”, dice la carta que enviaron los congresistas, y aunque reconocen que se llegó a algunos consensos y se mejoró la redacción y precisión en general del articulado, dicen que “lastimosamente, no llegamos a un acuerdo frente a los temas gruesos y más preocupantes de la reforma”. Entre esos puntos, agregan, están el rol de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), el papel en el nuevo modelo que tendrían las Gestoras de Salud y Vida (hoy EPS), la ADRES y las entidades territoriales, y lo que llaman protección financiera del sistema, además de los costos de la reforma y el régimen de transición.

En esa línea, entonces, los congresistas proponen puntos para cambiar esos aspectos del proyecto del Gobierno. En primer lugar, las modificaciones buscan que la responsabilidad sobre el usuario, es decir, quien coordina cómo “navega” cualquier colombiano por el sistema de salud, sea responsabilidad únicamente de las de las EPS, transformadas a Gestoras de Salud y Vida, “reconociendo la capacidad instalada, conocimiento y experiencia acumulada en la gestión del riesgo en salud y operativo”. Algo similar a lo que sucede hoy.

Esto lo que implica, explican los congresistas, es que las Gestoras tengan la responsabilidad de la afiliación, la representación del usuario en los distintos niveles del sistema, la asignación de sus afiliados a los Centros de Atención Primaria en Salud, la conformación de las redes integrales e integradas de servicios y la auditoría de cuentas y facturas. Esto va en contra de la intención del Gobierno que en cada uno de esos puntos delega la responsabilidad en entidades del Estado, ya sea la Adres, el Ministerio de Salud o las entidades territoriales de salud. (Puede ver: Fecode exige que su régimen especial de salud no se reforme)

Los congresistas están de acuerdo con el giro directo a los prestadores por parte de la ADRES, la eliminación de la intermediación financiera por parte de las aseguradoras y en que se prohíba la integración vertical para las nuevas Gestoras de Salud y Vida en el segundo y tercer nivel.

En lo que no están de acuerdo, sin embargo, es el tiempo de transición del proyecto del Gobierno, que está actualmente en dos años. Los congresistas proponen que ese tiempo “no debería estar a un plazo específico, sino a la transformación del arreglo institucional en cada una de las funciones de los actores, y a la verificación viable del cumplimiento de las condiciones necesarias para cumplir la transición”.

Finalmente, le piden a los ponentes y al Ministerio de Hacienda clarificar las dudas y presentar un análisis alrededor de cuánto costará poner a marchar el nuevo modelo de salud.

Los y las congresistas Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Daniel Carvalho, Cathy Juvinao, Katherine Miranda, Cristian Avendaño, Alejandro García y Juan Sebastián Gómez presentaron este lunes, a punto de que se retome el segundo debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, un pliego de modificaciones al proyecto del Gobierno, con la advertencia de que si no se incluyen, no podrán apoyar el proyecto. Esto sucede después de que los congresistas no hayan podido llegar a acuerdos en los aspectos que más generan debate en la comisión accidental, que terminó hace unos días.

“Acudimos a la Comisión Accidental con la genuina intención de lograr un acuerdo político que nos permitiera tener una Reforma a la Salud concertada, que resolviera los principales problemas del sistema”, dice la carta que enviaron los congresistas, y aunque reconocen que se llegó a algunos consensos y se mejoró la redacción y precisión en general del articulado, dicen que “lastimosamente, no llegamos a un acuerdo frente a los temas gruesos y más preocupantes de la reforma”. Entre esos puntos, agregan, están el rol de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), el papel en el nuevo modelo que tendrían las Gestoras de Salud y Vida (hoy EPS), la ADRES y las entidades territoriales, y lo que llaman protección financiera del sistema, además de los costos de la reforma y el régimen de transición.

En esa línea, entonces, los congresistas proponen puntos para cambiar esos aspectos del proyecto del Gobierno. En primer lugar, las modificaciones buscan que la responsabilidad sobre el usuario, es decir, quien coordina cómo “navega” cualquier colombiano por el sistema de salud, sea responsabilidad únicamente de las de las EPS, transformadas a Gestoras de Salud y Vida, “reconociendo la capacidad instalada, conocimiento y experiencia acumulada en la gestión del riesgo en salud y operativo”. Algo similar a lo que sucede hoy.

Esto lo que implica, explican los congresistas, es que las Gestoras tengan la responsabilidad de la afiliación, la representación del usuario en los distintos niveles del sistema, la asignación de sus afiliados a los Centros de Atención Primaria en Salud, la conformación de las redes integrales e integradas de servicios y la auditoría de cuentas y facturas. Esto va en contra de la intención del Gobierno que en cada uno de esos puntos delega la responsabilidad en entidades del Estado, ya sea la Adres, el Ministerio de Salud o las entidades territoriales de salud. (Puede ver: Fecode exige que su régimen especial de salud no se reforme)

Los congresistas están de acuerdo con el giro directo a los prestadores por parte de la ADRES, la eliminación de la intermediación financiera por parte de las aseguradoras y en que se prohíba la integración vertical para las nuevas Gestoras de Salud y Vida en el segundo y tercer nivel.

En lo que no están de acuerdo, sin embargo, es el tiempo de transición del proyecto del Gobierno, que está actualmente en dos años. Los congresistas proponen que ese tiempo “no debería estar a un plazo específico, sino a la transformación del arreglo institucional en cada una de las funciones de los actores, y a la verificación viable del cumplimiento de las condiciones necesarias para cumplir la transición”.

Finalmente, le piden a los ponentes y al Ministerio de Hacienda clarificar las dudas y presentar un análisis alrededor de cuánto costará poner a marchar el nuevo modelo de salud.