Una ‘revolucionaria’ propuesta para que el planeta acceda a una vacuna para el COVID-19

Si no hay ningún contratiempo de última hora, mientras usted está leyendo este artículo y es 15 de octubre, en Ginebra, Suiza, se está llevando a cabo una reunión que podría cambiar las reglas del juego para acceder a una vacuna o tratamiento para el COVID-19. En caso de que tuviese luz verde esa propuesta, que está siendo discutida por los países que hacen parte de la Organización Mundial del Comercio, el camino para poder adquirir alguno de estos fármacos tendría menos obstáculos. “Es algo verdaderamente excepcional”, dice Germán Velásquez. “No tiene precedentes”. (Lea Vacuna para el COVID-19: una promesa a medio camino)

Velásquez habla desde Ginebra. Es colombiano y es el subdirector del South Centre, una entidad intergubernamental que asesora a los países en desarrollo en temas de propiedad intelectual, salud pública y acceso a medicamentos. A sus ojos, la propuesta que se está discutiendo hoy y que, probablemente, continuará debatiéndose mañana viernes, es histórica. Sin embargo, es franco: “No soy optimista. Es muy difícil que sea aprobada”.

En palabras sencillas, lo que se está discutiendo es una petición que a principios de octubre hicieron los gobiernos de India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio (OMC). En una breve carta, le solicitaron que permita que los países no cumplir con las estrictas normas de propiedad intelectual en el caso de los medicamentos y otras tecnologías relacionadas con el COVID-19. Así, por ejemplo, los laboratorios dueños de una patente no tendrían, al menos por ahora, el derecho exclusivo para explotar un fármaco comercialmente relacionado con el coronavirus. Es decir, explica Velásquez, cualquier país podría producir uno de estos medicamentos y no tendría ninguna sanción.

En términos más específicos, India y Sudáfrica pedían una exención a unos puntos del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (Adpic), un convenio firmado en los años 90, donde se establecieron los principios básicos de la propiedad intelectual que debían cumplir los países.

“Es histórico e inédito. Es uno de los esfuerzos más grandes para hacerle frente a la barrera de propiedad intelectual en la pandemia. Nunca en la historia de la OMC ha habido una movida para suspender un tratado internacional”, dice Carolina Gómez, investigadora y fundadora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional.

La propuesta, que es discutida hoy por el consejo del Adpic, ha sido acogida por una gran cantidad de ONG, institutos y universidades de diferentes partes del mundo. En otra carta, 379 organizaciones reiteraron su apoyo e hicieron un llamado a los miembros de la OMC para que adoptaran la iniciativa.

Su lista de argumentos es extensa: “Siete meses después del inicio de la pandemia, no existe aún una solución política global significativa para asegurar el acceso. En cambio, hay una desigualdad de acceso a las tecnologías críticas que se necesitan para hacer frente a la pandemia”, escribieron en un apartado. En otro recordaban que “las naciones ricas, que representan sólo el 13% de la población mundial, han bloqueado al menos la mitad del suministro potencial de vacunas del mundo” y que “el Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19, creado por la OMS (para compartir voluntariamente conocimientos, propiedad intelectual y datos), ha sido rechazado por la industria farmacéutica. En su lugar, las empresas siguen firmando acuerdos de licencia secretos y restrictivos”.

Para los firmantes el asunto era sencillo. Simplemente, escriben, los presupuestos de salud de muchos países no alcanzan para pagar los productos médicos de COVID-19 de alto precio. “En una pandemia mundial en la que todos los países se ven afectados, necesitamos una solución mundial”, señalaban. Adoptar esta iniciativa, reiteraban, “permite una solución mundial expedita, abierta y automática para permitir la colaboración ininterrumpida en el desarrollo, la producción y el suministro, y para abordar colectivamente el desafío mundial que enfrentan todos los países”.

La Universidad Nacional, la Fundación Ifarma, Médicos Sin Marca, Misión Salud y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, son unas de las organizaciones colombianas que apoyan la idea. También están el Health Global Access Project, Médicos sin fronteras, Oxfam, People’s Vaccine Alliance, la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM), Center for Policy Analysis on Trade and Health (EE.UU.), Global Justice Now (Reino Unido) y Universities Allied for Essential Medicines, por solo mencionar otras.

“Durante la pandemia, los gobiernos han tenido que lidiar con las barreras de propiedad intelectual de productos esenciales como máscaras, válvulas de ventilación y reactivos para kits de prueba”, señaló hace unos días en un comunicado Médicos Sin Fronteras. “Instamos a todos los gobiernos a que apoyen este movimiento para asegurarse de que se prioricen las vidas humanas y de que los países puedan abordar esta pandemia ampliando todas las herramientas médicas de COVID-19 que existen”.

Pero pese al apoyo y a que todas las miradas del mundo del acceso a medicamentos están puestas en esa reunión, como cuenta Velásquez, es poco probable que países que cuentan con una gran industria farmacéutica, como Estados Unidos, Suiza o Francia, la respalden. Si no lo hacen, las buenas intenciones se quedarán en el papel. Intenciones que, en el caso de Colombia, son inciertas. Según el Ministerio de Comercio, que es el vocero del país en ese escenario, aún no saben si respaldarán o no la iniciativa. Por el momento, dicen, escuchará a sus pares antes de tomar una decisión. Preguntamos al Ministerio de Salud sobre su postura, pero no recibimos respuesta.

Si no hay ningún contratiempo de última hora, mientras usted está leyendo este artículo y es 15 de octubre, en Ginebra, Suiza, se está llevando a cabo una reunión que podría cambiar las reglas del juego para acceder a una vacuna o tratamiento para el COVID-19. En caso de que tuviese luz verde esa propuesta, que está siendo discutida por los países que hacen parte de la Organización Mundial del Comercio, el camino para poder adquirir alguno de estos fármacos tendría menos obstáculos. “Es algo verdaderamente excepcional”, dice Germán Velásquez. “No tiene precedentes”. (Lea Vacuna para el COVID-19: una promesa a medio camino)

Velásquez habla desde Ginebra. Es colombiano y es el subdirector del South Centre, una entidad intergubernamental que asesora a los países en desarrollo en temas de propiedad intelectual, salud pública y acceso a medicamentos. A sus ojos, la propuesta que se está discutiendo hoy y que, probablemente, continuará debatiéndose mañana viernes, es histórica. Sin embargo, es franco: “No soy optimista. Es muy difícil que sea aprobada”.

En palabras sencillas, lo que se está discutiendo es una petición que a principios de octubre hicieron los gobiernos de India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio (OMC). En una breve carta, le solicitaron que permita que los países no cumplir con las estrictas normas de propiedad intelectual en el caso de los medicamentos y otras tecnologías relacionadas con el COVID-19. Así, por ejemplo, los laboratorios dueños de una patente no tendrían, al menos por ahora, el derecho exclusivo para explotar un fármaco comercialmente relacionado con el coronavirus. Es decir, explica Velásquez, cualquier país podría producir uno de estos medicamentos y no tendría ninguna sanción.

En términos más específicos, India y Sudáfrica pedían una exención a unos puntos del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (Adpic), un convenio firmado en los años 90, donde se establecieron los principios básicos de la propiedad intelectual que debían cumplir los países.

“Es histórico e inédito. Es uno de los esfuerzos más grandes para hacerle frente a la barrera de propiedad intelectual en la pandemia. Nunca en la historia de la OMC ha habido una movida para suspender un tratado internacional”, dice Carolina Gómez, investigadora y fundadora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional.

La propuesta, que es discutida hoy por el consejo del Adpic, ha sido acogida por una gran cantidad de ONG, institutos y universidades de diferentes partes del mundo. En otra carta, 379 organizaciones reiteraron su apoyo e hicieron un llamado a los miembros de la OMC para que adoptaran la iniciativa.

Su lista de argumentos es extensa: “Siete meses después del inicio de la pandemia, no existe aún una solución política global significativa para asegurar el acceso. En cambio, hay una desigualdad de acceso a las tecnologías críticas que se necesitan para hacer frente a la pandemia”, escribieron en un apartado. En otro recordaban que “las naciones ricas, que representan sólo el 13% de la población mundial, han bloqueado al menos la mitad del suministro potencial de vacunas del mundo” y que “el Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19, creado por la OMS (para compartir voluntariamente conocimientos, propiedad intelectual y datos), ha sido rechazado por la industria farmacéutica. En su lugar, las empresas siguen firmando acuerdos de licencia secretos y restrictivos”.

Para los firmantes el asunto era sencillo. Simplemente, escriben, los presupuestos de salud de muchos países no alcanzan para pagar los productos médicos de COVID-19 de alto precio. “En una pandemia mundial en la que todos los países se ven afectados, necesitamos una solución mundial”, señalaban. Adoptar esta iniciativa, reiteraban, “permite una solución mundial expedita, abierta y automática para permitir la colaboración ininterrumpida en el desarrollo, la producción y el suministro, y para abordar colectivamente el desafío mundial que enfrentan todos los países”.

La Universidad Nacional, la Fundación Ifarma, Médicos Sin Marca, Misión Salud y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, son unas de las organizaciones colombianas que apoyan la idea. También están el Health Global Access Project, Médicos sin fronteras, Oxfam, People’s Vaccine Alliance, la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM), Center for Policy Analysis on Trade and Health (EE.UU.), Global Justice Now (Reino Unido) y Universities Allied for Essential Medicines, por solo mencionar otras.

“Durante la pandemia, los gobiernos han tenido que lidiar con las barreras de propiedad intelectual de productos esenciales como máscaras, válvulas de ventilación y reactivos para kits de prueba”, señaló hace unos días en un comunicado Médicos Sin Fronteras. “Instamos a todos los gobiernos a que apoyen este movimiento para asegurarse de que se prioricen las vidas humanas y de que los países puedan abordar esta pandemia ampliando todas las herramientas médicas de COVID-19 que existen”.

Pero pese al apoyo y a que todas las miradas del mundo del acceso a medicamentos están puestas en esa reunión, como cuenta Velásquez, es poco probable que países que cuentan con una gran industria farmacéutica, como Estados Unidos, Suiza o Francia, la respalden. Si no lo hacen, las buenas intenciones se quedarán en el papel. Intenciones que, en el caso de Colombia, son inciertas. Según el Ministerio de Comercio, que es el vocero del país en ese escenario, aún no saben si respaldarán o no la iniciativa. Por el momento, dicen, escuchará a sus pares antes de tomar una decisión. Preguntamos al Ministerio de Salud sobre su postura, pero no recibimos respuesta.