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En algún congreso latinoamericano de finales de los noventa, un famoso farmacólogo cubano contaba a su grupo de amigos, entre carcajadas y cervezas, la operación de compra secreta de insulina en la que participó, en medio del momento del más duro bloqueo a la isla. Cerca de una docena de médicos viajaron con maletas repletas de dólares a distintos países y regresaron con las dosis suficientes para proteger la vida de una lista detallada de diabéticos cubanos insulino-dependientes.
Recordé varias veces esa anécdota durante el encierro y el trabajo intenso al que me dediqué en la pandemia por covid-19, para entender cómo los países pobres podrían acceder a las vacunas o a los medicamentos que fueran apareciendo para evitar las muertes y complicaciones de la enfermedad, sin sufrir la dinámica de la guerra fría.
El grupo de investigadores del Proyecto DIME; del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder”, y muchos académicos, funcionarios y activistas del mundo, coincidimos en que -mientras avanzaba la investigación y el desarrollo de vacunas-; se debían enfocar esfuerzos en retomar las capacidades de producción donde fuera posible, a la vez que establecer una agenda diplomática para facilitar la vacunación escalonada y homogénea (sin discriminar países, ni poblaciones). También coincidimos en que era indispensable la transparencia completa de la información relacionada con los precios de compra y, que los conocimientos técnicos y los requerimientos tecnológicos de producción, estuvieran libres de cualquier patente.
En el segundo semestre de 2020; en el primer debate del Congreso de la República sobre el asunto, citado por el entonces representante José Daniel López, sugerimos incluir estos elementos en la estrategia que se estuviera adelantando para el acceso a las vacunas. Desde entonces, hasta el cambio de gobierno; el ministro Fernando Ruiz y su equipo, lideraron un plan de vacunación -bien diseñado en términos de las prioridades, las responsabilidades y el alistamiento- que es el mayor orgullo de su gestión y que goza del reconocimiento de una parte importante de la ciudadanía.
Antes de la despedida de Ruiz ya se habían reportado los primeros casos de viruela símica en Colombia y, como si el anterior camino no hubiera sido tortuoso, el debate sobre el acceso a la vacuna empezó de ceros. Peor aún, inició en medio de una confrontación sorda sobre la reforma al sistema de salud entre los mismos protagonistas, pero en bandos opuestos. Los opositores más acérrimos a Ruiz, ahora son gobierno; y los burócratas de la administración pasada, fungen de activistas anti reforma. Algunos académicos cercanos al gobierno anterior; que gozaron de sus aprecios y otros más afines con el gobierno actual, desatendidos otrora en sus reclamos, nos enganchamos en la calentura de las redes sociales.
Para aprender del pasado conviene reconocer que la vacunación contra covid-19 en el planeta, sin distinciones, falló y sigue fallando. Tanto, que continúa el debate sobre un tratado global para enfrentar posibles pandemias con otra perspectiva. No nacionalista, no desde las tensiones de la guerra fría, mucho menos desde el funcionamiento clásico de la globalización, tampoco desde el secretismo y el monopolio del conocimiento.
Conviene también aceptar los desaciertos y aprender de ellos. Por ejemplo, Colombia aplazó la negociación de vacunas asiáticas hasta entrado el 2021, porque su apuesta se centró en la compra de vacunas occidentales; pero fue la disponibilidad de la vacuna Sinovac la que permitió el arranque serio de la vacunación y una buena parte de la cobertura. Colombia aceptó, como todos los países del mundo, cláusulas de indemnidad sobre los daños potenciales de las vacunas; pero con un esquema que debilitó la institucionalidad del INVIMA en el seguimiento a los eventos adversos, determinante en la confianza de la ciudadanía en las vacunas.
En ese momento, el Ministerio de Salud, y el Instituto Nacional de Salud, desatendieron el llamado urgente a la reconstrucción de las capacidades de producción y solo, cerca del final del mandato, se impulsaron acciones para promover una política de soberanía sanitaria con esa perspectiva. El gobierno de Duque dilató, hasta el límite, el apoyo a una suspensión de las patentes ante la Organización Mundial del Comercio, a pesar del lugar privilegiado que ocupaba en los órganos directivos de la Organización Mundial de la Salud. La apuesta diplomática del Ministerio fue personalista, lejos de construir una gobernanza fuerte de América Latina para superar la discriminación regional y la inequidad en el acceso a las vacunas.
Quienes defendemos que la transparencia en las decisiones de la gestión pública fortalece la democracia y la gobernabilidad vimos con buenos ojos que la ministra Corcho se rehusara a firmar el contrato con la empresa Bavarian Nordic -el único proveedor global de la vacuna contra la viruela símica-, porque contenía de cláusulas inaceptables. Pensamos en el margen de maniobra, para negociar mejores precios o cambiar las cláusulas leoninas, que daba la reducción de casos en el país y en la región y por la baja mortalidad de la enfermedad.
La producción de esta vacuna utiliza una tecnología muy conocida, instalada en al menos 9 países del sur global; incluido Brasil, lo que permite considerar un abastecimiento en condiciones de competencia y bajar el precio escandaloso que la organización Public Citizen denunció que Bavarian Nordic propone.
En la reciente crítica feroz de los negociadores del gobierno anterior por el anunció de la ministra, sobre el uso de la investigación clínica con donación de dosis como mecanismo de disponibilidad de la vacuna, se olvida que también ellos aceptaron el inicio temprano de un ensayo clínico en el país para tener prioridad en la compra de la vacuna de la empresa Janssen.
Lamentablemente, el hermetismo de la administración actual desdice de su interés por cambiar el rumbo y superar los desaciertos del pasado. En el anuncio del inicio del ensayo clínico, coordinado por la OMS, no se entiende silencio del INS sobre las preguntas que la investigación pretende resolver y que deben informarse con claridad a la ciudadanía, para reconocer sus beneficios.
Aunque la ministra pidió paciencia, hasta lograr un acuerdo de compra de la vacuna, porque la negociación es confidencial, podría presentar al país el plan de vacunación que se adelantará y reducir la presión. El asunto es de tal importancia y sensibilidad que bien podrían deponerse las inquinas y promoverse un concilio entre los equipos de Ruiz y Corcho, con canciller a bordo, para orientar decisiones de alto vuelo. Podríamos aprender de Cuba, un país que no quiso repetir la historia de importar clandestinamente medicamentos esenciales, decidió producir sus propias vacunas y, gracias a ello, le enseñó al mundo que era capaz de lograr la mejor y más equitativa la cobertura de vacunación contra la Covid-19.
*Profesora y directora del Centro de Pensamiento “Medicamentos Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia.