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En la sentencia del jueves, un juzgado madrileño, especializado en asuntos sociales, consideró que estos trabajadores eran “falsos autónomos”, que deberían haber estado vinculados mediante un contrato laboral a la plataforma estadounidense.
Por ello, ordenó al gigante de la venta online que regularice la situación de estas 2.166 personas mediante el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social.
La sentencia no especifica el coste de esta medida. Pero según el sindicato UGT, que inició el procedimiento judicial contra Amazon, debería ser de “varios millones” de euros.
“Es la primera sentencia que sufre Amazon por su modelo laboral, llamado Amazon Flex, donde los repartidores eran obligados a trabajar con su propio vehículo para repartir paquetes utilizando una aplicación de la compañía que les indicaba la forma de trabajar”, explicó el sindicato en un comunicado.
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Esta decisión es “un avance más” en el respeto de los trabajadores “que prestan servicios en las plataformas digitales”, se congratuló el sindicato, denunciando “situaciones de explotación laboral que, desgraciadamente, se dan muy frecuentemente en estas nuevas formas empresariales”.
La empresa estadounidense dijo: “respetamos la resolución judicial, pero no estamos de acuerdo y vamos a presentar un recurso”.
“Llevamos años colaborando con una extensa red de empresas de reparto, incluyendo grandes empresas de mensajería y pequeñas y medianas empresas de reparto”, añadió, precisando que los empleados autónomos del programa Amazon eran responsables solo de “un pequeño porcentaje de los paquetes entregados en España”.
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Este programa, supuestamente reservado a repartidores ocasionales, en la mayoría de los casos particulares que deseaban unos ingresos adicionales para llegar a fin de mes, se desplegó en España entre 2018 y 2021.
Ya no existe en este país “desde abril de 2021″, explicó Amazon.
Casualmente, la sentencia del tribunal español se produce el mismo día en que los eurodiputados aprobaron una posición común para reforzar los derechos de los trabajadores de plataformas digitales como Uber y Deliveroo.
El texto, que ahora debe negociarse con los Estados miembros, propone fijar las mismas normas en toda la UE para establecer si los conductores de comida a domicilio que trabajan para las grandes plataformas deben ser reclasificados como empleados.
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