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“El gobierno de Estados Unidos ha exigido que Apple tome un paso sin precedente que amenazaría la seguridad de nuestros clientes. Nos oponemos a esta orden, con implicaciones que van mucho más allá del caso en cuestión. Este momento llama a una discusión pública y queremos que nuestros clientes y la gente en el país entienda lo que está en juego”.
Estas palabras hacen parte de un comunicado firmado por Tim Cook, CEO de Apple, en el que aclara que la empresa se opone a una orden judicial que le ordena quebrar la seguridad de un iPhone 5C involucrado en una investigación criminal adelantada por el FBI.
El dispositivo en cuestión pertenecía a Syed Farook, uno de los dos atacantes que en diciembre del año pasado irrumpió en un centro comunitario en San Bernardino, California, y asesinó a 14 personas. La investigación por la masacre, en la que también participó la esposa de Farook, Tashfeen Malik, está intentando determinar si la pareja fue influenciada por grupos terroristas islamistas. Para este fin, las autoridades precisan, entre otras cosas, establecer quiénes fueron las últimas personas que los atacantes contactaron antes del tiroteo. El teléfono está protegido con una contraseña.
El asunto es que los dispositivos de Apple tienen varias capas de seguridad que le han impedido al FBI acceder a esta información, como una herramienta que borraría los datos del teléfono después de un número determinado de intentos fallidos, así como también tiene un mecanismo que demora el proceso de acceder al dispositivo mediante la introducción repetida de diferentes contraseñas. Esta demora intencional, según la misma compañía, podría alargar el proceso de romper una contraseña durante más de cinco años.
La orden fue emitida por la jueza federal Sheri Pym este martes y, en resumen, obliga a Apple no tanto a debilitar el cifrado con el que ha equipado sus teléfonos, sino a proveer medios tecnológicos para facilitar la tarea del FBI.
“Específicamente, el FBI quiere que creemos una nueva versión del sistema operativo del iPhone, que esquiva varias medidas de seguridad, para instalarlo en un teléfono recuperado durante la investigación. En las manos equivocadas, este software, que no existe hoy en día, tiene el potencial de desbloquear cualquier iPhone. El FBI puede usar diferentes palabras para describir esta herramienta, pero no se equivoquen: construir esta versión de iOS es crear una puerta trasera en el sistema. Y, a pesar de que el gobierno puede argumentar que la usaría para este caso, no hay forma de garantizar este nivel de control”, escribió Cook en el comunicado.
La batalla que arrancó esta semana Apple es apenas un capítulo más de una tensión que ya tiene un tiempo en la que las autoridades piden mayor control y acceso a las herramientas de cifrado de comunicaciones, que hoy son usadas en una variedad de industrias y dispositivos. (Lea "La batalla para defender el cifrado")
Las autoridades aseguran que estas herramientas también son usadas para proteger actividades criminales. Este argumento tampoco es nuevo. En 1997, durante la administración de Bill Clinton, el gobierno de EE.UU. ya había intentado obtener un acceso preferencial a las tecnologías de cifrado argumentando que, de no garantizarse este privilegio, las agencias de seguridad del Estado quedarían en una especie de zona oscura desde la cual no podrían garantizar la seguridad y detener el terrorismo, que en ese entonces ya daba fuertes muestras de ser un asunto constante y global.
En un reporte publicado en julio del año pasado, un grupo de 14 expertos en seguridad digital y cifrado aseguró que el argumento esgrimido en los años 90 era tan falaz como el actual. El documentó aseguró que “el mundo no quedó oscuridad. Por el contrario, las agencias del orden ahora tienen capacidades de vigilancia más efectivas de las que tenían en ese momento”.
La Electronic Frontier Foundation, una organización norteamericana que monitorea temas de derechos humanos en entornos digitales, se unió a la resistencia de Apple y aseguró en su sitio web que: “Apoyamos a Apple en este caso porque lo que el gobierno está haciendo es más que simplemente pedir la asistencia de Apple. Por primera vez, el gobierno le está pidiendo a la compañía que escriba un código nuevo que eliminaría elementos de seguridad claves en un iPhone, elementos que nos protegen a todos. En esencia, el gobierno le está pidiendo a Apple que haga una llave maestra para abrir un teléfono específico. Y una vez esta llave es creada, tenemos la certeza de que nuestro gobierno la pedirá una y otra vez, para otros teléfonos, y utilizará este poder contra cualquier software o dispositivo que tenga la audacia de ofrecer una seguridad robusta”.
Esta es una de las pocas veces que este debate, entre el gobierno y las compañías de tecnología, entre la seguridad y la privacidad, se da de manera pública. Esto debido a que una parte de los requerimientos del gobierno de EE.UU. para acceder a información personal de dispositivos y servicios se hace invocando principios de seguridad nacional y bajo órdenes de una corte especial (conocida como FISA), cuyas instrucciones son secretas en todo momento. Esto impide una discusión abierta sobre los poderes y las razones de las autoridades versus las preocupaciones de las compañías y de los ciudadanos acerca de cómo salvaguardar los datos personales.
Es probable que Apple interponga una apelación contra la orden de la jueza Sheri Pym. De ser así, hay analistas que ven posible que el caso llegue hasta la Corte Suprema de EE.UU., lo que podría establecer un serio precedente en una discusión que hoy tiene interpretaciones y perspectivas muy variadas.