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Australia planea otorgar a su policía y a sus agencias de inteligencia la autoridad para acceder a mensajes cifrados en plataformas como WhatsApp, convirtiéndose en el último país en enfrentarse a las inquietudes en materia de privacidad en nombre de la seguridad pública.
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En medio de protestas de compañías como Facebook Inc. y Google, el gobierno y la oposición principal llegaron a un acuerdo el martes que debería hacer que esta semana el Parlamento apruebe la legislación. En virtud de las facultades propuestas, las empresas de tecnología podrían verse obligadas a ayudar a descifrar las comunicaciones en las populares aplicaciones de mensajería, o incluso a desarrollar nuevas funcionalidades para ayudar a la policía a acceder a los datos.
El primer ministro del país, Scott Morrison, señaló que la legislación es necesaria para ayudar a frustrar los ataques terroristas y el crimen organizado. Los críticos dicen que es defectuosa y podría socavar la seguridad en internet, poniendo en peligro actividades que van desde la votación en línea hasta las transacciones en el mercado y el almacenamiento de datos.
La legislación empuja a Australia al corazón de una disputa global entre las compañías de tecnología y los gobiernos por la privacidad y la seguridad. En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se enfrentó a Apple Inc. cuando la empresa se negó a desbloquear un iPhone vinculado a un tiroteo masivo en San Bernardino, California. El gobierno del Reino Unido, por su parte, ha criticado profundamente el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp después de que el servicio de mensajería fuera utilizado por un terrorista poco antes de matar a cinco personas en Londres en marzo de 2017.
El asesor de seguridad cibernética del gobierno australiano, Alastair MacGibbon, dijo el miércoles que las autoridades han podido interceptar comunicaciones telefónicas legalmente durante casi 40 años, y que necesitan nuevos poderes para seguir el ritmo de la tecnología moderna.
Los funcionarios de las fuerzas policiales han "quedado ciegos o sordos" debido a la encriptación, dijo en una entrevista con Australian Broadcasting Corp. "Lo que hace esta ley es ayudar a codificar una conversación entre la policía y las empresas de telecomunicaciones, que debe ser razonable, proporcionada y técnicamente viable", señaló.
Digital Industry Group, una asociación de la industria cuyos miembros incluyen a Facebook y Google, ha hecho campaña contra el proyecto de ley en una alianza informal con Amnistía Internacional y el Human Rights Law Center.
El grupo de cabildeo Digital Rights Watch dijo que "algunos elementos extremadamente peligrosos" de la legislación se habían abordado en el acuerdo entre el gobierno y el Partido Laborista de oposición.
La legislación, por ejemplo, será sometida a revisión por una comisión parlamentaria durante 12 meses. Y cualquier "notificación de capacidad técnica" que obligue a las empresas de tecnología a crear nuevas funcionalidades requeriría una supervisión más profunda.
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"Pero el hecho fundamental sigue siendo que las facultades que persiguen las fuerzas policiales están mal informadas, mal redactadas y son excesivas", dijo Digital Rights Watch en un comunicado. "Este proyecto de ley sigue siendo profundamente defectuoso y tiene el probable impacto de debilitar la ciberseguridad general de Australia, disminuir la confianza en el comercio electrónico, reducir los estándares de seguridad para el almacenamiento de datos y reducir las protecciones de los derechos civiles".