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La abogada colombiana Catalina Botero Marino, exrelatora especial de libertad de expresión de la CIDH y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, hará parte del organismo que vigilará las regulaciones de Facebook sobre los contenidos que circulan en su red social.
Este miércoles, Botero, junto con Helle Thorning-Schmidt, exprimera ministra de Dinamarca, y los académicos Michael McConnell y Jamal Greene, expertos en derecho constitucional de las universidades de Stanford y Columbia, escribieron una columna en el diario The New York Times detallando el papel de la llamada Junta de Supervisión (Oversight Board). Además, hoy se conocieron los nombres de sus primeros 20 miembros, expertos en temas de derechos humanos, activistas e incluso, abiertos críticos de la firma liderada por Mark Zuckerberg.
“Este modelo de un consejo totalmente independiente es el primero en la historia de internet”, aseguró Botero a El Espectador. “Tiene expertos de todas partes del mundo para tomar decisiones difíciles sobre los contenidos más problemáticos o urgentes y para establecer reglas que le sirvan a los usuarios y que no acaben con internet”.
En 2018, Facebook se comprometió a crear un organismo de supervisión independiente que vigile sus decisiones respecto a qué contenidos eliminar o permitir en su plataforma, todo debido al escrutinio al que fue sometido a raíz del escándalo de Cambridge Analytica.
Luego de un proceso de selección en el que participaron 2.000 personas, en 2019 resultaron elegidos los cuatro co-presidentes de la junta, incluida Botero. Ellos tuvieron un rol protagónico a la hora de seleccionar a los otros 16 miembros que se anunciaron hoy y que incluyen a Tawakkol Karman, Premio Nobel de la Paz y activista de Yemén; Alan Rusbridger, quien fue editor jefe del diario The Guardian y lideró el cubrimiento de los leaks de Edward Snowden en 2013.
Serán en total 40 personas que discernirán sobre los contenidos “más desafiantes” en Facebook e Instagram, incluyendo aquellos relacionados con el discurso de odio, el acoso y la protección de la seguridad y la privacidad de las personas. WhatsApp no estará incluido en este escrutinio porque es un sistema de mensajería privada.
Para garantizar su independencia, los co-presidentes detallaron que las operaciones de la junta serán financiadas por un fondo fiduciario de US$130 millones que es independiente de Facebook y no puede ser revocado. Además, los miembros servirán períodos fijos de tres años por hasta un máximo de tres períodos.
A través de los estatutos fundacionales de este organismo, Facebook se comprometió a acatar las decisiones “a pesar de que a veces puede estar en desacuerdo, a menos que hacerlo viole la ley”, detalla la columna del Times. Mark Zuckerberg, fundador de la compañía, se comprometió personalmente a hacerlo.
“Las redes sociales tienen un enorme potencial democratizador. Permiten la circulación de contenidos que son indispensables para enriquecer la manera de ver las cosas, para tomar mejores decisiones y democratizar el conocimiento. Pero también a través de ellas puede circular información que haga daño a los derechos humanos y que las personas no tienen la obligación de soportar”, asegura Botero.
Para la abogada, la decisión sobre qué contenidos deben permanecer en la esfera digital o salir de ella no puede recaer en las compañías tecnológicas, que velan por el bienestar de sus negocios, ni en el Estado, pues se corre el riesgo de que este se vuelva el “gran censor”. De ahí la importancia de esta especie de "corte de apelaciones" de Facebook.
“Es el primer consejo global de moderación de contenidos. Me parece un honor poder trabajar con estas personas extraordinarias y es un reto enorme, porque es moderar contenidos para 3.000 millones de usuarios, teniendo en cuenta contextos, legislaciones locales y circunstancias en las que un contenido circula. Este es un gran desafío”, concluye.