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Este lunes, las autoridades francesas le informaron a Google que todo material que sea eliminado de sus servicios europeos bajo la regulación del llamado derecho al olvido también desaparecer de sus dominios no europeos. En pocas palabras, los reguladores de privacidad franceses pueden haber encontrado el camino para volver global un fallo que, en su naturaleza, obedece a una legislación local.
La decisión, aunque sin mayor ruido, puede tener efectos determinantes para la aplicación de este derecho, pero también puede arrojar luces sobre cómo se puede controlar las prácticas de una empresa global de internet. No queda claro qué tan bueno puede ser lo segundo, a juzgar por las intenciones de varios países de restringir el acceso libre a internet por cualquier vía.
"Hemos trabajado fuertemente para implementar las reglas sobre el derecho al olvido de en toda Europa y continuaremos en esta labor. Pero, por cuestión de principios, estamos en respetuoso desacuerdo con la idea de que una autoridad nacional de protección de datos pueda tener un poder global para controlar el contenido al que la gente accede en todo el mundo”, en palabras de un portavoz de Google, citadas por el diario inglés The Guardian.
Y, claro, el asunto de borrar los límites de jurisdicciones es algo que, en visión de la compañía, puede violar ciertos principios básicos (como libertad de expresión o acceso a la información), pero el mismo tema es la piedra angular en el funcionamiento global de una empresa como Google: lo que indique la justicia de un Estado no afecta sus operaciones mundiales, sino apenas las que tienen que ver con el país en cuestión.
La decisión en Francia llegó de manos de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), que resolvió en contra de una apelación instaurada por la empresa en julio de este año sobre la aplicabilidad global de un requerimiento de derecho al olvido nacido en Europa.
La autoridad francesa decidió negar la apelación de Google porque, en opinión de Isabelle Falque-Pierrotin, quien preside la institución, no aplicar en todos sus dominios el derecho al olvido es una forma en la que la compañía puede fácilmente saltarse esta regulación, algo que se toma en serio en Europa.
Por ejemplo, la autoridad nacional de protección de datos de Inglaterra, aseguró en agosto pasado que el buscador debía borrar incluso algunas noticias que se generaran sobre los pedidos de derecho al olvido: o sea, si alguien pide que sea eliminada una cierta información argumentando ejercer este derecho y un medio de comunicación reporta la noticia (que en muchos casos comenta el caso que originó el pedido de eliminación en primer lugar), este nuevo texto también podría ser excluido de los resultados de búsqueda.
En Colombia, la Corte Constitucional falló este año que, en un caso que a la ligera podría denominarse como derecho al olvido, el responsable de bloquear el acceso a la información cuestionada es quien la publica y no el buscador, que en ese momento también involucraba a Google; en aquella sentencia se trataba de un artículo periodístico que, sin ser incorrecto en su primera versión, no contenía los avances que con el tiempo surgieron relacionados con la noticia que originalmente reportó.
En su decisión, el alto tribunal consideró que “atribuir responsabilidad a quienes prestan estos servicios, por lo general actores privados, podría afectar la neutralidad de internet y sus principios de no discriminación y acceso en condiciones de igualdad, al convertir a los intermediarios en censores que controlarían el contenido y tipo de información que comparten los usuarios”. (Lea más sobre el derecho al olvido en Colombia).