Divorciarse por internet, una de las posibilidades de la unión entre tecnología y justicia

Imagine, por un instante, que una mujer pueda denunciar maltrato físico, violencia intrafamiliar o abuso sexual a través de su celular, en tiempo real y sin intermediarios. Imagine ahora que un campesino del sur del Caquetá tenga la posibilidad de asistir a las audiencias de su proceso de restitución de tierras por Skype, evitando los costos y el tiempo de traslado. Imagine, que después de un matrimonio tortuoso usted se pueda divorciar por internet, sin tener que encontrar de nuevo a su pareja en trámites y diligencias. Estas alternativas, que hoy en día parecen imposibles, son posibilidades enunciadas en la Segunda Conferencia Internacional sobre TIC, Justicia y Derecho, realizada este martes en la Universidad Javeriana de Bogotá.

El evento, organizado por Certicámara, Ámbito Jurídico, Legis, Microsoft y el Centro de Estudio de Derecho y Tecnología de la universidad, tuvo como propósito principal la creación de estrategias para modernizar y hacer más transparente, eficiente y efectivo el sistema judicial colombiano.

“En Colombia hay 93.000 audiencias represadas, 16.000 imputaciones pendientes y 5.000 lecturas de fallo que no se han podido realizar”, señaló Héctor José García, presidente ejecutivo de Certicámara.

A este problema se suman la desconfianza del ciudadano en la justicia, el hacinamiento en las cárceles y la corrupción que ha permeado todos los niveles del sistema judicial. Parece que es necesaria una reforma estructural de la justicia para que fenómenos como la compra de jueces, la detención de inocentes y la violación del debido proceso, por mencionar tres de los comportamientos que aquejan a los colombianos, sean asuntos del pasado.

Para lograr un cambio, uno de los componentes transversales que debería incluir esta transformación de la justicia es la adopción y el uso de tecnología. Paul Prettitore, abogado y especialista en el sector público del Banco Mundial, aseguró que su uso puede ser clave para agilizar los procesos judiciales, ayudar a mejorar los índices de confianza y transparencia de la rama y, sobre todo, empoderar al ciudadano para que ejerza sus derechos.

“En Holanda, por ejemplo, hay un servicio de divorcio en línea y funciona a la perfección. En Jordania hay un sistema automático, en el que participan todas las instituciones del Estado, que obliga a los implicados a pagar la cuota alimentaria apenas el juez lo ordene. Si la persona no quiere pagar, las conexiones de datos permiten rastrear sus cuentas bancarias, se le impide vender sus propiedades o se le cancela el pasaporte. Ahí hay una red que usa análisis de datos y de información, que impide que los ciudadanos desconozcan sus obligaciones”, explicó Prettitore.

Por su parte, Andrés Umaña, director de asuntos legales, externos y corporativos de Microsoft Colombia, afirmó que el análisis de big data y la inteligencia artificial (IA) pueden ser herramientas fundamentales en la lucha contra la corrupción. “Si tenemos en cuenta que en los últimos dos años se han generado más datos que los recolectados en toda la historia de la humanidad, podemos entender el poder y las oportunidades que hoy en día tenemos. Los ciudadanos todo el tiempo están produciendo información que puede ser procesada y analizada, y en ese sentido es mucho más fácil rastrear y monitorear los comportamientos de los ciudadanos”.

Según Umaña, las herramientas de IA, que buscan replicar las capacidades de análisis y procesamiento de un ser humano a la hora de actuar y relacionarse con su entorno, ayudarían a mejorar radicalmente la eficiencia del sistema judicial. “Hay un software de procesamiento de contratos que tiene la capacidad de reemplazar 360.000 horas de un abogado en solo un minuto. Incluso, en Estados Unidos varias firmas de abogados ya tercerizaron buena parte de su trabajo relacionado con bancarrota y ‘contrataron’ a Ross, un servicio de inteligencia artificial de IBM”, añadió.

En Colombia, la experiencia del Departamento Nacional de Planeación (DNP) es un interesante reflejo de este fenómeno. La entidad, a través de análisis de grandes cantidades de datos, hizo una limpieza de casi 600.000 personas que estaban afiliadas al Sisbén de forma engañosa e ilegal.

Por su parte, Youssef Sefair Silva, director general de identificación de la Registraduría, reconoció que el principal reto de la entidad es migrar hacia el documento de identificación digital. Silva añadió que la institución ha recibido 890 millones de consultas de información y que una sola de las bases de datos, la que guarda las huellas dactilares de los colombianos, tienen 480 millones de datos.

Para el profesor David Varela, director del centro de regulación económica y competitividad internacional de la Universidad Javeriana, uno de los retos más urgentes de la justicia en Colombia es abrirles las puertas a los ciudadanos. “No podemos seguir quedándonos en el ‘palacio’, tenemos que llegar a la calle. En ese proceso, la tecnología será determinante, puede romper la asimetría de información y liberar las distintas formas de opresión que históricamente ha tenido la justicia en nuestro país”.

Finalmente, Marco Peres, profesor del Externado y director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Información de esta universidad, hizo un llamado a la reflexión y aseguró que había que ponerles sentido y corazón a las TIC. “¿Para qué vamos a usar la tecnología? ¿En servicio de quien? ¿Se van a privilegiar los intereses particulares o las necesidades colectivas?”.

Imagine, por un instante, que una mujer pueda denunciar maltrato físico, violencia intrafamiliar o abuso sexual a través de su celular, en tiempo real y sin intermediarios. Imagine ahora que un campesino del sur del Caquetá tenga la posibilidad de asistir a las audiencias de su proceso de restitución de tierras por Skype, evitando los costos y el tiempo de traslado. Imagine, que después de un matrimonio tortuoso usted se pueda divorciar por internet, sin tener que encontrar de nuevo a su pareja en trámites y diligencias. Estas alternativas, que hoy en día parecen imposibles, son posibilidades enunciadas en la Segunda Conferencia Internacional sobre TIC, Justicia y Derecho, realizada este martes en la Universidad Javeriana de Bogotá.

El evento, organizado por Certicámara, Ámbito Jurídico, Legis, Microsoft y el Centro de Estudio de Derecho y Tecnología de la universidad, tuvo como propósito principal la creación de estrategias para modernizar y hacer más transparente, eficiente y efectivo el sistema judicial colombiano.

“En Colombia hay 93.000 audiencias represadas, 16.000 imputaciones pendientes y 5.000 lecturas de fallo que no se han podido realizar”, señaló Héctor José García, presidente ejecutivo de Certicámara.

A este problema se suman la desconfianza del ciudadano en la justicia, el hacinamiento en las cárceles y la corrupción que ha permeado todos los niveles del sistema judicial. Parece que es necesaria una reforma estructural de la justicia para que fenómenos como la compra de jueces, la detención de inocentes y la violación del debido proceso, por mencionar tres de los comportamientos que aquejan a los colombianos, sean asuntos del pasado.

Para lograr un cambio, uno de los componentes transversales que debería incluir esta transformación de la justicia es la adopción y el uso de tecnología. Paul Prettitore, abogado y especialista en el sector público del Banco Mundial, aseguró que su uso puede ser clave para agilizar los procesos judiciales, ayudar a mejorar los índices de confianza y transparencia de la rama y, sobre todo, empoderar al ciudadano para que ejerza sus derechos.

“En Holanda, por ejemplo, hay un servicio de divorcio en línea y funciona a la perfección. En Jordania hay un sistema automático, en el que participan todas las instituciones del Estado, que obliga a los implicados a pagar la cuota alimentaria apenas el juez lo ordene. Si la persona no quiere pagar, las conexiones de datos permiten rastrear sus cuentas bancarias, se le impide vender sus propiedades o se le cancela el pasaporte. Ahí hay una red que usa análisis de datos y de información, que impide que los ciudadanos desconozcan sus obligaciones”, explicó Prettitore.

Por su parte, Andrés Umaña, director de asuntos legales, externos y corporativos de Microsoft Colombia, afirmó que el análisis de big data y la inteligencia artificial (IA) pueden ser herramientas fundamentales en la lucha contra la corrupción. “Si tenemos en cuenta que en los últimos dos años se han generado más datos que los recolectados en toda la historia de la humanidad, podemos entender el poder y las oportunidades que hoy en día tenemos. Los ciudadanos todo el tiempo están produciendo información que puede ser procesada y analizada, y en ese sentido es mucho más fácil rastrear y monitorear los comportamientos de los ciudadanos”.

Según Umaña, las herramientas de IA, que buscan replicar las capacidades de análisis y procesamiento de un ser humano a la hora de actuar y relacionarse con su entorno, ayudarían a mejorar radicalmente la eficiencia del sistema judicial. “Hay un software de procesamiento de contratos que tiene la capacidad de reemplazar 360.000 horas de un abogado en solo un minuto. Incluso, en Estados Unidos varias firmas de abogados ya tercerizaron buena parte de su trabajo relacionado con bancarrota y ‘contrataron’ a Ross, un servicio de inteligencia artificial de IBM”, añadió.

En Colombia, la experiencia del Departamento Nacional de Planeación (DNP) es un interesante reflejo de este fenómeno. La entidad, a través de análisis de grandes cantidades de datos, hizo una limpieza de casi 600.000 personas que estaban afiliadas al Sisbén de forma engañosa e ilegal.

Por su parte, Youssef Sefair Silva, director general de identificación de la Registraduría, reconoció que el principal reto de la entidad es migrar hacia el documento de identificación digital. Silva añadió que la institución ha recibido 890 millones de consultas de información y que una sola de las bases de datos, la que guarda las huellas dactilares de los colombianos, tienen 480 millones de datos.

Para el profesor David Varela, director del centro de regulación económica y competitividad internacional de la Universidad Javeriana, uno de los retos más urgentes de la justicia en Colombia es abrirles las puertas a los ciudadanos. “No podemos seguir quedándonos en el ‘palacio’, tenemos que llegar a la calle. En ese proceso, la tecnología será determinante, puede romper la asimetría de información y liberar las distintas formas de opresión que históricamente ha tenido la justicia en nuestro país”.

Finalmente, Marco Peres, profesor del Externado y director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Información de esta universidad, hizo un llamado a la reflexión y aseguró que había que ponerles sentido y corazón a las TIC. “¿Para qué vamos a usar la tecnología? ¿En servicio de quien? ¿Se van a privilegiar los intereses particulares o las necesidades colectivas?”.