El fin de la vigilancia masiva de la NSA

El Senado de EE.UU. aprobó el martes en la tarde el USA Freedom Act, un nuevo proyecto de ley que reforma los mecanismos y alcances de la vigilancia llevada a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad de este país (NSA, por sus siglas en inglés). La iniciativa pasa ahora a sanción del presidente Barack Obama, quien la apoya.

Para decirlo simplemente, el proyecto legislativo acaba con el programa de recolección masiva de metadatos telefónicos de la NSA, pues ahora pide que sean los operadores de telecomunicaciones quienes guarden los datos de los usuarios. El Gobierno, sin embargo, puede pedir estos registros (información como la localización del suscriptor, la duración de sus llamadas, direcciones IP, entre otros), pero debe hacerlo bajo una orden judicial emitida por la FISA, la corte que supervisa estas operaciones, y los requerimientos deben estar enfocados sobre una persona objeto de una investigación relacionada con la seguridad nacional. O sea, la recolección masiva queda tácitamente bloqueada al no ser explícitamente autorizada.

El USA Freedom Act también establece controles de transparencia en las actividades de la FISA, que en inglés es la Foreign Intelligence Surveillance Court. Hasta hoy, la corte sólo incluía los argumentos del Gobierno en sus decisiones, pero el proyecto de ley introduce varias posiciones (de nombramiento del tribunal) que representan los intereses del público en las deliberaciones de los jueces de esta corte. La nueva legislación también abre la posibilidad para que algunas deliberaciones de la FISA sean públicas, sólo si el Gobierno considera que no dañan la seguridad nacional, eso sí.

El camino hacia una nueva legislación que le ponga ciertas restricciones a las operaciones de la NSA comenzó hace poco menos de un mes, cuando una corte federal de apelaciones considerara que acciones como la vigilancia masiva estaban basadas en una interpretación errónea de la ley que, supuestamente, les daba sustento legal.

El sustento legal se desprendía de tres puntos del Patriot Act, una ley establecida justo después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono. En su momento, los jueces del tribunal de apelaciones establecieron que al declarar ilegales las acciones de la NSA en lo que tiene que ver con la vigilancia masiva “lo hacemos cómodamente entendiendo que si el Congreso elige autorizar un programa con un alcance tan extenso y sin precedentes, tiene toda la autoridad de hacerlo, y de hacerlo sin ambigüedades”.

El mensaje, al parecer, fue atendido, pues la Cámara y el Senado lograron aprobar la nueva legislación luego de varias semanas de maniobras legales de parte de los senadores para lograr superar la oposición de Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en este cuerpo legislativo.

McConnell intentó el martes introducir tres enmiendas al proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara, que debilitaban seriamente los controles que se le estaban imponiendo a las operaciones de vigilancia de la NSA. Una a una las enmiendas fueron votadas y derrotadas en el recinto del Senado. Por cierto, si el proyecto de ley sufría modificaciones, éste debía regresar a debate en la Cámara, que se negaba a aprobar la posible versión modificada.

¿Celebrar o no celebrar?

La noticia de la aprobación fue recibida como un triunfo a medias por parte de varios sectores de la sociedad civil que buscaban acabar con la vigilancia masiva de la NSA, expuesta crudamente por las revelaciones de Edward Snowden, extécnico de la CIA hoy exiliado en Rusia.

Por un lado, esta es la primera vez en tres décadas que el Congreso decide ponerle límites a las actividades de vigilancia de la Agencia. Un factor que, por ejemplo, es celebrado ampliamente por la Electronic Frontier Foundation (EFF), una de las organizaciones que más ha luchado para impulsar un cambio en estos temas. Por otro lado, como anota EFF, la nueva ley tampoco acaba con estos programas del todo, aunque sí les impone controles que, a todas luces, parecían más que justificados.

Estos controles beneficiarán no sólo al público norteamericano, sino que irradian un cambio de actitud, al menos en apariencia, en la forma como EE.UU. se relaciona con la red en temas de inteligencia. Este es un factor nada despreciable pues, después de las revelaciones de Snowden (que incluyeron la interceptación de comunicaciones a líderes como la canciller alemana Ángela Merkel), el mundo entero comenzó a discutir la posibilidad de cambiar la naturaleza de internet: de un sistema abierto a una especie de pequeños feudos manejados por los países que, en busca de seguridad, volverían la operación de la web un asunto no sólo engorroso, sino caro. Algunos de estos asuntos los discute Ian Brown, experto en seguridad y profesor de Oxford, en esta entrevista.

En últimas, los cambios que introduce el USA Freedom Act parecen positivos, así, para algunos, quizá no parezcan suficientes. 

El Senado de EE.UU. aprobó el martes en la tarde el USA Freedom Act, un nuevo proyecto de ley que reforma los mecanismos y alcances de la vigilancia llevada a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad de este país (NSA, por sus siglas en inglés). La iniciativa pasa ahora a sanción del presidente Barack Obama, quien la apoya.

Para decirlo simplemente, el proyecto legislativo acaba con el programa de recolección masiva de metadatos telefónicos de la NSA, pues ahora pide que sean los operadores de telecomunicaciones quienes guarden los datos de los usuarios. El Gobierno, sin embargo, puede pedir estos registros (información como la localización del suscriptor, la duración de sus llamadas, direcciones IP, entre otros), pero debe hacerlo bajo una orden judicial emitida por la FISA, la corte que supervisa estas operaciones, y los requerimientos deben estar enfocados sobre una persona objeto de una investigación relacionada con la seguridad nacional. O sea, la recolección masiva queda tácitamente bloqueada al no ser explícitamente autorizada.

El USA Freedom Act también establece controles de transparencia en las actividades de la FISA, que en inglés es la Foreign Intelligence Surveillance Court. Hasta hoy, la corte sólo incluía los argumentos del Gobierno en sus decisiones, pero el proyecto de ley introduce varias posiciones (de nombramiento del tribunal) que representan los intereses del público en las deliberaciones de los jueces de esta corte. La nueva legislación también abre la posibilidad para que algunas deliberaciones de la FISA sean públicas, sólo si el Gobierno considera que no dañan la seguridad nacional, eso sí.

El camino hacia una nueva legislación que le ponga ciertas restricciones a las operaciones de la NSA comenzó hace poco menos de un mes, cuando una corte federal de apelaciones considerara que acciones como la vigilancia masiva estaban basadas en una interpretación errónea de la ley que, supuestamente, les daba sustento legal.

El sustento legal se desprendía de tres puntos del Patriot Act, una ley establecida justo después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono. En su momento, los jueces del tribunal de apelaciones establecieron que al declarar ilegales las acciones de la NSA en lo que tiene que ver con la vigilancia masiva “lo hacemos cómodamente entendiendo que si el Congreso elige autorizar un programa con un alcance tan extenso y sin precedentes, tiene toda la autoridad de hacerlo, y de hacerlo sin ambigüedades”.

El mensaje, al parecer, fue atendido, pues la Cámara y el Senado lograron aprobar la nueva legislación luego de varias semanas de maniobras legales de parte de los senadores para lograr superar la oposición de Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en este cuerpo legislativo.

McConnell intentó el martes introducir tres enmiendas al proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara, que debilitaban seriamente los controles que se le estaban imponiendo a las operaciones de vigilancia de la NSA. Una a una las enmiendas fueron votadas y derrotadas en el recinto del Senado. Por cierto, si el proyecto de ley sufría modificaciones, éste debía regresar a debate en la Cámara, que se negaba a aprobar la posible versión modificada.

¿Celebrar o no celebrar?

La noticia de la aprobación fue recibida como un triunfo a medias por parte de varios sectores de la sociedad civil que buscaban acabar con la vigilancia masiva de la NSA, expuesta crudamente por las revelaciones de Edward Snowden, extécnico de la CIA hoy exiliado en Rusia.

Por un lado, esta es la primera vez en tres décadas que el Congreso decide ponerle límites a las actividades de vigilancia de la Agencia. Un factor que, por ejemplo, es celebrado ampliamente por la Electronic Frontier Foundation (EFF), una de las organizaciones que más ha luchado para impulsar un cambio en estos temas. Por otro lado, como anota EFF, la nueva ley tampoco acaba con estos programas del todo, aunque sí les impone controles que, a todas luces, parecían más que justificados.

Estos controles beneficiarán no sólo al público norteamericano, sino que irradian un cambio de actitud, al menos en apariencia, en la forma como EE.UU. se relaciona con la red en temas de inteligencia. Este es un factor nada despreciable pues, después de las revelaciones de Snowden (que incluyeron la interceptación de comunicaciones a líderes como la canciller alemana Ángela Merkel), el mundo entero comenzó a discutir la posibilidad de cambiar la naturaleza de internet: de un sistema abierto a una especie de pequeños feudos manejados por los países que, en busca de seguridad, volverían la operación de la web un asunto no sólo engorroso, sino caro. Algunos de estos asuntos los discute Ian Brown, experto en seguridad y profesor de Oxford, en esta entrevista.

En últimas, los cambios que introduce el USA Freedom Act parecen positivos, así, para algunos, quizá no parezcan suficientes.