¿Estamos cómodos con el poder de las “Big Tech”?
Legisladores de la Cámara de Representantes de EE. UU. votarán cinco proyectos de ley que buscan frenar el poder de los conglomerados tecnológicos. No es el único país en el que avanzan investigaciones y leyes en este sentido. ¿Qué implica esto para los consumidores?
Valeria Cortés Bernal
Santiago La Rotta
Alemania lanzó una investigación contra Apple para verificar si iOS, el sistema operativo de los iPhone, está entorpeciendo la libre competencia de sus rivales. La Comisión Europea investigará a Google para establecer, a grandes rasgos, si sus tecnologías de publicidad en línea impiden la libre competencia de otros rivales en este mercado. Todo esto sucedió en los dos primeros días de esta semana.
Son días azarosos para las grandes compañías de tecnología, que operan a escala global y que se han convertido en algunas de las empresas más rentables en todo el planeta. Con su alcance y responsabilidades planetarias era apenas una cuestión de tiempo que comenzaran a emerger cuestionamientos y molestias, por decir lo menos, sobre sus poderes.
Y esta es una pregunta que, sin formularse de manera coordinada, parecen compartir autoridades en China, Australia, India, la Unión Europea y, un poco más recientemente, Estados Unidos. Este miércoles se define si se cambian las reglas de juego para las grandes compañías tecnológicas en EE. UU., un cambio que podría transformar la economía digital tal como la conocemos hasta ahora.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de ese país votará un paquete de cinco proyectos de ley con el que se busca frenar el poder de los conglomerados tecnológicos. Las iniciativas prometen sacudir las leyes antimonopolio de EE. UU., normas que no han sido modificadas en décadas y son el resultado de una investigación de 16 meses en la que legisladores bipartidistas concluyeron que dichas empresas tienen demasiado poder y abusan de su posición dominante para aplastar a la competencia.
Los proyectos de ley van dirigidos a compañías que tienen, por lo menos, 50 millones de usuarios mensuales activos en Estados Unidos, mínimo 100.000 usuarios comerciales activos al mes y que están bajo el control de una persona con ventas netas anuales o una capitalización de mercado superior a los US$600.000 millones. Es decir, incluye a varias de las llamadas ‘Big Tech’.
Lea también: ¿Qué nos demostró el paro nacional sobre la protesta virtual?
“Desde Amazon y Facebook hasta Google y Apple, está claro que estos gigantes tecnológicos no regulados se han vuelto demasiado grandes como para preocuparse y demasiado poderosos como para poner a la gente por encima de las ganancias”, aseguró en un comunicado Pramila Jayapal, vicepresidenta del subcomité antimonopolio de la Cámara.
No es nuevo que las compañías tecnológicas sean cuestionadas por posibles prácticas que atentan contra la libre competencia, sin embargo, es la primera vez que el Congreso estadounidense debatirá una legislación para controlar su poder y para la cual cuenta con el apoyo de ambos partidos.
Según Jayapal, con estas normas se busca controlar el comportamiento anticompetitivo, evitar las prácticas monopolísticas y restablecer la equidad y la competencia, “al mismo tiempo que nivelan el campo de juego y permiten que prospere la innovación”.
Hay dos iniciativas que podrían tener acogida en el Congreso. Una es la ley access o “acceso”, que haría que las empresas faciliten el traslado de datos de usuarios que quieran utilizar los servicios de un competidor. Esto le permitiría a una persona descargar fotos o datos de una red social y trasladarlos fácilmente a otra, por ejemplo. La otra propuesta consiste en actualizar las tarifas que deben pagar las compañías al momento de presentar una fusión. Esto haría que los reguladores cuenten con recursos para operar y pondría cierto grado de dificultad a la hora de adquirir empresas.
Actualmente existen dos proyectos similares en el Senado de EE. UU., por lo que algunos creen que dicha Cámara les dará su visto bueno.
Los otros proyectos incluyen medidas más agresivas para evitar la creación de monopolios. Uno de ellos prohíbe la adquisición de competidores en ascenso y exige a las empresas demostrar que sus fusiones no compiten con productos o servicios que ya tienen. Esto pondría en aprietos a compañías como Facebook, a la que se le ha acusado de acabar con su competencia por medio de adquisiciones.
Para volver a leer: El mal año de Facebook
En esa línea, el segundo proyecto les prohibiría operar nuevas líneas de negocio que puedan generarles un conflicto de intereses. La ley les habla a Amazon y a Google, que exhiben productos, servicios o contenidos de otros competidores en sus plataformas, a la vez que exhiben sus propios productos allí.
Justamente, la tercera norma haría ilegales varias conductas empresariales en las que los conglomerados privilegian sus productos y servicios por encima de los de sus rivales. Esto evitaría, por ejemplo, que Apple exija a los desarrolladores en su App Store usar su sistema de compra dentro de la aplicación o que su tienda sea el único lugar en el que usuarios de iPhone y iPad pueden descargar aplicaciones. También haría que Google deje de privilegiar servicios como Maps o YouTube en su buscador o que Amazon exhiba sus productos y dificulte la visibilidad de su competencia.
La reacción de las empresas de Silicon Valley no se hizo esperar. Cuando los legisladores presentaron estas propuestas en la segunda semana de junio, NetChoice, grupo que representa a Amazon, Google, Facebook y otras empresas tecnológicas, dijo que las normas hundirían a las principales empresas estadounidenses y socavarían la competitividad del país.
“Si se convierten en ley, estos proyectos resultarán en precios más altos, menos opciones y menos innovación para los estadounidenses”, dijo en un comunicado Carl Szabo, vicepresidente y asesor general del grupo. Y agregó que “los legisladores no deberían aprobar leyes que cederían terreno a competidores extranjeros y abrirían datos estadounidenses a actores peligrosos y poco confiables”.
Otros detractores del paquete temen que se obligue a las empresas a deshacerse de ciertos servicios, como a Google de Maps y YouTube, o que Apple deba eliminar la plataforma iMessage de sus iPhone. “Creemos que los votantes esperan que el Congreso arregle las cosas que no funcionan, no que rompan o prohíban las cosas que creen que funcionan bien”, dijeron 13 organizaciones como la Cámara de Progreso, la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones, y NetChoice.
Sin embargo, para algunos analistas, es necesario que las compañías estén dispuestas a dar los debates esenciales que pide la industria, en vez de oponerse tajantemente a las regulaciones.
“Es correcto preocuparse por la participación de China en el robo de secretos de Estados Unidos. Eso no tiene casi nada que ver con si los estadounidenses estarían mejor si se prohibiera a Facebook comprar el próximo Instagram o si Apple no debería poder dar una ventaja a sus servicios de fitness y música en iPhones”, opina Shira Ovide, periodista de The New York Times.
Además de pasar por la votación de hoy, a este paquete le esperan debates en ambas cámaras del Congreso. Y aunque las propuestas pueden sufrir modificaciones, y es de esperarse que las compañías peleen para evitar su avance, en muy pocas ocasiones se ven iniciativas que estén respaldadas por ambos partidos.
Los demócratas se han caracterizado por centrar el debate en modificar las leyes antimonopolio para poner en cintura la concentración de poder económico de las Big Tech, mientras que los republicanos argumentan que estas empresas utilizan su alcance para silenciar las voces de la derecha. Aun así, legisladores de ambas alas coinciden en que estos conglomerados han crecido desproporcionadamente a falta de una regulación que los vigile de cerca.
Estas son los proyectos de ley que se debatirán hoy:
Ley estadounidense de innovación y elección en línea
Esta iniciativa busca prohibir “la conducta discriminatoria” de las plataformas dominantes. Implica que no podrán privilegiar sus productos y servicios por encima de sus rivales, excluir a la competencia o utilizar sus datos para desarrollar productos más competitivos. Tiene en la mira a empresas como Google, Amazon y Apple, acusadas de beneficiar a sus productos en el buscador, el marketplace y la tienda de aplicaciones App Store, respectivamente.
Ley de competencia y oportunidad de las plataformas
Esta norma impediría a las grandes compañías adquirir a competidores en ascenso o hacer fusiones que expandan su poder de mercado. Las firmas tendrían que demostrar que la empresa que compran no compite con ningún producto o servicio en el que ya se encuentran, lo que podría ralentizar las adquisiciones. El proyecto le apunta a empresas como Facebook, que ha sido duramente criticada por haberse hecho con Instagram y WhatsApp y presuntamente infringir las leyes antimonopolio de EE. UU.
En contexto: Los correos que pusieron en aprietos a Mark Zuckerberg en el Congreso de EE. UU.
Ley para poner fin a los monopolios de plataformas
Es uno de los proyectos de ley más controversiales, pues les prohibiría a las ‘Big Tech’ operar líneas de negocio que puedan generarles un conflicto de intereses, como poder favorecer sus servicios por encima de los de otros jugadores o tener la posibilidad de poner en desventaja a un competidor. Los legisladores han asegurado que Amazon y Apple ya incurren en esta práctica. La norma también podría afectar a Google, que es dueña de la plataforma de videos YouTube y a su vez de un motor de búsqueda que organiza los resultados de los videos de internet.
Ley Access o “Acceso”
Con esta ley las compañías tendrían que facilitar la interoperabilidad entre plataformas, haciendo que los consumidores puedan trasladar sus datos fácilmente de su servicio al de un competidor. También exige que las empresas aseguren los datos de los usuarios en este proceso y evitar riesgos de seguridad. Analistas locales opinan que esta norma podría tener buena acogida, pues ya cursa una propuesta similar en el Senado.
Ley de modernización de tarifas para fusiones
La iniciativa busca actualizar las tarifas de presentación de fusiones por primera vez en veinte años para que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio tengan más recursos para operar. La norma haría que los actores involucrados en grandes fusiones paguen una “parte justa” que no se traslade a los consumidores. Cebe decir que el Senado aprobó este mes una legislación similar como parte de un proyecto de ley más amplio.
Una preocupación global
Las 10 compañías más grandes del sector tecnología suman un patrimonio de US$10 billones. Si se miran en conjunto, serían la tercera economía más grande en el planeta, luego de Estados Unidos y China.
El problema es que no son un Estado, con obligaciones internacionales, sino una suerte de suprapoder que responde ante ciertas legislaciones, cuando se toman el trabajo de adherirse a las leyes (el caso de Uber es un buen ejemplo del sello de operar y preguntar luego).
Buena parte de los líos que hay con estas empresas es que controlan, de cierta forma, el acceso y flujo de información en sectores como las comunicaciones, el entretenimiento y el comercio en línea.
Y en la medida que su alcance global ha ido creciendo, también lo han ido haciendo sus detractores, críticos y la preocupación de autoridades que se han alineado en dos grandes tensiones: acceso y difusión de la información, un punto en el que se agrupan asuntos como la moderación de contenido y la privacidad de los datos de millones de usuarios, y la salud de mercados que se encuentran vastamente controlados por un puñado de compañías.
“En la medida en la que el poder de las plataformas digitales ha crecido, ha comenzado a ser más claro que necesitamos más elementos para tener a raya ese poder”, dijo Margrethe Vestager, la comisaria europea para la competencia.
La voz de Vestager es clave en todo este asunto, ya que Europa ha liderado los esfuerzos para poner a raya el poder de las empresas de tecnología, especialmente en lo que tiene que ver con privacidad de los usuarios y supuestas prácticas monopolísticas en el lucrativo mercado de la publicidad digital. Se calcula que, para 2019, el gasto en publicidad en la Unión Europea ascendió a cerca de US$24.000 millones.
Las presiones y objeciones contra las Big Tech también han emergido en Australia, en donde un controvertido proyecto de ley fue impulsado para obligar a las plataformas a compartir parte de las ganancias que extraen por la circulación de la información de medios de comunicación locales.
Le sugerimos leer: Australia aprueba una nueva ley que exige que Facebook y Google paguen por las noticias
China, uno de los mercados de tecnología más lucrativos en el mundo (pero que tiene sus fronteras cerradas para algunas de las plataformas) también ha comenzado a apretar la legislación antimonopolio. El hecho más reciente de estas acciones fue la desactivación de la salida a bolsa de Ant y la multa e investigación contra Alibaba, el gigante del comercio electrónico chino.
Ahora bien, los esfuerzos por meter en cintura a las Big Tech traen peligros para los usuarios y para la estructura de internet.
La legislación es, por diseño, una visión social (y politizada) sobre un problema. Por lo que no todas las visiones sobre internet necesariamente estarán alineadas con los principios de apertura e interoperabilidad que han gobernado la estructura de la red. En otras palabras, legislar con una intención y alcances en determinado mercado y hacerlo con otros fines en otro puede crear una suerte de balcanización de la web.
Esta es una visión que defiende la Electronic Frontier Foundation al hablar de una red de interés público: “En la internet real, a uno o dos clics de distancia de ese puñado de conglomerados, sigue habiendo un mundo más amplio, más diverso y más generoso. Dirigida a menudo por voluntarios, con frecuencia sin ninguna afiliación institucional obvia, a veces diminuta, a menudo local, pero libre para que todo el mundo en línea la utilice y contribuya a ella, esta internet precedió a las Big Tech e inspiró la visión más temprana y optimista de su futuro lugar en la sociedad”.
Sin mayores grandilocuencias, la forma como se resuelvan estas preguntas y tensiones podría afectar fundamentalmente la que quizás es la infraestructura humana más importante en el momento.
Alemania lanzó una investigación contra Apple para verificar si iOS, el sistema operativo de los iPhone, está entorpeciendo la libre competencia de sus rivales. La Comisión Europea investigará a Google para establecer, a grandes rasgos, si sus tecnologías de publicidad en línea impiden la libre competencia de otros rivales en este mercado. Todo esto sucedió en los dos primeros días de esta semana.
Son días azarosos para las grandes compañías de tecnología, que operan a escala global y que se han convertido en algunas de las empresas más rentables en todo el planeta. Con su alcance y responsabilidades planetarias era apenas una cuestión de tiempo que comenzaran a emerger cuestionamientos y molestias, por decir lo menos, sobre sus poderes.
Y esta es una pregunta que, sin formularse de manera coordinada, parecen compartir autoridades en China, Australia, India, la Unión Europea y, un poco más recientemente, Estados Unidos. Este miércoles se define si se cambian las reglas de juego para las grandes compañías tecnológicas en EE. UU., un cambio que podría transformar la economía digital tal como la conocemos hasta ahora.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de ese país votará un paquete de cinco proyectos de ley con el que se busca frenar el poder de los conglomerados tecnológicos. Las iniciativas prometen sacudir las leyes antimonopolio de EE. UU., normas que no han sido modificadas en décadas y son el resultado de una investigación de 16 meses en la que legisladores bipartidistas concluyeron que dichas empresas tienen demasiado poder y abusan de su posición dominante para aplastar a la competencia.
Los proyectos de ley van dirigidos a compañías que tienen, por lo menos, 50 millones de usuarios mensuales activos en Estados Unidos, mínimo 100.000 usuarios comerciales activos al mes y que están bajo el control de una persona con ventas netas anuales o una capitalización de mercado superior a los US$600.000 millones. Es decir, incluye a varias de las llamadas ‘Big Tech’.
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“Desde Amazon y Facebook hasta Google y Apple, está claro que estos gigantes tecnológicos no regulados se han vuelto demasiado grandes como para preocuparse y demasiado poderosos como para poner a la gente por encima de las ganancias”, aseguró en un comunicado Pramila Jayapal, vicepresidenta del subcomité antimonopolio de la Cámara.
No es nuevo que las compañías tecnológicas sean cuestionadas por posibles prácticas que atentan contra la libre competencia, sin embargo, es la primera vez que el Congreso estadounidense debatirá una legislación para controlar su poder y para la cual cuenta con el apoyo de ambos partidos.
Según Jayapal, con estas normas se busca controlar el comportamiento anticompetitivo, evitar las prácticas monopolísticas y restablecer la equidad y la competencia, “al mismo tiempo que nivelan el campo de juego y permiten que prospere la innovación”.
Hay dos iniciativas que podrían tener acogida en el Congreso. Una es la ley access o “acceso”, que haría que las empresas faciliten el traslado de datos de usuarios que quieran utilizar los servicios de un competidor. Esto le permitiría a una persona descargar fotos o datos de una red social y trasladarlos fácilmente a otra, por ejemplo. La otra propuesta consiste en actualizar las tarifas que deben pagar las compañías al momento de presentar una fusión. Esto haría que los reguladores cuenten con recursos para operar y pondría cierto grado de dificultad a la hora de adquirir empresas.
Actualmente existen dos proyectos similares en el Senado de EE. UU., por lo que algunos creen que dicha Cámara les dará su visto bueno.
Los otros proyectos incluyen medidas más agresivas para evitar la creación de monopolios. Uno de ellos prohíbe la adquisición de competidores en ascenso y exige a las empresas demostrar que sus fusiones no compiten con productos o servicios que ya tienen. Esto pondría en aprietos a compañías como Facebook, a la que se le ha acusado de acabar con su competencia por medio de adquisiciones.
Para volver a leer: El mal año de Facebook
En esa línea, el segundo proyecto les prohibiría operar nuevas líneas de negocio que puedan generarles un conflicto de intereses. La ley les habla a Amazon y a Google, que exhiben productos, servicios o contenidos de otros competidores en sus plataformas, a la vez que exhiben sus propios productos allí.
Justamente, la tercera norma haría ilegales varias conductas empresariales en las que los conglomerados privilegian sus productos y servicios por encima de los de sus rivales. Esto evitaría, por ejemplo, que Apple exija a los desarrolladores en su App Store usar su sistema de compra dentro de la aplicación o que su tienda sea el único lugar en el que usuarios de iPhone y iPad pueden descargar aplicaciones. También haría que Google deje de privilegiar servicios como Maps o YouTube en su buscador o que Amazon exhiba sus productos y dificulte la visibilidad de su competencia.
La reacción de las empresas de Silicon Valley no se hizo esperar. Cuando los legisladores presentaron estas propuestas en la segunda semana de junio, NetChoice, grupo que representa a Amazon, Google, Facebook y otras empresas tecnológicas, dijo que las normas hundirían a las principales empresas estadounidenses y socavarían la competitividad del país.
“Si se convierten en ley, estos proyectos resultarán en precios más altos, menos opciones y menos innovación para los estadounidenses”, dijo en un comunicado Carl Szabo, vicepresidente y asesor general del grupo. Y agregó que “los legisladores no deberían aprobar leyes que cederían terreno a competidores extranjeros y abrirían datos estadounidenses a actores peligrosos y poco confiables”.
Otros detractores del paquete temen que se obligue a las empresas a deshacerse de ciertos servicios, como a Google de Maps y YouTube, o que Apple deba eliminar la plataforma iMessage de sus iPhone. “Creemos que los votantes esperan que el Congreso arregle las cosas que no funcionan, no que rompan o prohíban las cosas que creen que funcionan bien”, dijeron 13 organizaciones como la Cámara de Progreso, la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones, y NetChoice.
Sin embargo, para algunos analistas, es necesario que las compañías estén dispuestas a dar los debates esenciales que pide la industria, en vez de oponerse tajantemente a las regulaciones.
“Es correcto preocuparse por la participación de China en el robo de secretos de Estados Unidos. Eso no tiene casi nada que ver con si los estadounidenses estarían mejor si se prohibiera a Facebook comprar el próximo Instagram o si Apple no debería poder dar una ventaja a sus servicios de fitness y música en iPhones”, opina Shira Ovide, periodista de The New York Times.
Además de pasar por la votación de hoy, a este paquete le esperan debates en ambas cámaras del Congreso. Y aunque las propuestas pueden sufrir modificaciones, y es de esperarse que las compañías peleen para evitar su avance, en muy pocas ocasiones se ven iniciativas que estén respaldadas por ambos partidos.
Los demócratas se han caracterizado por centrar el debate en modificar las leyes antimonopolio para poner en cintura la concentración de poder económico de las Big Tech, mientras que los republicanos argumentan que estas empresas utilizan su alcance para silenciar las voces de la derecha. Aun así, legisladores de ambas alas coinciden en que estos conglomerados han crecido desproporcionadamente a falta de una regulación que los vigile de cerca.
Estas son los proyectos de ley que se debatirán hoy:
Ley estadounidense de innovación y elección en línea
Esta iniciativa busca prohibir “la conducta discriminatoria” de las plataformas dominantes. Implica que no podrán privilegiar sus productos y servicios por encima de sus rivales, excluir a la competencia o utilizar sus datos para desarrollar productos más competitivos. Tiene en la mira a empresas como Google, Amazon y Apple, acusadas de beneficiar a sus productos en el buscador, el marketplace y la tienda de aplicaciones App Store, respectivamente.
Ley de competencia y oportunidad de las plataformas
Esta norma impediría a las grandes compañías adquirir a competidores en ascenso o hacer fusiones que expandan su poder de mercado. Las firmas tendrían que demostrar que la empresa que compran no compite con ningún producto o servicio en el que ya se encuentran, lo que podría ralentizar las adquisiciones. El proyecto le apunta a empresas como Facebook, que ha sido duramente criticada por haberse hecho con Instagram y WhatsApp y presuntamente infringir las leyes antimonopolio de EE. UU.
En contexto: Los correos que pusieron en aprietos a Mark Zuckerberg en el Congreso de EE. UU.
Ley para poner fin a los monopolios de plataformas
Es uno de los proyectos de ley más controversiales, pues les prohibiría a las ‘Big Tech’ operar líneas de negocio que puedan generarles un conflicto de intereses, como poder favorecer sus servicios por encima de los de otros jugadores o tener la posibilidad de poner en desventaja a un competidor. Los legisladores han asegurado que Amazon y Apple ya incurren en esta práctica. La norma también podría afectar a Google, que es dueña de la plataforma de videos YouTube y a su vez de un motor de búsqueda que organiza los resultados de los videos de internet.
Ley Access o “Acceso”
Con esta ley las compañías tendrían que facilitar la interoperabilidad entre plataformas, haciendo que los consumidores puedan trasladar sus datos fácilmente de su servicio al de un competidor. También exige que las empresas aseguren los datos de los usuarios en este proceso y evitar riesgos de seguridad. Analistas locales opinan que esta norma podría tener buena acogida, pues ya cursa una propuesta similar en el Senado.
Ley de modernización de tarifas para fusiones
La iniciativa busca actualizar las tarifas de presentación de fusiones por primera vez en veinte años para que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio tengan más recursos para operar. La norma haría que los actores involucrados en grandes fusiones paguen una “parte justa” que no se traslade a los consumidores. Cebe decir que el Senado aprobó este mes una legislación similar como parte de un proyecto de ley más amplio.
Una preocupación global
Las 10 compañías más grandes del sector tecnología suman un patrimonio de US$10 billones. Si se miran en conjunto, serían la tercera economía más grande en el planeta, luego de Estados Unidos y China.
El problema es que no son un Estado, con obligaciones internacionales, sino una suerte de suprapoder que responde ante ciertas legislaciones, cuando se toman el trabajo de adherirse a las leyes (el caso de Uber es un buen ejemplo del sello de operar y preguntar luego).
Buena parte de los líos que hay con estas empresas es que controlan, de cierta forma, el acceso y flujo de información en sectores como las comunicaciones, el entretenimiento y el comercio en línea.
Y en la medida que su alcance global ha ido creciendo, también lo han ido haciendo sus detractores, críticos y la preocupación de autoridades que se han alineado en dos grandes tensiones: acceso y difusión de la información, un punto en el que se agrupan asuntos como la moderación de contenido y la privacidad de los datos de millones de usuarios, y la salud de mercados que se encuentran vastamente controlados por un puñado de compañías.
“En la medida en la que el poder de las plataformas digitales ha crecido, ha comenzado a ser más claro que necesitamos más elementos para tener a raya ese poder”, dijo Margrethe Vestager, la comisaria europea para la competencia.
La voz de Vestager es clave en todo este asunto, ya que Europa ha liderado los esfuerzos para poner a raya el poder de las empresas de tecnología, especialmente en lo que tiene que ver con privacidad de los usuarios y supuestas prácticas monopolísticas en el lucrativo mercado de la publicidad digital. Se calcula que, para 2019, el gasto en publicidad en la Unión Europea ascendió a cerca de US$24.000 millones.
Las presiones y objeciones contra las Big Tech también han emergido en Australia, en donde un controvertido proyecto de ley fue impulsado para obligar a las plataformas a compartir parte de las ganancias que extraen por la circulación de la información de medios de comunicación locales.
Le sugerimos leer: Australia aprueba una nueva ley que exige que Facebook y Google paguen por las noticias
China, uno de los mercados de tecnología más lucrativos en el mundo (pero que tiene sus fronteras cerradas para algunas de las plataformas) también ha comenzado a apretar la legislación antimonopolio. El hecho más reciente de estas acciones fue la desactivación de la salida a bolsa de Ant y la multa e investigación contra Alibaba, el gigante del comercio electrónico chino.
Ahora bien, los esfuerzos por meter en cintura a las Big Tech traen peligros para los usuarios y para la estructura de internet.
La legislación es, por diseño, una visión social (y politizada) sobre un problema. Por lo que no todas las visiones sobre internet necesariamente estarán alineadas con los principios de apertura e interoperabilidad que han gobernado la estructura de la red. En otras palabras, legislar con una intención y alcances en determinado mercado y hacerlo con otros fines en otro puede crear una suerte de balcanización de la web.
Esta es una visión que defiende la Electronic Frontier Foundation al hablar de una red de interés público: “En la internet real, a uno o dos clics de distancia de ese puñado de conglomerados, sigue habiendo un mundo más amplio, más diverso y más generoso. Dirigida a menudo por voluntarios, con frecuencia sin ninguna afiliación institucional obvia, a veces diminuta, a menudo local, pero libre para que todo el mundo en línea la utilice y contribuya a ella, esta internet precedió a las Big Tech e inspiró la visión más temprana y optimista de su futuro lugar en la sociedad”.
Sin mayores grandilocuencias, la forma como se resuelvan estas preguntas y tensiones podría afectar fundamentalmente la que quizás es la infraestructura humana más importante en el momento.