Futurismo digital para 2020

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Obviamente nadie puede saber lo que va a pasar en el futuro. Además, nada pasa naturalmente. Los temas que discutiremos este año son producto del trabajo de todo el mundo, levantando o imponiendo su voz para hacer de sus intereses un asunto público. Más que predicciones, queremos proponer algunos temas que nos interesan y que creemos que deben ser parte de nuestra atención durante 2020.

La protección de datos será uno de los temas más importantes para definir este derecho y el derecho a la intimidad. Aunque la mayoría de reclamos en protección de datos tienen que ver con el sector financiero, la prensa internacional se ha interesado por casos de abuso de datos personales a través de grandes plataformas que también operan en el país. Además, cada vez recibimos más preguntas y denuncias sobre usos innecesarios de datos biométricos, tanto en el sector público como en el privado. Aplicaciones concretas como inteligencia artificial añaden riesgos al uso de datos personales, por lo cual este año estará ocupado con estas discusiones.

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Con al menos 84 líderes sociales asesinados en 2019, la seguridad física y digital de sectores sociales deberá seguir siendo un tema de preocupación. El Gobierno presentó un borrador de Conpes de seguridad digital que aún no logra resolver los problemas institucionales de las políticas anteriores para generar confianza para denunciar y resolver casos de amenazas a periodistas, organizaciones de sociedad civil y líderes sociales. Aunque las herramientas tecnológicas no fueron el centro de atención, el año pasado también hubo varios escándalos de “chuzadas” ilegales que deben cuestionar al Gobierno sobre las prácticas de seguridad y las reformas necesarias para garantizar los derechos humanos en este contexto.

La actuación de la Policía y otras autoridades durante el paro nacional también dejaron muchas dudas que es necesario resolver en 2020. Un helicóptero con la supuesta capacidad de hacer reconocimiento facial de personas encapuchadas, el registro ilegal y forzado del contenido de celulares durante requisas, el envío de propaganda a través de mensajes de texto, entre otros, son temas de interés para 2020.

La regulación de internet seguirá siendo un asunto central. No es ninguna novedad predecir que algunos sectores buscarán reducir la libertad de expresión en la red a través del endurecimiento de reglas sobre protección de datos y la honra y el buen nombre. Sin embargo, la decisión de la SIC de solicitar a los operadores bloquear Uber hará del bloqueo de internet un tema central en 2020. 

Por una parte, la regulación de plataformas es un tema pendiente especialmente para el reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social de las personas que trabajan en estas alternativas. Por la otra, las órdenes de bloqueo de contenidos también requieren una revisión. Actualmente se hacen para evitar el acceso a material abusivo de explotación sexual infantil y para bloquear juegos de suerte y azar ilegales. La decisión de la SIC y del Gobierno abre una puerta a más casos de bloqueo. El problema es que el procedimiento que se emplea en todos estos es desordenado, no está bien establecido en la ley y no tiene mecanismos de defensa. Con relación a las plataformas y su responsabilidad, seguro añadirá un nuevo ingrediente a la discusión la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues introduce la responsabilidad civil de los intermediarios tocando asuntos tan sensibles como el anonimato, la difusión de contenidos injuriosos, difamantes y mentirosos, así como el ejercicio a la libertad de expresión en línea y que deben poder convocar a su discusión a las múltiples partes interesadas.

Este año avanzará su trámite legislativo el proyecto de ley de seguridad ciudadana, el cual se encuentra en trámite en la Cámara de Representantes. Actualmente está en revisión su articulado en una subcomisión, y no es para menos, pues es un proyecto que introduce el delito de violencia a la intimidad sexual (que nosotras preferimos llamar difusión no consentida de contenido íntimo), la medida cautelar de bloqueo y el delito de uso malicioso de software. Hemos insistido hasta ahora en la necesidad de que se ajuste el contenido del articulado en lo que tiene que ver con esos tres artículos, pues tienen que ajustarse a estándares en derechos humanos. Los comentarios que hemos enviado al Congreso pueden consultarse en detalle aquí.

En 2020, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Fundación Karisma, junto con la Comisión Colombiana de Juristas, contra el articulado de la Ley TIC, especialmente en lo que tiene que ver con el sistema de explotación del espectro que no hizo espacio a las redes comunitarias.

Aún se quedan muchos temas por fuera, como los planes de desarrollo locales, en los que podrían aparecer aplicaciones de reconocimiento facial, inteligencia artificial, cámaras de vigilancia o todo junto bajo la promesa de las “ciudades inteligentes”. También la CRC incluirá en la agenda regulatoria la revisión del sistema de registro de IMEI, que ha sido ineficaz para reducir el hurto de celulares. En fin, en 2020 seguiremos dando la discusión por la defensa de derechos humanos y justicia social en relación con la tecnología.

*  Organización dedicada a estudiar derechos digitales.