La Ley Lleras regresa

Es oficial, la Ley Lleras regresa. Esta semana, el Ministerio de Comercio abrió la fase de comentarios públicos para el proyecto de ley que pretende poner a tono el régimen de derechos de autor en Colombia con las obligaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Luego de este proceso, la iniciativa será revisada y entrará a ser debatida en el Congreso una vez más.

Las obligaciones de Colombia con el TLC en esta materia han sido abordadas a través de por lo menos cuatro leyes (ninguna aprobada), que incluyen dos grandes perspectivas: la responsabilidad de las empresas que proveen internet por el uso de contenido protegido en la red y la actualización como tal del régimen de derechos de autor.

La primera perspectiva es quizá la más recordada, pues suscitó un debate público por los riesgos que suponía para asuntos fundamentales como la libertad de expresión o información, pues les imponía a las empresas de telecomunicaciones la responsabilidad de bajar contenido de internet que presuntamente violara los derechos de autor. La respectiva ley, la primera en ser llamada Ley Lleras, se hundió en el Congreso en 2011. (Lea "Cuando la Ley Lleras regrese")

La segunda, sin embargo, es la que más intentos fallidos ha acumulado y la que está comenzando a revivir mediante la presentación para comentarios públicos. Resucitar es un asunto problemático y el caso de esta ley parece no ser la excepción.

“Lo que siempre hemos criticado es que no se haga una reforma de fondo del derecho de autor en Colombia, sino que se haga una ley para cumplir con obligaciones comerciales. Si se protege a los titulares de los derechos, lo mínimo es que también se protejan a los usuarios en la era de internet”, afirma Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una de las organizaciones que más a fondo se han involucrado en el proceso de comentar y criticar todos los intentos de Ley Lleras.

Cabe aclarar que el documento presentado aún es susceptible de ser modificado antes de entrar a ser debatido en Congreso. Pero, en opinión de Botero, el proyecto no incorpora la parte más esencial del debate: la introducción de más excepciones y limitaciones al derecho de autor que se acoplen a las lógicas de distribución de contenido en internet.

En su artículo 14, el proyecto introduce tres nuevas excepciones. La primera tiene que ver con el almacenamiento de copias temporales electrónicas de trabajos protegidos, siempre y cuando sean necesarias para permitir el flujo de información en una red. En palabras simples, el documento admite el uso del caché, que no es más que la posibilidad de que un computador almacene documentos web para acelerar la carga de páginas que el usuario visita frecuentemente, por ejemplo. Esta, valga la pena aclarar, es una técnica clave en el funcionamiento de internet, además de ser usada prácticamente desde la invención de la web.

Las otras dos excepciones permiten que los archivos y bibliotecas les presten a sus usuarios el material que legalmente han adquirido y que lo usen, con fines de estudio personal o de investigación, en los computadores de sus instalaciones. O sea, esta iniciativa legaliza la labor que ya venían realizando las bibliotecas del país, instituciones que en muy buena parte están constituidas para prestar material al público, o para ser centros de consulta de éste.

Que una pieza de legislación tenga que incluir una excepción de este calibre en 2016 no es, para algunos, un buen indicador de la labor que se ha hecho en materia de limitaciones y excepciones al derecho de autor hasta ahora.

El documento que busca ser proyecto de ley, sin embargo, establece que cada tres años se hará una revisión de estas limitaciones para evaluar si debe someterse al Congreso la aprobación de nuevas excepciones.

“En 2013 hubo unas mesas de trabajo en las que se presentaron comentarios al proyecto, que igual tiene avances. Pero tres años después de este trabajo no se conoció públicamente qué se hizo con las observaciones que presentamos varios sectores”, opina Botero.

La actualización del derecho de autor vía TLC es un camino reconocido para varios países del continente, entre ellos Chile, en donde hubo un proceso de profunda discusión de tres años antes de producir una legislación final.

Y ya en 2012, varios expertos les advirtieron a los legisladores colombianos de los peligros de apurarse en esta tarea. Entre ellos, Michael Carroll, miembro del consejo asesor de Creative Commons y experto en propiedad intelectual de la American University, quien ha asegurado que “incluso con el TLC hay suficiente espacio para que haya excepciones y limitaciones en la ley colombiana. En ese momento nos preguntábamos por qué se está apurando tanto la conversación y por qué estaba siendo definida tan estrechamente”.

El proceso de resucitación de la Ley Lleras apenas comienza, pero aún parece haber espacio, y tiempo, para mejorar.

Es oficial, la Ley Lleras regresa. Esta semana, el Ministerio de Comercio abrió la fase de comentarios públicos para el proyecto de ley que pretende poner a tono el régimen de derechos de autor en Colombia con las obligaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Luego de este proceso, la iniciativa será revisada y entrará a ser debatida en el Congreso una vez más.

Las obligaciones de Colombia con el TLC en esta materia han sido abordadas a través de por lo menos cuatro leyes (ninguna aprobada), que incluyen dos grandes perspectivas: la responsabilidad de las empresas que proveen internet por el uso de contenido protegido en la red y la actualización como tal del régimen de derechos de autor.

La primera perspectiva es quizá la más recordada, pues suscitó un debate público por los riesgos que suponía para asuntos fundamentales como la libertad de expresión o información, pues les imponía a las empresas de telecomunicaciones la responsabilidad de bajar contenido de internet que presuntamente violara los derechos de autor. La respectiva ley, la primera en ser llamada Ley Lleras, se hundió en el Congreso en 2011. (Lea "Cuando la Ley Lleras regrese")

La segunda, sin embargo, es la que más intentos fallidos ha acumulado y la que está comenzando a revivir mediante la presentación para comentarios públicos. Resucitar es un asunto problemático y el caso de esta ley parece no ser la excepción.

“Lo que siempre hemos criticado es que no se haga una reforma de fondo del derecho de autor en Colombia, sino que se haga una ley para cumplir con obligaciones comerciales. Si se protege a los titulares de los derechos, lo mínimo es que también se protejan a los usuarios en la era de internet”, afirma Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una de las organizaciones que más a fondo se han involucrado en el proceso de comentar y criticar todos los intentos de Ley Lleras.

Cabe aclarar que el documento presentado aún es susceptible de ser modificado antes de entrar a ser debatido en Congreso. Pero, en opinión de Botero, el proyecto no incorpora la parte más esencial del debate: la introducción de más excepciones y limitaciones al derecho de autor que se acoplen a las lógicas de distribución de contenido en internet.

En su artículo 14, el proyecto introduce tres nuevas excepciones. La primera tiene que ver con el almacenamiento de copias temporales electrónicas de trabajos protegidos, siempre y cuando sean necesarias para permitir el flujo de información en una red. En palabras simples, el documento admite el uso del caché, que no es más que la posibilidad de que un computador almacene documentos web para acelerar la carga de páginas que el usuario visita frecuentemente, por ejemplo. Esta, valga la pena aclarar, es una técnica clave en el funcionamiento de internet, además de ser usada prácticamente desde la invención de la web.

Las otras dos excepciones permiten que los archivos y bibliotecas les presten a sus usuarios el material que legalmente han adquirido y que lo usen, con fines de estudio personal o de investigación, en los computadores de sus instalaciones. O sea, esta iniciativa legaliza la labor que ya venían realizando las bibliotecas del país, instituciones que en muy buena parte están constituidas para prestar material al público, o para ser centros de consulta de éste.

Que una pieza de legislación tenga que incluir una excepción de este calibre en 2016 no es, para algunos, un buen indicador de la labor que se ha hecho en materia de limitaciones y excepciones al derecho de autor hasta ahora.

El documento que busca ser proyecto de ley, sin embargo, establece que cada tres años se hará una revisión de estas limitaciones para evaluar si debe someterse al Congreso la aprobación de nuevas excepciones.

“En 2013 hubo unas mesas de trabajo en las que se presentaron comentarios al proyecto, que igual tiene avances. Pero tres años después de este trabajo no se conoció públicamente qué se hizo con las observaciones que presentamos varios sectores”, opina Botero.

La actualización del derecho de autor vía TLC es un camino reconocido para varios países del continente, entre ellos Chile, en donde hubo un proceso de profunda discusión de tres años antes de producir una legislación final.

Y ya en 2012, varios expertos les advirtieron a los legisladores colombianos de los peligros de apurarse en esta tarea. Entre ellos, Michael Carroll, miembro del consejo asesor de Creative Commons y experto en propiedad intelectual de la American University, quien ha asegurado que “incluso con el TLC hay suficiente espacio para que haya excepciones y limitaciones en la ley colombiana. En ese momento nos preguntábamos por qué se está apurando tanto la conversación y por qué estaba siendo definida tan estrechamente”.

El proceso de resucitación de la Ley Lleras apenas comienza, pero aún parece haber espacio, y tiempo, para mejorar.