La necesidad de crear políticas públicas para empresas de internet

Cuando Uber entró a Colombia, en septiembre de 2013, nadie pensó que su llegada generaría tanta controversia dentro de la opinión pública. Al principio parecía una aplicación ingeniosa, con carros de lujo y conductores expertos, diseñada para resolver las necesidades de una pequeña porción de ciudadanos dispuesta a pagar un poco más para recibir un mejor servicio. En ese momento, Patrick Morselli, antiguo responsable de la expansión de Uber en Latinoamérica, aseguró que ellos no eran una empresa de transporte público, sino una compañía desarrolladora de software, con todas las implicaciones y los beneficios tributarios que eso significaba. (Lea "Con la neutralidad de la red se juega el futuro de internet")

El éxito y la transformación de la empresa, incluyendo la opción de pagar en efectivo y la posibilidad de que carros particulares prestaran el servicio de transporte, desataron una crisis socioeconómica en el gremio de los taxis, enfrentaron al Gobierno Nacional y develaron lo poco preparado que estaba el país para controlar un fenómeno que no tenía marcha atrás.

Sin embargo, las grietas de la legislación colombiana en este tema se hicieron más profundas cuando Airbnb, Booking.com y Trivago empezaron a afectar el negocio de los hoteles y de las agencias de viajes, y cuando Netflix se convirtió en una piedra en el zapato para las productoras de cine convencionales y para los canales de televisión.

La ausencia en la regulación de plataformas tecnológicas y la confusión que se ha generado dentro de las instituciones oficiales motivaron a la sociedad civil a formar parte activa de esta discusión. Por eso, la Fundación Karisma, el Centro de Estudios de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y el departamento de Derecho de Telecomunicaciones de la Universidad Externado organizaron el evento “Neutralidad de la red y economía digital en Colombia”. El foro incluyó un panel sobre la regulación de empresas cuyo negocio se gestiona a través de internet, pero no tienen infraestructura propia, como Netflix, Despegar.com o Platzi, y un conversatorio que pretendía resolver si Uber, Airbnb o Rappi eran plataformas o servicios.

El primer debate, moderado por el profesor Daniel Peña, demostró que el principio de neutralidad de la red, entendido como la garantía de que todo el tráfico de internet debe ser tratado de la misma forma, sin discriminaciones ni privilegios, es necesario para que los usuarios puedan disfrutar de una internet abierta, libre y democrática.

Felipe Botero, country mánager de Despegar.com y uno de los invitados a la discusión, hizo énfasis en el desnivel que actualmente hay entre las empresas de internet que están constituidas en cada país y las que operan desde afuera. “Hemos identificado más de diez normas que ponen en riesgo la seguridad del consumidor que compra en sitios online. En este momento la legislación colombiana tiene una ventana abierta, porque no hay manera de proteger al consumidor si algo relacionado con la información de precios, las leyes de retracto o incluso los temas de hábeas data le sucede en algún portal que no opera en el país”, aseguró Botero.

Aunque parezca paradógico, la idea del gerente de Despegar.com va en línea con la petición de Alberto Solano Vanegas, director de la Cámara de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Televisión (Andesco), quien afirma que servicios como Netflix no pueden perjudicar al resto de la industria audiovisual y exige una regulación que genere un entorno equitativo, proporcional y no discriminatorio.

Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una de las exigencias más urgentes en este asunto es que los ciudadanos tengan acceso a la información que necesitan para decidir qué planes de internet compran y qué contenidos consumen. “En este momento no podemos comparar las ofertas de los operadores. En Colombia todavía no hay una unidad fija de lo que valen los datos en internet y eso limita la posibilidad de elección de los usuarios”, añadió Botero.

Por otra parte, el debate sobre la naturaleza de Uber, Airbnb y Rappi, moderado por Carlos Cortés, experto en derecho de internet y periodista de La Silla Vacía, concluyó en que si bien el bloqueo de este tipo de empresas no es la solución del problema, sí es necesario diseñar mecanismos que organicen y limiten, en el buen sentido de la palabra, el desarrollo de las aplicaciones que están transformando todos los sectores de la industria tradicional.

Como aseguró la profesora Adriana Castro: “Creo que Uber, Airbnb, Rappi y el resto de compañías similares no son ni plataformas ni servicios, y por eso necesitan una regulación especial. El Gobierno tiene pendiente una política pública seria que saque de la incertidumbre jurídica y comercial a estas empresas”. Lo único cierto en este asunto que está a punto de salírsele de las manos al Gobierno es que la regulación colombiana es anacrónica, por eso es necesaria una mezcla de autorregulación, corregulación o desregulación que ayude a equilibrar las reglas del juego para todos los sectores de la sociedad.

Cuando Uber entró a Colombia, en septiembre de 2013, nadie pensó que su llegada generaría tanta controversia dentro de la opinión pública. Al principio parecía una aplicación ingeniosa, con carros de lujo y conductores expertos, diseñada para resolver las necesidades de una pequeña porción de ciudadanos dispuesta a pagar un poco más para recibir un mejor servicio. En ese momento, Patrick Morselli, antiguo responsable de la expansión de Uber en Latinoamérica, aseguró que ellos no eran una empresa de transporte público, sino una compañía desarrolladora de software, con todas las implicaciones y los beneficios tributarios que eso significaba. (Lea "Con la neutralidad de la red se juega el futuro de internet")

El éxito y la transformación de la empresa, incluyendo la opción de pagar en efectivo y la posibilidad de que carros particulares prestaran el servicio de transporte, desataron una crisis socioeconómica en el gremio de los taxis, enfrentaron al Gobierno Nacional y develaron lo poco preparado que estaba el país para controlar un fenómeno que no tenía marcha atrás.

Sin embargo, las grietas de la legislación colombiana en este tema se hicieron más profundas cuando Airbnb, Booking.com y Trivago empezaron a afectar el negocio de los hoteles y de las agencias de viajes, y cuando Netflix se convirtió en una piedra en el zapato para las productoras de cine convencionales y para los canales de televisión.

La ausencia en la regulación de plataformas tecnológicas y la confusión que se ha generado dentro de las instituciones oficiales motivaron a la sociedad civil a formar parte activa de esta discusión. Por eso, la Fundación Karisma, el Centro de Estudios de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y el departamento de Derecho de Telecomunicaciones de la Universidad Externado organizaron el evento “Neutralidad de la red y economía digital en Colombia”. El foro incluyó un panel sobre la regulación de empresas cuyo negocio se gestiona a través de internet, pero no tienen infraestructura propia, como Netflix, Despegar.com o Platzi, y un conversatorio que pretendía resolver si Uber, Airbnb o Rappi eran plataformas o servicios.

El primer debate, moderado por el profesor Daniel Peña, demostró que el principio de neutralidad de la red, entendido como la garantía de que todo el tráfico de internet debe ser tratado de la misma forma, sin discriminaciones ni privilegios, es necesario para que los usuarios puedan disfrutar de una internet abierta, libre y democrática.

Felipe Botero, country mánager de Despegar.com y uno de los invitados a la discusión, hizo énfasis en el desnivel que actualmente hay entre las empresas de internet que están constituidas en cada país y las que operan desde afuera. “Hemos identificado más de diez normas que ponen en riesgo la seguridad del consumidor que compra en sitios online. En este momento la legislación colombiana tiene una ventana abierta, porque no hay manera de proteger al consumidor si algo relacionado con la información de precios, las leyes de retracto o incluso los temas de hábeas data le sucede en algún portal que no opera en el país”, aseguró Botero.

Aunque parezca paradógico, la idea del gerente de Despegar.com va en línea con la petición de Alberto Solano Vanegas, director de la Cámara de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Televisión (Andesco), quien afirma que servicios como Netflix no pueden perjudicar al resto de la industria audiovisual y exige una regulación que genere un entorno equitativo, proporcional y no discriminatorio.

Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una de las exigencias más urgentes en este asunto es que los ciudadanos tengan acceso a la información que necesitan para decidir qué planes de internet compran y qué contenidos consumen. “En este momento no podemos comparar las ofertas de los operadores. En Colombia todavía no hay una unidad fija de lo que valen los datos en internet y eso limita la posibilidad de elección de los usuarios”, añadió Botero.

Por otra parte, el debate sobre la naturaleza de Uber, Airbnb y Rappi, moderado por Carlos Cortés, experto en derecho de internet y periodista de La Silla Vacía, concluyó en que si bien el bloqueo de este tipo de empresas no es la solución del problema, sí es necesario diseñar mecanismos que organicen y limiten, en el buen sentido de la palabra, el desarrollo de las aplicaciones que están transformando todos los sectores de la industria tradicional.

Como aseguró la profesora Adriana Castro: “Creo que Uber, Airbnb, Rappi y el resto de compañías similares no son ni plataformas ni servicios, y por eso necesitan una regulación especial. El Gobierno tiene pendiente una política pública seria que saque de la incertidumbre jurídica y comercial a estas empresas”. Lo único cierto en este asunto que está a punto de salírsele de las manos al Gobierno es que la regulación colombiana es anacrónica, por eso es necesaria una mezcla de autorregulación, corregulación o desregulación que ayude a equilibrar las reglas del juego para todos los sectores de la sociedad.