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Facebook anunció el jueves que pedirá a expertos independientes que decidan si debe mantenerse la suspensión de la cuenta de Donald Trump por “fomentar la insurrección”.
Facebook e Instagram vetaron a Trump luego que sus simpatizantes asaltaron el Capitolio el 6 de enero en un ataque que condujo al ahora expresidente estadounidense a un segundo juicio político.
Facebook está derivando la decisión a su junta de supervisión independiente, conocida coloquialmente como la “suprema corte” de esa red social, la cual puede tomar decisiones vinculantes que incluso su director ejecutivo Mark Zuckerberg debe acatar.
“Creemos que nuestra decisión fue correcta y necesaria”, dijo el vicepresidente de asuntos mundiales de Facebook, Nick Clegg, en un blog.
“Nuestra decisión de suspender el acceso del entonces presidente Donald Trump fue tomada en circunstancias extraordinarias: un presidente de Estados Unidos fomentando una violenta insurrección concebida para torcer la transición pacífica del poder, cinco personas muertas, legisladores huyendo de la sede de la democracia”.
Circunstancias sin precedentes llevan a decisiones sin precedentes, razonó Clegg, un ex viceprimer ministro británico.
La junta de supervisión tiene como tarea la de tomar la decisión en apelaciones relativas a material eliminado o mantenido en la mayor red social del mundo.
Fue constituida el año pasado en medio del temor a la desinformación y las manipulaciones en torno a las elecciones de Estados Unidos.
El acceso de Trump a su cuenta en Facebook está suspendido hasta que la junta tome una decisión, según Clegg.
“Esperamos, dada la justificaciones de nuestras acciones del 7 de enero, que decida mantener la opción que tomamos”, afirmó.
Además del fallo, Facebook dará la bienvenida a “recomendaciones de la junta sobre suspensiones cuando el usuario es un líder político”, añadió.
Las reacciones al veto a Trump fueron desde críticas a Facebook por no haberlo suspendido antes hasta enojo porque se haya acallado su voz.
“Hemos adoptado la opinión de que en las democracias abiertas la gente tiene derecho a escuchar lo que dicen sus políticos -lo bueno, lo malo y lo feo- para que se les pueda exigir cuentas”, dijo Clegg.
“Pero eso nunca significa que los políticos puedan decir cualquier cosa que se les antoje”, apuntó.
Los integrantes de esa junto son de varios países e incluye a juristas, activistas de los derechos humanos, periodistas, laureados con el Premio Nobel y un ex primer ministro de Dinamarca.