Los retos de la justicia colombiana a la hora de implementar la tecnología

De todos los sectores de una sociedad que se ven impactados y transformados por el uso de tecnología, la salud y la administración de justicia quizá son dos de las intersecciones más críticas en este aspecto: dos de los terrenos en los que la tecnología muestra mayores promesas y también dos de los terrenos en donde ha resultado más difícil cumplirlas.

Lo anterior no niega lo importante, y acaso urgente, que resulta empujar más fuertemente estos sectores hacia la era digital. Tal vez nadie duda de la importancia de seguir dando este paso. El problema reside en el cómo.

Y el cómo es un asunto complejo, lleno de detalles técnicos y sutilezas que terminan por hacer una gran diferencia en un producto final. Esto lo evidenció la Primera Conferencia Internacional sobre Justicia y TIC que se realizó este martes en la Universidad Javeriana de Bogotá.

“Entre los varios problemas que hemos identificado en la implementación de sistemas de tecnología está el hecho que estas reformas las hacen los abogados y, una vez hechas, ahí sí invitan a otros actores”. Rafael Blanco es catedrático de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, experto en sistemas judiciales en Latinoamérica y uno de los expositores centrales del evento.

Tal vez el problema más importante, y acaso evidente, de esta línea de diseño es que termina por perder de vista el gran objetivo: servir al ciudadano. Por eso, uno de los puntos más interesantes de la conferencia fue la defensa que varios panelistas hicieron de la simplificación de los sistemas. En este caso, más no es mejor, sino apenas más.

Esther Devries, ITO del Centro Judicial Federal de Estados Unidos, es algo así como la proveedora de tecnología de la rama judicial en este país y explicó que, a la hora de hacer intervenciones a nivel federal, estableció un sistema de clasificación que arranca en "asunto necesario" y termina en "por considerar" para decidir qué problema priorizar. “Incluso si uno construye tecnología maravillosa siempre hay que tener en mente al usuario, qué le funciona a la persona, cómo podemos mejorar procesos para las personas. Al final de todo lo que siempre debemos hacer es entrenar a la gente para que cambie su forma de hacer las cosas, para que adopte un nuevo camino por encima del anterior que ya usaba”.

La aplicación de tecnología a la justicia busca, en palabras de algunos de los conferencistas, mejorar la eficiencia y transparencia del sistema. “La implementación de TIC no es una moda, sino una necesidad”, recordó Erick Rincón, gerente general de Legis.

Eficiencia y transparencia son dos asuntos que no resultan sencillos, pues, de entrada, el nivel de complejidad del sistema judicial es algo que fácilmente puede pasarse por alto. Como lo explica Blanco, “por ejemplo, realizar una audiencia es un proceso logístico muy difícil, si se tiene en cuenta que se debe notificar a todas las partes y garantizar el traslado de los involucrados, que muchas veces pueden estar en otras ciudades y necesitan condiciones de transporte especial, en el caso de detenidos”.

Santiago García Devis, funcionario encargado del Centro de Innovación Pública Digital en el Ministerio TIC, resaltó el caso de Turquía, un país que lidera la implementación de una estrategia digital para su sector judicial. Gracias a esta, el sistema de justicia turco logra procesar digitalmente más de un millón de documentos por día y, a 2014, había incluido más de 57 millones de archivos a la plataforma. El sistema incluso tiene notificaciones vía SMS para el ciudadano.

A los desafíos planteados hay que añadirle uno que no es exclusivo del sector y que tiene que ver con la alfabetización digital de los funcionarios de la rama judicial. “Uno de los problemas en este tema son las visiones reduccionistas de lo informático y que generan cosas como la compra de computadores y software que no terminan por ser usados porque las personas no saben cómo usarlo o porque no es el adecuado para las funciones de un despacho judicial, pero igual se invirtieron recursos en esto”, argumenta Blanco. “En los procesos no es raro seguir encontrando actores que descartan los medios electrónicos por considerar que sólo los documentos en papel son válidos”, añadió Rincón.

En los despachos judiciales del país avanza la implementación y adopción de un portal que permite la digitalización de procesos judiciales, entre otras cosas. José Agustín Suárez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, explicó que la utilización de esta plataforma permitió resguardar la integridad de un proceso de restitución de tierras que se adelantaba en un juzgado de Yopal cuando al juez de la causa le tocó trasladarse a Bogotá por problemas de seguridad. “La información estuvo a salvo y con un solo viaje Yopal-Bogotá el proceso pudo seguir en marcha sin poner en riesgo el expediente”.

Suárez explicó que la rama le apunta a la instalación de lectores biométricos en los despachos judiciales, que podrían ser usados para controlar casos de suplantación de abogados, por ejemplo. Este es apenas uno de los proyectos de implementación de tecnología que adelanta la justicia colombiana, al menos a juzgar por los varios casos que comentaron algunos de los conferencistas.

Todas estas iniciativas si bien apuntan a maximizar la eficiencia del sistema de justicia también abren preguntas acerca del manejo de la información privada y los datos personales para los lectores biométricos, por sólo nombrar un caso.

Para todos los avances que se han hecho, y que aún se hacen, en adopción de TIC en la justicia, una de las líneas menos discutidas en la conferencia fue la educación digital de los jueces y operadores judiciales en tecnología, pero no sólo desde el aspecto técnico (el manejo y aprovechamiento de las herramientas), sino también desde las implicaciones que sus decisiones pueden tener para el funcionamiento de internet.

Uno de los ejemplos más sonados de este argumento es la puesta en marcha del llamado derecho al olvido que, en algunos casos, puede entrar a proteger derechos invocados por un demandante, pero que también puede afectar el acceso libre a la información de toda una población.

Para retomar las palabras de Rincón, la utilización de tecnología en la justicia dista mucho de ser una moda y cada día se convierte más en una de las esperanzas para lograr más eficiencia en un sector que la necesita con urgencia.  

De todos los sectores de una sociedad que se ven impactados y transformados por el uso de tecnología, la salud y la administración de justicia quizá son dos de las intersecciones más críticas en este aspecto: dos de los terrenos en los que la tecnología muestra mayores promesas y también dos de los terrenos en donde ha resultado más difícil cumplirlas.

Lo anterior no niega lo importante, y acaso urgente, que resulta empujar más fuertemente estos sectores hacia la era digital. Tal vez nadie duda de la importancia de seguir dando este paso. El problema reside en el cómo.

Y el cómo es un asunto complejo, lleno de detalles técnicos y sutilezas que terminan por hacer una gran diferencia en un producto final. Esto lo evidenció la Primera Conferencia Internacional sobre Justicia y TIC que se realizó este martes en la Universidad Javeriana de Bogotá.

“Entre los varios problemas que hemos identificado en la implementación de sistemas de tecnología está el hecho que estas reformas las hacen los abogados y, una vez hechas, ahí sí invitan a otros actores”. Rafael Blanco es catedrático de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, experto en sistemas judiciales en Latinoamérica y uno de los expositores centrales del evento.

Tal vez el problema más importante, y acaso evidente, de esta línea de diseño es que termina por perder de vista el gran objetivo: servir al ciudadano. Por eso, uno de los puntos más interesantes de la conferencia fue la defensa que varios panelistas hicieron de la simplificación de los sistemas. En este caso, más no es mejor, sino apenas más.

Esther Devries, ITO del Centro Judicial Federal de Estados Unidos, es algo así como la proveedora de tecnología de la rama judicial en este país y explicó que, a la hora de hacer intervenciones a nivel federal, estableció un sistema de clasificación que arranca en "asunto necesario" y termina en "por considerar" para decidir qué problema priorizar. “Incluso si uno construye tecnología maravillosa siempre hay que tener en mente al usuario, qué le funciona a la persona, cómo podemos mejorar procesos para las personas. Al final de todo lo que siempre debemos hacer es entrenar a la gente para que cambie su forma de hacer las cosas, para que adopte un nuevo camino por encima del anterior que ya usaba”.

La aplicación de tecnología a la justicia busca, en palabras de algunos de los conferencistas, mejorar la eficiencia y transparencia del sistema. “La implementación de TIC no es una moda, sino una necesidad”, recordó Erick Rincón, gerente general de Legis.

Eficiencia y transparencia son dos asuntos que no resultan sencillos, pues, de entrada, el nivel de complejidad del sistema judicial es algo que fácilmente puede pasarse por alto. Como lo explica Blanco, “por ejemplo, realizar una audiencia es un proceso logístico muy difícil, si se tiene en cuenta que se debe notificar a todas las partes y garantizar el traslado de los involucrados, que muchas veces pueden estar en otras ciudades y necesitan condiciones de transporte especial, en el caso de detenidos”.

Santiago García Devis, funcionario encargado del Centro de Innovación Pública Digital en el Ministerio TIC, resaltó el caso de Turquía, un país que lidera la implementación de una estrategia digital para su sector judicial. Gracias a esta, el sistema de justicia turco logra procesar digitalmente más de un millón de documentos por día y, a 2014, había incluido más de 57 millones de archivos a la plataforma. El sistema incluso tiene notificaciones vía SMS para el ciudadano.

A los desafíos planteados hay que añadirle uno que no es exclusivo del sector y que tiene que ver con la alfabetización digital de los funcionarios de la rama judicial. “Uno de los problemas en este tema son las visiones reduccionistas de lo informático y que generan cosas como la compra de computadores y software que no terminan por ser usados porque las personas no saben cómo usarlo o porque no es el adecuado para las funciones de un despacho judicial, pero igual se invirtieron recursos en esto”, argumenta Blanco. “En los procesos no es raro seguir encontrando actores que descartan los medios electrónicos por considerar que sólo los documentos en papel son válidos”, añadió Rincón.

En los despachos judiciales del país avanza la implementación y adopción de un portal que permite la digitalización de procesos judiciales, entre otras cosas. José Agustín Suárez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, explicó que la utilización de esta plataforma permitió resguardar la integridad de un proceso de restitución de tierras que se adelantaba en un juzgado de Yopal cuando al juez de la causa le tocó trasladarse a Bogotá por problemas de seguridad. “La información estuvo a salvo y con un solo viaje Yopal-Bogotá el proceso pudo seguir en marcha sin poner en riesgo el expediente”.

Suárez explicó que la rama le apunta a la instalación de lectores biométricos en los despachos judiciales, que podrían ser usados para controlar casos de suplantación de abogados, por ejemplo. Este es apenas uno de los proyectos de implementación de tecnología que adelanta la justicia colombiana, al menos a juzgar por los varios casos que comentaron algunos de los conferencistas.

Todas estas iniciativas si bien apuntan a maximizar la eficiencia del sistema de justicia también abren preguntas acerca del manejo de la información privada y los datos personales para los lectores biométricos, por sólo nombrar un caso.

Para todos los avances que se han hecho, y que aún se hacen, en adopción de TIC en la justicia, una de las líneas menos discutidas en la conferencia fue la educación digital de los jueces y operadores judiciales en tecnología, pero no sólo desde el aspecto técnico (el manejo y aprovechamiento de las herramientas), sino también desde las implicaciones que sus decisiones pueden tener para el funcionamiento de internet.

Uno de los ejemplos más sonados de este argumento es la puesta en marcha del llamado derecho al olvido que, en algunos casos, puede entrar a proteger derechos invocados por un demandante, pero que también puede afectar el acceso libre a la información de toda una población.

Para retomar las palabras de Rincón, la utilización de tecnología en la justicia dista mucho de ser una moda y cada día se convierte más en una de las esperanzas para lograr más eficiencia en un sector que la necesita con urgencia.