Malas noticias: la NSA seguirá vigilándonos

En este año hemos visto, una vez más, que el Congreso de Estados Unidos aprueba la extensión de tiempo de una de sus normas más controvertidas: la sección 702 de la FISA Amendments Act, la ley que, en términos simples, es la base legal para el monitoreo de comunicaciones por las agencias de inteligencia estadounidenses.

La sección 702, en particular, es la que permite recolectar llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y más, de ciudadanos no estadounidenses que son investigados por tales agencias; todo esto sin necesidad de una orden judicial. Es decir, es la ley que permitió, y permitirá por al menos seis años más, programas de espionaje como los develados por Edward Snowden en 2013.

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La noticia es negativa, cuando menos. En cada ocasión que ha tenido el Congreso de EE.UU. de poner límites reales a la vigilancia, ha optado por modificar las reglas de forma tal que agencias como la NSA, la CIA o el FBI sigan operando, con bajísimos resguardos procedimentales y manteniendo un nivel importante de secretismo.

Y, aún más grave, es que se niega –otra vez– la privacidad de quienes se comunican con personas en EE.UU., en nombre de la recolección de inteligencia. Colegas, amistades, familiares, compañeras de estudio y más se vuelven así posibles focos de vigilancia. Y el constante tránsito de nuestras conversaciones, imágenes, videos y textos por servidores ubicados allí los pone a disposición de esas agencias para ser leídos, estudiados y almacenados sin que lo sepamos. De paso, esto perjudica también a las personas dentro de EE.UU., que por comunicarse hacia el extranjero pierden buena parte de sus garantías constitucionales mínimas, como una orden judicial.

Esto pudo haber cambiado, al menos en parte, en razón de la contingencia política: la impopularidad de Donald Trump parecía realinear las fuerzas políticas en contra de posibles arbitrariedades de las agencias de inteligencia que forman parte del aparato gubernamental que dirige el presidente.

Así fue como algunas reformas mínimas asomaron la cabeza en el Senado. No obstante, la votación para avanzar sin discutir reformas recibió apoyo de los supuestos opositores a Trump. La supuesta resistencia no demostró ser tal al momento de resguardar los derechos de los ciudadanos estadounidenses; el resto del mundo, en tanto, sigue expuesto.

Cuatro años y medio después de las revelaciones de Snowden, y tras largos e intensos debates sobre los límites de la vigilancia estatal y las garantías mínimas que ella debe cumplir, parece ser que en las esferas de toma de decisiones sigue primando un concepto de seguridad que sacrifica derechos fundamentales, socavando aún más a la democracia y poniendo en entredicho el valor de sus instituciones. La intensa lucha de organizaciones de la sociedad civil en EE.UU. se mantiene frente a una clase política inflexible y un complejo de instituciones de vigilancia que opera en casi total impunidad.

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A pesar de lo lejano que parece este debate, que tanto nos afecta, quedan espacios de acción a nivel colectivo e individual. Las noticias de los debates políticos en EE. UU. todavía dejan fuera el alcance real de la vigilancia a diario, una actividad velada, a menudo auxiliada por la infraestructura del capitalismo de la vigilancia. También queda fuera de nuestro conocimiento lo que las agencias de inteligencia hacen a diario dentro de nuestros países en sus actividades de vigilancia. Y es por ello que mantener la lucha a nivel local, exigiendo controles democráticos sobre las agencias de inteligencia, y sobre la adquisición de tecnología de vigilancia, así como aprender a defenderse de esta, se vuelve hoy más importante que nunca.

La versión original de exte texto fue publicada por el portal Derechos Digitales bajo una licencia Creative Commons.

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La sección 702, en particular, es la que permite recolectar llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y más, de ciudadanos no estadounidenses que son investigados por tales agencias; todo esto sin necesidad de una orden judicial. Es decir, es la ley que permitió, y permitirá por al menos seis años más, programas de espionaje como los develados por Edward Snowden en 2013.

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Y, aún más grave, es que se niega –otra vez– la privacidad de quienes se comunican con personas en EE.UU., en nombre de la recolección de inteligencia. Colegas, amistades, familiares, compañeras de estudio y más se vuelven así posibles focos de vigilancia. Y el constante tránsito de nuestras conversaciones, imágenes, videos y textos por servidores ubicados allí los pone a disposición de esas agencias para ser leídos, estudiados y almacenados sin que lo sepamos. De paso, esto perjudica también a las personas dentro de EE.UU., que por comunicarse hacia el extranjero pierden buena parte de sus garantías constitucionales mínimas, como una orden judicial.

Esto pudo haber cambiado, al menos en parte, en razón de la contingencia política: la impopularidad de Donald Trump parecía realinear las fuerzas políticas en contra de posibles arbitrariedades de las agencias de inteligencia que forman parte del aparato gubernamental que dirige el presidente.

Así fue como algunas reformas mínimas asomaron la cabeza en el Senado. No obstante, la votación para avanzar sin discutir reformas recibió apoyo de los supuestos opositores a Trump. La supuesta resistencia no demostró ser tal al momento de resguardar los derechos de los ciudadanos estadounidenses; el resto del mundo, en tanto, sigue expuesto.

Cuatro años y medio después de las revelaciones de Snowden, y tras largos e intensos debates sobre los límites de la vigilancia estatal y las garantías mínimas que ella debe cumplir, parece ser que en las esferas de toma de decisiones sigue primando un concepto de seguridad que sacrifica derechos fundamentales, socavando aún más a la democracia y poniendo en entredicho el valor de sus instituciones. La intensa lucha de organizaciones de la sociedad civil en EE.UU. se mantiene frente a una clase política inflexible y un complejo de instituciones de vigilancia que opera en casi total impunidad.

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La versión original de exte texto fue publicada por el portal Derechos Digitales bajo una licencia Creative Commons.