¿Por qué es tan fácil seguir chuzando comunicaciones en Colombia?

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Foto: Getty Images

Como diría una serie de televisión de los años 80: entonces, sucedió. Aunque en este caso tendríamos que decir que sucedió de nuevo: una vez más estamos hablando de chuzadas, con el ingrediente común de la duda acerca de la legalidad o pertinencia del procedimiento. La receta es, por desgracia, harto conocida: una víctima que ignora serlo, una cucharadita de procedimientos cuestionables, una pizca de corrupción al gusto y unas dos libras de consecuencias y apuestas políticas.

Colar un número celular en un listado para interceptar teléfonos dentro de una investigación criminal legítima es algo de lo que hemos escuchado varias veces en los últimos años. Detrás de este esquema se esconde una trampa, camuflar una investigación ilegítima en una que sí lo es. Y lo cierto es que este tipo de escándalos nos han ido familiarizando cada vez más con el abuso de los sistemas de vigilancia del Estado que, al parecer, no conoce color político.

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La recurrencia de esta conversación nos lleva a una pregunta fundamental: ¿por qué es tan fácil seguir chuzando en Colombia?

El caso Laura Sarabia-Armando Benedetti tiene una multitud de aristas, pero resulta interesante que la chuzada de la niñera se haya convertido en el pararrayos del escándalo cuando, por lo general, este aspecto suele pasar desapercibido.

Mientras la Policía fue la primera en hablar para dar su versión, la Fiscalía —solo unas horas después— indicó que las fechas no coincidían, que el procedimiento se había hecho con un informe manipulado de la Dijín y que no solo se había interceptado a la niñera, sino también a otra de las empleadas de Sarabia.

La Fiscalía dijo que precisamente quien “plantó” el número del celular de la niñera en la lista de seguimientos a posibles miembros del Clan del Golfo fue un funcionario de la Dijín. Contó también que, con base en el informe de esta autoridad, la orden la dio un fiscal en Chocó. Sabemos que el técnico encargado de la interceptación, después de unos días de escuchar las conversaciones, hizo un informe para detener el proceso porque lo que escuchaba no estaba relacionado con la investigación criminal principal. No explicó, eso sí, por qué el fiscal se demoró varios días en dar la orden de parar la escucha.

Esto es interesante porque dentro del desconcierto inicial y las preguntas acerca de quién había autorizado esta interceptación y si esto refleja una política de Estado, quienes seguimos estos temas identificamos una nueva prueba de que el sistema de interceptación de comunicaciones del Estado colombiano es muy proclive al abuso y tiene muy pocos controles —ninguno externo, alguno interno, que a veces funciona—. En todo caso, el abuso se esconde al descubierto.

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La interceptación de comunicaciones

En Colombia, solo las autoridades con funciones de investigación criminal tienen facultades legales para interceptar comunicaciones y estas se hacen por orden de la Fiscalía, que eventualmente tiene que legalizarlas frente a un juez de garantías. Las escuchas las hacen técnicos con funciones de investigación criminal.

A diferencia del estándar internacional, que establece que las interceptaciones las autorice un juez, en Colombia el visto bueno inicial lo da un fiscal. El paso por un juez se hace después, cuando se decide si la operación continuará. Esto tiene un efecto clave: muchas interceptaciones temporales nunca pasan realmente por un estrado judicial.

Aunque tiene sentido que haya un manto de confidencialidad en las interceptaciones, sobre todo si se vinculan con investigaciones criminales, lo que no está bien es que se use como un cheque en blanco para la opacidad. Es cierto que las entidades tienen mecanismos de control interno (que funcionan a veces, como muestra este caso, pues hubo un técnico que pidió parar la escucha ya que no servía al propósito de la investigación), pero eso no sustituye los pesos y balances externos independientes y mucho menos las garantías procesales, como lo es la autorización judicial.

En Colombia no solo hemos diluido el rol del juez, sino que no hay controles externos fuertes.

Por ejemplo, en otras legislaciones hay medidas que permiten a determinadas autoridades tener información sobre las interceptaciones para analizar las acciones y eventualmente profundizar en lo sucedido para prevenir, entender y castigar los abusos. En Colombia para los temas de inteligencia tenemos una comisión del Congreso que hace seguimiento a la ley de inteligencia. Pero no funciona realmente, en especial porque no le dan información por diversas razones. La principal es que el estudio para despejar dudas sobre la idoneidad de sus miembros para acceder a esa información se demora tanto que el período de su designación termina antes de que llegue la autorización.

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En otros países, por ejemplo, se debe notificar a las personas que han sido interceptadas una vez esto termina sin un caso criminal. Esta es una posibilidad que ni siquiera se contempla en Colombia. ¿Acaso no deberíamos hacerlo? Imagínense que la Fiscalía estuviera obligada a notificar a la niñera que su celular estuvo interceptado por 10 días porque alguien consideró que había razones para creer que era parte del entramado criminal del Clan del Golfo. Soñar no cuesta nada.

¿Qué hace diferente este caso de otros?

Como ya dijimos, la estrategia de colar números de celular en listados de interceptación cuya investigación está justificada ha aparecido en varias noticias en Colombia hace años. Pero este caso ha puesto la lupa en la práctica con particular dureza, especialmente por los costos políticos (que, vale decir, en otros escándalos no ha habido; aquí le costó la continuidad en sus cargos a Sarabia y a Benedetti, y tiene en entredicho el compromiso de un gobierno de izquierda históricamente afectado por estas prácticas).

El otro elemento diferente es que en esta ocasión la Fiscalía indagó sobre su proceso y lo dio a conocer públicamente, cuando estos asuntos suelen ser crípticos y suceden fuera del panorama de la opinión pública.

Vamos a decirlo cantando: ¡sí se puede!, ¡sí se puede! Es posible poner la lupa sobre estos procesos y elevar el costo a los abusadores.

Y esto nos lleva a decir algo que resulta evidente, pero que en Colombia quizá no lo es tanto: es positivo que las entidades de control no estén en manos de los amigos. Si bien la Fiscalía actual podría ahorrarse los adornos en su discurso, lo que resulta importante es que está haciendo su trabajo y con ello muestra que la transparencia es una forma efectiva de control y que estos datos le suben el umbral de costos al abuso de los sistemas. Lástima que se haya demorado tanto en asumir este rol, y con ello dé pie para cuestionar a la entidad porque puede ser más oportunismo político que cumplimiento del deber.

Entonces, más allá de los aspectos tecnológicos sofisticados que involucran interceptar comunicaciones —que dependen de equipos o software—, hay procedimientos que permiten estas actividades y esto añade un nivel humano a la ecuación. Por lo que siempre es clave tener en cuenta que, ante la oportunidad de conocer lo que otra persona dice, con quién se comunica o cómo se expresa, hay quienes la aprovechan (sin importar si son de derecha, de izquierda o de centro).

Los procedimientos para la interceptación legal por parte del Estado deben garantizar que quien dé la orden esté autorizado para ello, tenga un interés que lo justifique y siga un procedimiento garantista —por ejemplo, nada reemplaza la mirada de un juez—. Solo así se protege la afectación a la intimidad que sufre la víctima de la interceptación y el impacto en la libertad de expresión y asociación de una sociedad democrática, pues se busca garantizar que tenga un propósito legítimo que lo justifique.

Como esta facultad estatal limita derechos fundamentales y el abuso es difícil de evitar, lo mínimo que debemos exigir es que haya mecanismos de control y transparencia que eleven el costo de ese abuso para que en Colombia deje de ser tan fácil chuzar a todo el mundo, en todas partes, al mismo tiempo.

*Directora de la Fundación Karisma.

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