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Ana Tavera es la modelo que, por estos días, asegura estar atravesando el horror de ser una víctima de ‘sextorsión’, práctica que consiste en extorsionar a una persona, pidiendo dinero o cualquier otra cosa en contra de su voluntad, a cambio de no hacer públicos videos y fotografías íntimas.
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Según la descripción de esta profesional en diversos medios de comunicación, los delincuentes, que en un principio hurtaron su teléfono celular, semanas más tarde le escribieron, vía redes sociales, para decirle que tenían acceso a material íntimo y la amenazaron con hacerlo público si no les pagaba una determinada cantidad de dinero.
Casos como el de Tavera no son exclusivos, de hecho, compañías dedicadas a la seguridad de la información como Adalid, aseguran que en Colombia se han identificado por lo menos siete víctimas, dentro de las cuales destacan menores de edad.
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Según esta empresa, dentro de las modalidades empleadas por los delincuentes para conseguir este material también se encuentra la ingeniería social, herramienta mediante la cual perfilan a sus víctimas, las ‘enredan’ con discursos, usualmente al hacerse pasar por otras personas gracias a la utilización de perfiles falsos en redes sociales y, al ganarse la confianza de la gente, obtienen las fotografías y videos que buscan.
Otras formas de las formas en las que logran conseguir este material es por medio del robo de cuentas. Aquí, probablemente, utilicen otras herramientas como el phishing para obtener usuarios y claves de acceso a los perfiles.
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Pero la ‘sextorsión’ no es la única práctica que busca hacer daño mediante la publicación no autorizada de material íntimo en las redes sociales. Durante los últimos años también se han conocido casos de parejas que, una vez terminan con su cónyuge, emplean acciones como el porno de venganza, es decir, la publicación de fotografías y videos íntimos como acto de represalia.
En Colombia existe una herramienta que brinda recomendaciones a víctimas de pornografía no consentida, Acoso.Online. Este portal web, que también funciona en varios países de América Latina, fue presentado en el país, el pasado 5 de febrero, gracias a adelantos conseguidos por la Fundación Karisma, organización dedicada a la promoción de los derechos humanos en el mundo digital.
"Hasta la fecha, no existía en Colombia ningún recurso que reuniera información fidedigna que orientara a las víctimas de un caso de difusión no consentida de imágenes íntimas por internet, a pesar de la creciente ocurrencia de estos casos en todo el continente. Las personas que pasaban por esto tenían que lidiar con información confusa, incompleta y “que tiende a culpar a las víctimas”, comunicó la fundación al momento de anunciar el lanzamiento de Acoso.Online.
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Parte de las recomendaciones brindadas por Adalid, para prevenir este tipo de escenarios, es pensar dos veces al momento de compartir con otra persona un contenido de ese tipo. Preguntarse si es una persona conocida, si se puede confiar en ella, si a futuro podría llegar a hacer algún daño con ese material.
Para el también experto de seguridad informática de ESET, Matías Porolli, las víctimas no deben aceptar frases como “es tu culpa” o, “tú te lo buscaste”, ya que suelen ser utilizadas por los victimarios al momento de chantajear.
De igual forma se sugiere revisar en qué clase de lugar se están almacenando esos contenidos, bien sea en el celular, la nube, o computadores. Aquí es recomendable, que si se quiere tener un álbum con este tipo de material, se almacenen de manera segura, como por ejemplo, una carpeta encriptada que pida una clave para acceder a la misma. Compañías como Samsung ofrecen este tipo de servicios en sus dispositivos móviles por medio de la función Carpeta Segura.
¿Qué hacer ante estos escenarios?
Adalid parte del principio de que este tipo de actuaciones, al no contar con el consentimiento de la persona que aparece en las fotos o vídeos, son ilegales y el castigo por las mismas puede ser superior a los cinco años de prisión. Si la víctima es menor de edad, se considera material de abuso sexual contra menores, y las penas pueden rondar entre los 18 y 20 años.
Legalmente, según información aportada por Adalid, las personas que son víctimas de este tipo de actuaciones pueden solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio la supresión de los contenidos publicados, así como denunciar ante la Fiscalía General de la Nación.
Para soportar las denuncias hechas, otra recomendación que se hace es guardar todo el material probatorio posible. La compañía de seguridad informática recomienda hacer esto mediante la aplicación Evlab, herramienta que tiene la característica de certificar evidencias digitales de manera sencilla y segura.