Solo 20% de la población en Colombia tiene acceso a redes móviles 4G según el BID

Un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó que América Latina y el Caribe necesita modernizar la gobernanza de sus telecomunicaciones para reducir la brecha digital y preparar a los países hacia la economía digital.

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Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la penetración de banda ancha móvil en la región es de 30%, muy lejos de los países de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) donde es de 72%. En cuanto a la banda ancha fija, la penetración alcanza el 10% de la población de la región cuando en los países de la OCDE es de 28%.

Los cálculos del BID estiman que un aumento del 10% en la penetración de servicios de banda ancha en la región implicaría un incremento promedio de 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.

Con respecto a las redes de cuarta generación de banda ancha móvil (4G), 27% de la población de América Latina está cubierta, frente a 77% de la población de los países de la OCDE. Para Colombia esta penetración es de apenas 20% y en otros países se pueden encontrar niveles de desarrollo muy dispares. Por ejemplo, en el Caribe prácticamente no hay 4G, mientras que la cobertura en el Cono Sur es de 36%.

En cuanto a los hogares con acceso a internet, el promedio de América Latina (44%) es casi la mitad del promedio de la OCDE (81%) y también existen diferencias importantes entre varias subregiones: Cono Sur (54%), Centroamérica (34%), Países Andinos (34%) y Caribe (20%).

Sin embargo, el acceso no es el único desafío. El estudio advierte que la región también enfrenta problemas de calidad, pues la velocidad media de las conexiones fijas en los países de América Latina y el Caribe en 2016 fue de 4,64Mbps, frente a 13,14Mbps en los países de la OCDE y en las conexiones móviles es de 3,87Mbps frente a 10,84 Mbps.

Así mismo, existen limitantes respecto a la asequibilidad de los servicios. En América Latina, en promedio, el 40% de la población con menos ingresos tendría que dedicar una cantidad equivalente al 10% de sus ingresos mensuales para tener una suscripción de banda ancha fija básica (con velocidad media de 2Mbps), frente a un 3% del salario del mismo segmento de población en los países de la OCDE.

Por ello el BID sugiere una reforma de la gobernanza de las telecomunicaciones, de manera que los países modernicen sus marcos regulatorios para asegurar que se realicen los cambios tecnológicos y la convergencia de los servicios, enfocados en asegurar el derecho al acceso a la banda ancha y la promoción de la competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

También propone reformar las regulaciones asociadas al acceso a la infraestructura para promover al máximo la inversión privada sin desatender a los colectivos y a las zonas más desfavorecidas o de acceso más costoso.

El BID sugiere además el fortalecimiento de las reglas de protección al consumidor y de estímulo a competencia, a fin de aumentar la asequibilidad y la calidad de los servicios, y el desarrollo de políticas públicas que tengan un enfoque transversal e incluyan un conjunto amplio de sectores para aumentar la capacidad de las personas y de las organizaciones para adoptar y aprovechar los beneficios generados por las TIC.

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Según Pau Puig Gabarró, especialista en telecomunicaciones del BID y uno de los autores del estudio, “el desarrollo de la economía digital depende del despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones con el desarrollo de las aplicaciones, los contenidos y las plataformas en las que convergen un gran número de bienes y servicios".

Un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó que América Latina y el Caribe necesita modernizar la gobernanza de sus telecomunicaciones para reducir la brecha digital y preparar a los países hacia la economía digital.

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Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la penetración de banda ancha móvil en la región es de 30%, muy lejos de los países de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) donde es de 72%. En cuanto a la banda ancha fija, la penetración alcanza el 10% de la población de la región cuando en los países de la OCDE es de 28%.

Los cálculos del BID estiman que un aumento del 10% en la penetración de servicios de banda ancha en la región implicaría un incremento promedio de 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.

Con respecto a las redes de cuarta generación de banda ancha móvil (4G), 27% de la población de América Latina está cubierta, frente a 77% de la población de los países de la OCDE. Para Colombia esta penetración es de apenas 20% y en otros países se pueden encontrar niveles de desarrollo muy dispares. Por ejemplo, en el Caribe prácticamente no hay 4G, mientras que la cobertura en el Cono Sur es de 36%.

En cuanto a los hogares con acceso a internet, el promedio de América Latina (44%) es casi la mitad del promedio de la OCDE (81%) y también existen diferencias importantes entre varias subregiones: Cono Sur (54%), Centroamérica (34%), Países Andinos (34%) y Caribe (20%).

Sin embargo, el acceso no es el único desafío. El estudio advierte que la región también enfrenta problemas de calidad, pues la velocidad media de las conexiones fijas en los países de América Latina y el Caribe en 2016 fue de 4,64Mbps, frente a 13,14Mbps en los países de la OCDE y en las conexiones móviles es de 3,87Mbps frente a 10,84 Mbps.

Así mismo, existen limitantes respecto a la asequibilidad de los servicios. En América Latina, en promedio, el 40% de la población con menos ingresos tendría que dedicar una cantidad equivalente al 10% de sus ingresos mensuales para tener una suscripción de banda ancha fija básica (con velocidad media de 2Mbps), frente a un 3% del salario del mismo segmento de población en los países de la OCDE.

Por ello el BID sugiere una reforma de la gobernanza de las telecomunicaciones, de manera que los países modernicen sus marcos regulatorios para asegurar que se realicen los cambios tecnológicos y la convergencia de los servicios, enfocados en asegurar el derecho al acceso a la banda ancha y la promoción de la competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

También propone reformar las regulaciones asociadas al acceso a la infraestructura para promover al máximo la inversión privada sin desatender a los colectivos y a las zonas más desfavorecidas o de acceso más costoso.

El BID sugiere además el fortalecimiento de las reglas de protección al consumidor y de estímulo a competencia, a fin de aumentar la asequibilidad y la calidad de los servicios, y el desarrollo de políticas públicas que tengan un enfoque transversal e incluyan un conjunto amplio de sectores para aumentar la capacidad de las personas y de las organizaciones para adoptar y aprovechar los beneficios generados por las TIC.

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Según Pau Puig Gabarró, especialista en telecomunicaciones del BID y uno de los autores del estudio, “el desarrollo de la economía digital depende del despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones con el desarrollo de las aplicaciones, los contenidos y las plataformas en las que convergen un gran número de bienes y servicios".