Este martes comenzó a definirse el futuro de Uber en Europa en un caso que no sólo es vital para el desarrollo del servicio en este continente, sino que podría llegar a tener implicaciones globales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea escuchará a las partes de una pelea entre un grupo español de taxistas y Uber. El pleito, y su conclusión, afectará a los 28 países que hacen parte de la Unión. El enfrentamiento, más allá de sus actores formales, involucra los intereses y visiones de varios Estados, como España y Francia (en el bando de los taxistas) y Holanda y Finlandia, entre otros que parecen estar más en el lado de Uber.
La pregunta fundamental que el Tribunal responderá es si Uber es apenas una plataforma digital que conecta conductores con usuarios o un servicio de transporte tradicional, pero que funciona a través de internet.
El primer camino le entrega más flexibilidad a la plataforma para seguir operando, y creciendo, en el continente, pues la libera de una buena parte de las cargas normativas que se le imponen a las empresas de transporte tradicionales. Por el otro lado, las consecuencias resultan evidentes a grandes rasgos: Uber tendría que apegarse a regulaciones más estrictas y a cargas laborales y financieras que hoy no tiene en muchos lugares.
El dilema que resolverá el Tribunal es, en esencia, el mismo al que se enfrenta la plataforma en todo el mundo y que, de fondo, refleja el abismo que separa el desarrollo normal de negocios como el transporte y la hotelería (con sus marcos normativos) y los modelos de la llamada economía colaborativa; un término que aplica a Uber y Airbnb, por mencionar sólo dos de los nombres más grandes en este escenario.
Las decisiones del Tribunal en asuntos digitales, aunque normativamente sólo aplican para la Unión Europea, suelen servir como modelo y caso de estudio para escenarios similares en otros lugares del planeta. Esto es cierto para temas como el llamado derecho al olvido, que enfrenta el manejo de datos personales y el derecho al buen nombre con el acceso a la información y la libertad de expresión en la era digital.
Toda esta historia, el capítulo europeo de Uber contra los reguladores y los gremios de taxis, arrancó en 2014 cuando la Asociación Profesional Élite Taxi levantó una demanda contra la plataforma por competencia desleal.
Para julio de 2015, un juez de Barcelona decidió referir el caso al Tribunal para pedirle que solucione cuál debe ser la naturaleza de Uber en la Unión Europea. Durante este lapso, la compañía suspendió sus operaciones en España.
Pero en marzo de este año, Uber regresó a este país, aunque sin ofrecer toda su oferta de servicios y en alianza con conductores de taxi registrados.
En Francia, por ejemplo, la plataforma ha mantenido un largo pulso con las autoridades y, aunque es duramente perseguida por la policía, que incluso activo un escuadrón especial para esta tarea, ha continuado operando sin mayores cambios en sus actividades.
A pesar de las críticas de reguladores y gremios de taxistas en todo el mundo, la aplicación continúa ganando usuarios y espacio de mercado en las más de 300 ciudades, de seis continentes, en donde opera actualmente. La empresa, que sigue manteniéndose con capital privado, está valorada en US$68.000 millones, una de las valuaciones más altas para una startup.
En medio de las tormentas legales, la compañía incluso ha ido introduciendo nuevos servicios y modalidades de pago en lugares que van desde India, pasando por Perú, hasta llegar a Colombia, en donde es considerada ilegal por las autoridades.
Autoridades que, por cierto, no se han atrevido a solucionar la cuestión fundamental sobre la naturaleza de Uber, aquella que se espera resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su fallo se prevé para marzo del próximo año.