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Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) se pronunciaron hoy a favor del "derecho al olvido" o borrado de datos personales perjudiciales y no pertinentes de internet, siempre que se aplique caso por caso y que no socave la libertad de expresión e información.
Los Veintiocho discutieron cómo encajar la sentencia de mayo del Tribunal de Justicia de la UE sobre Google España, que defendía el derecho de los ciudadanos a "ser olvidados" en la red, en el nuevo reglamento sobre protección de datos que negocian. "El Tribunal de Justicia se ha adelantado", reconoció el ministro de Justicia de Luxemburgo, Félix Braz, en el debate público celebrado con sus homólogos en la capital del país.
Braz reconoció que la sentencia sienta un precedente muy importante y destacó el "frágil equilibrio" que existe entre el "derecho al olvido" y el derecho a recibir información, por lo que recomendó estudiar caso por caso.
Otros países como Alemania, Holanda, Francia y Polonia se sumaron a esta posición y defendieron la búsqueda del "equilibrio" y la "proporcionalidad" entre el respeto a la vida privada y la protección de datos y la libertad de información y expresión.
Los ministros estuvieron también de acuerdo en su mayoría en que el reglamento sobre protección de datos incluya una "formulación abierta" del "derecho al olvido", sin entrar en demasiados detalles para dejar margen de maniobra a los Estados miembros cuando tengan que tomar decisiones.
El secretario de Estado español de Justicia, Fernando Román, dijo estar también de acuerdo con Luxemburgo en que este derecho al borrado de datos en internet debe tener "un alcance limitado" y aplicarse caso por caso, al tiempo que destacó que en su opinión esto "no resulta incompatible con Pleno reconocimiento de la libertad de expresión".
La sentencia del Tribunal de Justicia marca un antes y un después, al reconocer un derecho defendido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pero que Google rechaza al considerarlo próximo a la censura, según la compañía ha declarado en numerosas ocasiones.
La disputa surgió a raíz de la petición del español Mario Costeja González, quien constató que al introducir su nombre en el buscador aparecían dos anuncios sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social, sucedido diez años antes y ya resuelto.
Costeja acudió a la AEPD, que tras estudiar al caso, exigió al buscador que retirase los enlaces, pero Google recurrió esta decisión ante la justicia española, que antes de decidir consultó el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
Román dijo hoy que la sentencia del Tribunal permitirá ahora resolver no solo el caso de Costeja, sino otros 200 recursos similares que estaban pendientes en España.
La CE propuso en enero de 2012 un paquete legislativo -un reglamento y una directiva- para adaptar la norma europea de 1995 sobre protección de datos al mundo de internet y las nuevas tecnologías.
Los Estados miembros han optado por negociar esta normativa por capítulos ante la dificultad de avanzar en su proceso de aprobación. Los ministros adoptaron hoy un enfoque general sobre el capítulo cuarto del reglamento, que trata sobre la autoridad responsable del tratamiento de datos, pero bajo la consigna de que no se considerará que existe un acuerdo general hasta que haya uno sobre cada parte de la normativa.