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El Gobierno de Andorra, país situado entre España y Francia, aprobó un proyecto de ley sobre vivienda que permite expropiar de forma temporal pisos vacíos para alquilarlos y prohíbe las nuevas licencias para uso turístico. Así lo anunció el jefe del Gobierno andorrano, Xavier Espot, quien resaltó que "no se puede disociar el derecho a la vivienda del crecimiento sostenible de nuestro país, por lo que el proyecto de ley también tiene afectación en ámbitos como el turismo, las finanzas, la inversión extranjera o aspectos de regulación en materia de inmigración”.
Según el proyecto, aquellos pisos vacíos que no tengan contrato de suministro de energía eléctrica o no muestren ningún consumo durante dos años serán incluidos dentro de la prohibición. Si el propietario no lo ocupa o no acepta incluirlo dentro de un parque público de viviendas, la ley permite su cesión obligatoria a la Administración por un plazo de cinco años para alquilarla a personas que lo demanden.
Todo, con el fin de hacer más accesible la vivienda en el país, ahora mismo en picos arrendatarios y de venta. Además, prohíbe obtener más licencias de vivienda de uso turístico e impone una caducidad de tres años para las vigentes.
Actualmente, Andorra, con unos 85.000 habitantes, cuenta con 2.779 viviendas de uso turístico y el objetivo es que muchas de ellas pasen también a formar parte del parque público.
En ambos casos, si la Administración no logra arrendar los pisos, retornarán automáticamente a su propietario. Asimismo, impone una autorización previa para una inversión extranjera en una sociedad andorrana de más del 25 por ciento, mientras que ahora el límite es del 50.
Ofensiva en varios países
La medida va en la línea de normas aprobadas por distintas administraciones en otros países europeos, como España, ante el problema de vivienda asequible, tanto en propiedad como de alquiler, por factores como la proliferación de alquileres temporales para el turismo.
El Gobierno del país de los Pirineos justifica esta ley para "aportar soluciones a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía como es el acceso a la vivienda de alquiler, una de las máximas prioridades de la acción del Gobierno".
Otra ciudad afectada por el gran número de viviendas turísticas es Barcelona (España), donde el 6 de julio miles de personas salieron a las calles para protestar. Las autoridades han tomado medidas, entre ellas la prohibición durante cinco años de alquilar alojamientos a turistas. En total, 10.000 propiedades dejarán de estar disponibles para alquileres de corta duración en plataformas como Airbnb. Recientemente, el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, también anunció un aumento de la tasa turística para los pasajeros de cruceros que hagan escala durante menos de doce horas.
La ciudad condal acoge cada año a unos 12 millones de personas, muchas de las cuales llegan en cruceros. El número de turistas aumenta año tras año, ejerciendo presión sobre los servicios sanitarios, la gestión de residuos, el suministro de agua y la vivienda, en detrimento de los residentes locales.
En Ámsterdam, otro punto neurálgico del turismo en Europa, se elevó el precio de la habitación de hotel 12,5% en octubre de 2023. La ciudad también ha endurecido su normativa para frenar el turismo relacionado con el cannabis y ahora prohíbe la construcción de nuevos hoteles, iniciativas que sirven para limitar el impacto del turismo de masas.
El Parlamento Europeo ya se puso manos a la obra y dio luz verde a un reglamento que regula los alquileres de los pisos turísticos en el continente. Bruselas dio dos años para que las plataformas se instauren en la nueva legislación. Airbnb cuenta con dos millones de camas disponibles en la UE, más del doble que la suma de las diez mayores hoteleras, según el lobby hotelero Hotrec.
