Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Mónica Godoy era la coordinadora del diplomado en Equidad de Género de la Universidad de Ibagué cuando conoció cinco testimonios de acoso sexual que involucraban a mujeres vigilantes de esa institución. También recibió información de un presunto caso de acto sexual violento contra una estudiante por parte de un instructor del gimnasio de la universidad. Entonces, decidió acompañarlas y presentó un informe confidencial ante las directivas con la esperanza de recibir apoyo institucional para enfrentar la situación de manera adecuada. ¿La respuesta? Fue despedida sin justa causa unas semanas después porque, según la abogada que le notificó su retiro, “su estilo no encajaba con la universidad”. (Lea: Por denunciar casos de acoso, profesora habría sido despedida de U. de Ibagué)
Después, Godoy cuenta que fue víctima de un proceso de estigmatización pública por parte del rector de la Universidad y, además, vio cómo las mujeres trabajadoras que denunciaron fueron silenciadas, despedidas de la institución y los casos se trataron de la peor manera.
Como ella, profesoras en todo el país que realizan denuncias contra las universidades por su manera de tratar los casos de violencia sexual están siendo perseguidas. La Corte Constitucional tiene hoy el caso de su despedido y una oportunidad única para pedir que las universidades públicas y privadas, junto con el Ministerio de Educación, enfrenten con seriedad un asunto que pretenden silenciar.
En esta entrevista, la profesora explica por qué las universidades están malinterpretando la autonomía universitaria para no investigar con prontitud las denuncias de acoso, lo cual podría convertirlas en cómplices de la violencia sexual. Cuenta cómo eso afecta el desarrollo académico de todas las mujeres del país y por qué es necesario que la situación cambie cuanto antes.
“Cuando empecé a hacer el acompañamiento a las mujeres que sufrían acoso sexual en la Universidad de Ibagué”, cuenta, “pensé que las directivas no conocían el problema. Pero después de mi salida me enteré de que sí sabían, porque había existido una investigación anterior sobre el cuerpo de vigilancia de la universidad que advirtió sobre los problemas que sufrían las vigilantes. Las directivas evitaron que las víctimas pusieran denuncias formales bajo la promesa de que lo iban a solucionar todo internamente. Pero lo único que hicieron fue despedir a todo el cuerpo de vigilancia, incluyendo a las víctimas, sin llevar a cabo ningún proceso disciplinario”.
En cuanto a la estudiante que denunció un acto sexual violento, la Fiscalía 56 local de Ibagué archivó el caso porque, según entendió la víctima, se equivocó de delito. “Ella lo acusó por acoso sexual y la Fiscalía dice que es injuria por vía de hecho y sólo tenía seis meses para denunciar eso. Recae sobre la víctima la carga de reconocer el delito del que fue víctima. Eso no tiene ningún sentido”.
Ahora, dice, la Universidad de Ibagué hace un par de semanas recontrató al presunto agresor de la estudiante. Esa es la síntesis de la actitud de la institución con las denuncias.
“Hay una revictimización de la estudiante tanto por parte de la Fiscalía, que no hace lo que corresponde, como por parte de la Universidad”, explica Godoy. Por otra parte, “la vigilante que puso la denuncia en la Fiscalía, caso que está abierto aún, fue degradada de su cargo. Ella estaba encargada de la vigilancia a través de cámaras y ahora la tienen en las puertas, alejada de sus compañeros. Es un castigo por haber denunciado”.
¿Por qué actúa así la Universidad? Según Godoy, “las universidades son organizaciones jerárquicas y actúan muy similar a la Iglesia. Los delitos relacionados con la sexualidad suelen ser considerados asuntos privados y vergonzosos que deben ser solucionados con el menor bochorno posible. Esta actitud lo que ha hecho es profundizar el problema, pues favorece la impunidad”.
Continúa: “varios rectores hablan de la autonomía universitaria para deslindarse de la responsabilidad de darles aviso a las autoridades correspondientes cuando se cometen este tipo de crímenes. Esto puede ser catalogado como complicidad. La autonomía universitaria tiene que ver con el conocimiento, la libertad de cátedra y la independencia presupuestal, no debería ser invocada para eludir el respeto de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres, la violencia sexual, es una violación contra los derechos humanos”.
Entonces, las universidades “evitan el costo (de hacer públicos los problemas internos en estos temas) y les ponen a las víctimas la carga de proteger el buen nombre institucional. Cuando las víctimas salen a los medios a decir «está pasando esto», desatan campañas de estigmatización contra ellas para decir que están perjudicando la imagen de la universidad”.
En el caso de la Universidad de Ibagué, según Godoy, las directivas fueron incluso más allá que ese desprestigio. “Al parecer el acusado del acto sexual violento fue asesorado jurídicamente por la universidad, mientras que a las víctimas ni una llamada, teniendo consultorio jurídico y psicológico. No mostraron el menor interés en atenderlas”.
Ante los ojos de la comunidad educativa y la sociedad, las mujeres “quedan como mentirosas si la denuncia se cae (por motivos que no son culpa de ellas) y ellos recuperan la buena imagen de la universidad. Esto es otra forma de agresión y de violencia contra las mujeres en la universidad que está completamente naturalizada”.
Como la mayor parte de las universidades no tienen protocolos ni rutas para atender las denuncias o aquellas que los tienen carecen de mecanismos efectivos para su implementación, en la práctica se está favoreciendo a los presuntos agresores, desestimulando la denuncia formal y motivando la injusticia. Eso genera consecuencias devastadoras. Dice Godoy: “Cuando una víctima sufre acoso sexual, lo primero que piensa es «no me van a creer, porque él tiene autoridad, es una persona prestigiosa y si digo que me lastimó me van a cuestionar a mí». En eso tiene razón. Por eso vemos casos como el reciente de la Universidad Nacional, donde la víctima grabó un video y con todo y esa prueba mucha gente sigue diciendo «es que ella se lo buscó, le puso una trampa»”.
Esto causa que las víctimas pasen “por un proceso trágico de tener que contarles a varios funcionarios, que no tienen la preparación para enfrentar un problema de estos, lo ocurrido, y de manera permanente las hacen sentir culpables. Son ellas las que entran a juicio, no ellos. Aunque las directivas saben que este problema es cierto, no están dispuestas a aceptarlo”.
En los casos de la Universidad de Ibagué, “algunas de las víctimas que despidieron están bajo tratamiento psiquiátrico por las secuelas de esa forma de tortura psicológica. No pueden dormir, tienen problemas de ansiedad, depresión, ideas suicidas. El acoso es un amedrentamiento muy violento. Algunas de estas mujeres duraron años bajo el miedo diario de que esta persona, su entonces supervisor, les dijera que qué buena tetas tenían o que las mirara por las cámaras. Eso, vivirlo ocho horas diarias durante años, causa secuelas graves”.
Cuando se trata de estudiantes, este tipo de violencia les trunca la educación. “Ellas deciden dejar sus carreras o sus maestrías sin terminar porque los agresores están a cargo de una materia indispensable o son sus directores de tesis, o directores de departamento y tienen miedo, de tener que volver a exponerse a ellos”. Por eso no debería ser un problema privado y debe ser denunciado en la mayor medida posible.
El problema es que a las personas que alzan la voz las están persiguiendo. Como los grupos estudiantiles son los que más presión han ejercido para obtener transparencia por parte de las universidades en estos temas, la estrategia adoptada por las directivas, denuncia Godoy, es “descabezar a las profesoras que los apoyan para neutralizarlos. Cazar a quienes les están «dañando la cabeza con ideas perversas»”.
Esas ideas perversas son la importancia de la justicia, el debido proceso y empoderar a las víctimas de los delitos sexuales.
La culpa de esta situación que se vive en todo el país, según Godoy, la tienen varios actores. Por una parte, el Ministerio de Educación, que no ha querido expedir lineamientos generales y obligatorios para tratar estos temas y proteger los derechos de los estudiantes. Las universidades, por supuesto, porque aprovechan la “autonomía universitaria” para mantener los casos en silencio y no tomar decisiones adecuadas. La Fiscalía, por su parte, por exigir que las víctimas sean quienes deben aportar pruebas, generando así que estos delitos queden en la impunidad.
Para la profesora, la Corte Constitucional “debería sentar un precedente frente a la seguridad laboral de las personas que ejercemos el oficio de defensores de derechos humanos dentro de la comunidad universitaria”.
Especialmente porque, explica Godoy, lo que hacen profesoras como ella es cumplir con “una labor de solidaridad social: cuando ves a una persona en sufrimiento, es un deber constitucional socorrerlo. Mostrar solidaridad con las víctimas dentro de las universidades no puede ser castigado. Ojalá el tribunal proteja a los defensores en comunidades con niveles de violencia y agresión gravísimos. Parte de solucionar el problema es aceptar que existe”.
Un grupo de 150 académicas del país envió una carta a la Corte apoyando a Godoy y pidiendo que se intervenga en este tema.
Independientemente de lo que ocurra en la Corte, Godoy cree que las mujeres deben persistir. Les envía un mensaje a todas las que estén en situaciones similares: “Conmigo, la lección fue que si hablamos nos van a despedir, aislar y marginalizar. No hay que aprender esa lección. Todo lo contrario. Algunas vamos a tener que pagar las consecuencias, pero otras van a disfrutar lo que nosotras estamos abriendo. Sigamos hablando en voz alta, denunciando públicamente. Aquí va a haber un colchón de cariño, afecto y apoyo entre todas para que sigamos haciendo la labor”.
jrincon@elespectador.com