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Cuando se habla de macroeconomía, los libros de texto hacen referencia, principalmente, al estudio de la economía en su conjunto y el solo título de la materia puede resultar distante para el ciudadano promedio, por decir lo menos.
En las primeras semanas de un curso introductorio sobre la dimensión agregada de la economía se suelen estudiar temas como las cuentas nacionales, en las que el PIB, el desempleo y la inflación aparecen como protagonistas. Después aparecen otros temas como el mercado laboral, la política fiscal y monetaria, y a la vez emergen múltiples modelos que muchas veces dentro del rigor académico y la formalización se van desconectando de los entornos sociales que buscan estudiar y describir.
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Es por este camino que la macroeconomía termina por volverse un asunto de técnicos y académicos, que muchas veces, bajo el manto de las teorías dominantes y la arrogancia del científico social, se hace inalcanzable para la mayoría de la población.
Y el punto acá es que muchos de los aspectos de la vida diaria vienen condicionados por las dinámicas agregadas de la economía y por eso muchas de las demandas de las recientes movilizaciones sociales en América Latina pasan por el espectro macroeconómico.
El caso colombiano no es la excepción, y por eso en la última semana el país ha presenciado la movilización social y el paro más grande e intenso del nuevo milenio, en el que muchas de las demandas están relacionadas con categorías macroeconómicas.
Por ejemplo, uno de los reclamos más fuertes desde el 21N ha sido en contra de la reforma laboral, documento que no ha sido presentado oficialmente (por cuenta de la caída de la Ley de Financiamiento), pero que igual ha sido ampliamente discutido desde y por varios sectores.
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Sobre las venideras reformas en materia laboral, la flexibilización en la contratación por horas para jóvenes era una de las propuestas que más reclamos habían concentrado en las movilizaciones (la iniciativa fue retirada por el senador Álvaro Uribe).
La teoría dominante propone el mercado laboral como el punto clave de esta discusión y, según su enfoque particular, unos salarios más flexibles permiten mejorar los niveles de empleo. Aquí se piensa el trabajo como cualquier mercancía y, bajo esta lógica, si esta baja de precio, se estimula la demanda: o sea, los empresarios querrían contratar más trabajadores.
Pero esta consideración no siempre es cierta y, de hecho, la evidencia empírica en la materia no resulta concluyente bajo ningún parámetro. Este es uno de los grandes debates en la literatura económica, por lo que los libros de texto suelen mostrar una sola cara de la moneda.
Ahora bien, una parte de las demandas en las calles van en contra de cualquier reforma laboral. Y aquí habría que tener en cuenta algunas consideraciones. El mercado laboral colombiano tiene un 50 % de informalidad, un tema que impacta cosas como el recaudo de impuestos, pero también la estabilidad del andamiaje pensional (otro punto de las movilizaciones que discutiremos más abajo). La cifra de informalidad crece cuando se enfoca el trabajo rural, en el que el indicador llega al 85 %.
Otro de los puntos que convocan la reciente movilización es la consigna de un salario mínimo digno. Desde la perspectiva macroeconómica ortodoxa se piensa que un salario mínimo muy alto genera desempleo, y por ello incluso los académicos más radicales plantean su eliminación.
Sin embargo, como lo menciona Eduardo Lora en su reciente libro Economía esencial de Colombia, en las economías emergentes el salario mínimo tiene pocos efectos sobre el nivel de empleo. De ahí que tampoco sea cierto, como argumentan algunos tanques de pensamiento locales, que el desempleo de 2019 haya aumentado por un incremento “excesivo” (6 %) del salario mínimo para este año.
De hecho, muchas de las propuestas de eliminar el salario mínimo o hacerlo más flexible por regiones parten de una perspectiva macroeconómica, en la que este es la variable de ajuste en el mercado laboral. En otras palabras, se tiene la idea de que con salarios más flexibles y bajos el mercado siempre se ajustará y el desempleo bajará necesariamente. Pero esta visión olvida las múltiples restricciones que hay en el mercado laboral y deja de lado aspectos fundamentales de las relaciones sociales y la estructura productiva nacional.
Un tercer punto de las demandas de la movilización tiene que ver con la reforma tributaria, que desde una perspectiva macroeconómica está anclada a los temas de política fiscal, es decir, a cómo financiar el gasto público y a la vez lograr una justicia distributiva. Desafortunadamente, este último punto tiene uno de los peores registros a nivel mundial, si se analiza desde la perspectiva del coeficiente Gini.
Este indicador mide (con un número entre cero y uno, siendo uno concentración absoluta) qué tan equitativa es la distribución de recursos: entre más se acerque a uno el índice, la porción de la torta para unos pocos es más grande y lo que sobra es para el resto de la población. Por ejemplo, para 2016, la desigualdad del ingreso medida por el coeficiente Gini en Colombia era de 0,51.
En los cursos básicos de macroeconomía se aprende que la variable G (gasto público) es parte fundamental de las dinámicas macroeconómicas y que depende en gran medida de los impuestos, y se habla más bien poco del gasto que depende del endeudamiento estatal. Cuando el nivel de recaudo es inferior al nivel de gasto aparece el concepto del déficit fiscal, y este es el escenario que enfrenta Colombia después de la caída de los precios del petróleo en 2014 y la razón por la cual el endeudamiento ha llegado a niveles históricos: la meta de déficit en las finanzas públicas pasó del 2,2 % del PIB al 2,7 % en 2019.
Con estos datos en la cabeza, es claro entonces que las reformas tributarias se necesitan y que los impuestos son fundamentales para tener un gasto del gobierno incluyente y unas finanzas públicas en función del interés nacional.
No obstante, las reformas que se han propuesto en materia de impuestos son altamente criticadas por varios sectores, pues tienden a favorecer a renglones de la sociedad que están en el top 0,1 % de los ingresos altos. Los mensajes en materia tributaria de este Gobierno han sido confusos: hace un año se proponía IVA para toda la canasta familiar y hoy, por otro lado, vuelve a sonar la propuesta de tres días sin IVA al año como una forma de estimular el gasto en los hogares colombianos y de impulsar el comercio (dos de los factores que más impulsan la expansión de la economía local actualmente). Pero estas medidas son ampliamente criticadas y prácticamente ningún curso de macroeconomía de cualquier enfoque lo recomendaría.
La reforma tributaria que comienza su discusión en el Congreso por estos días también contempla la devolución del IVA para los colombianos más pobres, así como la reducción en el porcentaje de aportes que hacen a salud los pensionados de salario mínimo (pasará de 12 a 4 % en 2022).
Finalmente, otra de las demandas claves de los sectores que protestan, y uno de los puntos de vista más álgidos en los reclamos sociales, es el relacionado con la reforma pensional.
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Y aquí hay que mencionar datos, enunciados por el mismo Ministerio de Trabajo, como que 44 % de los trabajadores en Colombia ganan menos del salario mínimo. En entrevista con este diario, Alicia Arango, titular de la cartera, dijo sobre este renglón de la población que “no tiene derecho a nada, porque la ley dice que los que cuentan son los que ganan más del mínimo (…) el resto, si quiere derecho a pensión, tiene que pagarla (por su cuenta), ¡pero una persona que gana menos del mínimo no tiene cómo pagar su seguridad social!”.
El sistema pensional colombiano tiene problemas: solo una de cada cuatro personas mayores de 65 años se pensiona en el país. Según datos de la Cepal, solo el 24 % de los colombianos en edad de pensión reciben una mesada de, al menos, un salario mínimo (entre esta proporción apenas 5 % son mujeres, además). No hay duda de que hay que hacer una reforma pensional. El debate está en cómo.
Uno de los problemas es que, por un lado, existen las presiones sobre la política fiscal del país y, por otro, las de los fondos de pensión privados (AFP), que a la vez son tenedores de una parte importante de la deuda pública nacional. Acá entonces la macroeconomía vuelve al ojo del huracán, pues los movimientos, tanto del régimen de prima media como el de ahorro individual tienen efectos sobre las finanzas públicas.
Al final del día, la macroeconomía va más allá de una discusión solo para entendidos, pues toca al ciudadano y, de hecho, está en el centro de la movilización social por la que atraviesa el país en estos momentos. El punto es que así algunas variables como el PIB y la inflación pinten bien, aún hay camino por recorrer y espacio para mejorar.
* Profesor Escuela de Economía. Universidad Nacional