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Este martes 1 de septiembre, se confirmó en horas de la mañana el asesinato de la lideresa y defensora de derechos humanos María Ovidia Palechor y de su compañero, el líder social James Flor, luego de un ataque armado registrado en el sector de Las Casitas, corregimiento de La Pedregosa, en Cajibío (Cauca). El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó los asesinatos de los dos líderes como los números 102 y 103 registrados en el país durante este año.
Según las denuncias de habitantes de la zona, quienes conocían de cerca su labor y compromiso con los procesos comunitarios de la región, varios hombres armados llegaron hasta el lugar donde se encontraban los dirigentes y les dispararon en repetidas ocasiones. Ambos murieron en el sitio a causa de la gravedad de las heridas.
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El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) rechazó los asesinatos de los líderes comunitarios y esposos, y recordó que la lideresa María Ovidia Palechor, indígena del pueblo Yanakuna, se desempeñaba como coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos y del Programa Mujer del Cric.
Según la organización, durante toda su vida fue una destacada lideresa en la defensa de los derechos humanos y del territorio, además de un referente en procesos de construcción de paz. Actualmente acompañaba las iniciativas comunitarias de paz del corregimiento de La Pedregosa, conformado por 17 veredas y un consejo comunitario, declarado formalmente Territorio de Paz, y lideraba las denuncias y reclamaciones relacionadas con el ataque terrorista registrado el pasado 25 de abril en Cajibío, que dejó 20 muertos y 36 heridos.
Por su parte, James Flor fue reconocido como líder campesino y representante departamental de la Mesa de Participación de Víctimas, además de haberse desempeñado como representante municipal de víctimas. Su liderazgo se destacó por la defensa de los derechos de las víctimas y la reivindicación de las comunidades campesinas.
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Hasta el momento, se desconocen las razones del crimen y la identidad de los responsables. Las autoridades adelantan las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y establecer si el asesinato de los dos líderes está relacionado con su labor social y comunitaria.
En la zona operan disidencias del Frente Dagoberto Ramos y del Frente Carlos Patiño, del Bloque Occidental, además de la presencia predominante del Frente Jaime Martínez, estructura que ejerce control territorial mediante patrullajes y retenes ilegales, y que restringe la movilidad de la población. Todas estas estructuras hacen parte del Estado Mayor Central (Emc), al mando de alias “Iván Mordisco”.
“Es importante decirlo con claridad: la presencia y el accionar de estas estructuras armadas someten a las comunidades a permanentes riesgos y restricciones, pero corresponde a las autoridades establecer quiénes fueron los responsables de este doble homicidio”, declaró Leonardo González Perafán, director de Indepaz.
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Asimismo, la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana número siete de 2023 y su informe de seguimiento número ocho de 2026, ya había advertido sobre el alto riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en Cajibío. Entre el 1 de enero y el 31 de junio de 2026, la entidad documentó el asesinato de 17 lideresas y 61 líderes sociales en el país, en medio de un contexto de violencia y estigmatización que continúa obstaculizando la labor de quienes defienden los derechos humanos en los territorios. Cauca se ubicó como el territorio con el mayor número de casos.
El Cric señaló que “María Ovidia, James y otras lideresas y líderes sociales habían alertado e insistido reiteradamente sobre el grave riesgo que enfrenta la comunidad debido a la presencia y el amedrentamiento de actores armados, situación agravada por los hechos ocurridos el 25 de abril de 2026 en El Túnel, Cajibío”. La organización agregó que, en varias ocasiones, ambos líderes denunciaron amenazas y riesgos concurrentes, y solicitaron al Estado medidas de respuesta a través de acciones urgentes.
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“Hoy, con gran tristeza, sus nombres se suman a la dolorosa e interminable lista de líderes y lideresas sociales asesinados vilmente para silenciar sus voces, acciones y liderazgos. Una vez más, la impotencia embarga a las familias y comunidades que sufren el dolor de la pérdida de sus seres queridos”, sostuvo la organización.
Asimismo, a través del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos y la Guardia Indígena, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, con la comunidad de La Pedregosa —que acogió a María Ovidia durante muchos años— y con el pueblo Yanakuna, testigo de su liderazgo y compromiso.
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La organización alertó sobre el grave riesgo que enfrentan la vida y la integridad de las lideresas y líderes sociales del Territorio de Paz de La Pedregosa, quienes acompañan estos procesos de construcción de paz, y exigió al Estado adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar su protección y la de toda la comunidad.
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