La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenó al Estado colombiano proveer con medidas especiales de protección la vida del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinoza, tras las crecientes persecuciones y amenazas de las que ha sido objeto en los últimos meses.
“(…) Solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Sigifredo Espinosa Pérez y su familia, que concertara las medidas a adoptarse con el beneficiario, y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”, sostuvo el organismo frente a su decisión.
El jurista ya había acudido a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional en busca de protección y con el propósito de que se investigara un presunto intento de atentar contra su vida y la de sus familiares, en momentos en los que conducía su vehículo por la carretera que de Bogotá conduce a Medellín, Antioquia.
Fuentes de la Corte le habían informado a ElEspectador.com el pasado 14 de septiembre que luego de este acontecimiento el magistrado había vuelto a ser objeto de intimidaciones, al recibir anónimos y extrañas perturbaciones en sus comunicaciones, tras ponerse al descubierto que su escolta de confianza, el agente Rocha, que lo había acompañado durante 14 años, hacía parte de la sistemática labor de seguimiento en su contra, aparentemente.
Adicionalmente, la CIDH también revisa eventuales medidas cautelares en favor de la protección del mahistrado auxilirar de la Sala Penal, Iván Velásquez, al parecer, víctima de falsos señalamientos que buscaban ponerlo a los ojos de la opinión pública como el supuesto gestor de un complot para enlodar al ex presidente Uribe.
También fue citado el ex integrante de la Sala Civil César Julio Valencia Copete, quien protagonizó una confrontación verbal con el ex primer mandatario de los colombianos Álvaro Uribe, cuando éste último, al parecer, lo llamó en momentos en que presidía la Corte Suprema para conocer detalles de la investigación contra su primo, el ex senador Mario Uribe; el hecho derivó en una denuncia contra el togado por injuria, que aún está por resolverse.
Cabe recordar que este organismo internacional ya ordenó cobijar con medidas de protección, tanto a Valencia Copete como a su ex colega Yesid Ramírez Bastidas, quien protagonizó un similar enfrentamiento con Uribe Vélez en varias oportunidades, por determinaciones judiciales que tomó la Corte y que no fueron de buen recibo para el ex jefe de Estado.
De la misma manera, la CIDH también revisará el cumplimiento de la sentencia condenatoria emitida en contra de la institucionalidad colombiana por el asesinato del senador de la Unión Patriótica, UP, Manuel Cepeda Vargas, en la que ordenó a las autoridades abstenerse de otorgar beneficios a militares condenados por violaciones a los derechos humanos, como la de concederles la reclusión en guarniciones castrenses para que cumplan sus respectivas penas.
Frente al particular, el abogado Jorge Molano documentará el caso del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien pese a ser condenado a 30 años de prisión por la desaparición forzada de 11 civiles durante el holocausto del Palacio de Justicia, fue enviado a las instalaciones del Cantón Norte y no a la Cárcel La Picota de Bogotá, como lo ordenó la Juez Tercera Penal Especializada de la capital.
Adicionalmente, Molano, quien cuenta con medidas cautelares dictadas por la CIDH, viene denunciando públicamente el acrecentamiento de las persecusiones y los hostigamientos en su coentra, a consecuencia de su actuación dentro de éste proceso y otros relacionados con presuntos excesos de militares en contra de la población civil.
Éste martes estuvo presente en Bogotá Kathleen Fitzpatrick, representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el fin de verificar el estado de amenaza que enfrenta el jurista y otros que han denunciado presuntas violaciones masivas a los derechos humanos como Germán Romero y Elkin Ramírez, constituidos en parte civil dentro de varios proceso de las ejecuciones extrajudiciales denominadas en Colombia como ‘falsos positivos’.