Han pasado apenas siete días desde que el presidente Iván Duque decretó cuarentena en todo el territorio nacional para contener la propagación del nuevo coronavirus y el colapso del sistema de salud. Pero mientras el Gobierno anuncia medidas para mitigar los impactos del aislamiento preventivo en la economía del país, de los empresarios y de las familias, la marca del virus crece: a la fecha van 702 personas identificadas portadoras del virus, 10 muertas y 10 recuperadas.
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En definitiva no es el mejor escenario y el país lo sabe. Como la cuarentena está prevista, por ahora, hasta el 13 de abril, el primer mandatario, en compañía de sus ministros y del Departamento de Prosperidad Social, informó desde la semana pasada que entregará comida y dinero a los colombianos más vulnerables que perciben muchos menos ingresos por estos días.
“Este es un hecho sin precedentes en el mundo. Nos va a tocar adaptarnos después del 14 de abril en torno a cómo mantenemos las normas de distanciamiento social, de qué manera nos preparamos para convivir con el virus, entretanto seguimos estabilizando nuestra sociedad y nuestra economía”, declaró Duque la semana pasada, a la par que explicó lo que nombró como “ingreso solidario” para que los colombianos en las situaciones más precarias no pasen hambre.
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Dijo que cerca de tres millones de hogares de trabajadores informales y personas en situación de calle, que no reciben ningún beneficio estatal, recibirán alrededor de 160.000 pesos para comprar alimentos durante la cuarentena. Los colombianos en los programas de Familias en Acción recibirán cerca de 334.000 pesos de giro extraordinario, Jóvenes en Acción percibirán aproximadamente 700.000 pesos y los adultos mayores 240.000 pesos.
En esa estrategia, el Ministerio del Interior está encargado de coordinar la entrega de un millón de mercados a las comunidades indígenas, negras, raizales, palenqueras, afrocolombianas, ROM, Juntas de Acción Comunal, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según explicó Alicia Arango, ministra del Interior, esta semana se entregará dicho apoyo alimentario, que llegará a 930.000 familias censadas e identificadas en la base de datos del Ministerio.
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“Son unos mercados de un costo entre 80.000 y 100.000 pesos cada uno, que incluyen implementos de higiene, enlatados, granos (como lentejas, arroz, frijol, garbanzo), atún, aceite, salchichas, papel higiénico, jabón, cepillo, pasta dental, para que familias de cuatro o seis personas puedan vivir durante 15 días. Estamos intentando de que contengan algo de fruta, aunque es un producto perecedero”, expresó Arango.
Asimismo, la cartera de la política lidera la entrega de 50.000 kits de bioseguridad para dichas poblaciones (que contienen máscaras con acetato, alcohol, gel, guantes), de agua potable en lugares como La Guajira, Nariño y Chocó, y la construcción de albergues y hospitales móviles a lo largo del país. Según comunicó Arango, la operación de todos estos compromisos tiene un costo aproximado de 130.000 millones de pesos. Llegar a tantos territorios (lejanos y azotados por la violencia) con los mercados y el agua será una misión en manos del Ejército y la Policía, en coordinación con alcaldes y gobernadores.
Arango sabe que el Estado no cuenta con la infraestructura necesaria para evitar que el país no sufra de hambre en esta época. Pero afirma que el gobierno del presidente Duque sí tiene la voluntad para ampliar la cobertura alimentaria tanto como sea posible. Sin embargo, la tarea no es fácil y de entrada se sabe que muchos podrían quedarse sin el pan que el Gobierno debe proveer simplemente porque no existen en las bases de datos de las instituciones.
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Los pueblos que no obtendrían ayuda alimentaria
Máxima Asprilla vive en Bojayá, un municipio en el que su gente está aislada en sus hogares, cumpliendo con el mandato presidencial. Y si bien a su pueblo no le han comunicado nada aún sobre la ayuda del Ministerio del Interior, la alcaldía llevó a las viviendas un mercado: “Fíjate, si a ti te dan una libra de arroz, te sirve mucho en estos momentos nadie puede salir a trabajar”, dijo. Y, aunque ese es el caso de algunas familias de la población negra en el Chocó, desafortunadamente no pasa lo mismo con los pueblos indígenas de la Orinoquia.
Más de 835 indígenas de etnias minoritarias o al borde de la extinción de Vichada, Meta y Casanare sienten preocupación porque no hacen parte de la base de datos del Ministerio del Interior y por lo tanto no obtendrían el mercado. Así lo contó la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, una organización defensora de los derechos humanos que vela por las garantías de vida de las etnias en esos departamentos.
Según manifestó la Corporación, por múltiples factores es grave la situación de la población indígena de la Orinoquia en la cuarentena. Las 11 comunidades aborígenes tienen un carácter seminómada que se proveen de alimentos por medio del cultivo, la caza, la pesca y la recolección. Ahora, por las medidas de aislamiento y por las restricciones en la movilidad, varias de esas actividades tendrán que cesar, lo que dificulta que aseguren su comida.
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Tal es el caso del resguardo Caño-Mochuelo, en el Casanare: alberga 14 comunidades y 10 pueblos, y que para evitar la propagación del COVID-19 tomaron la decisión de auto aislarse, pero les preocupa la escasez de comida, agua potable y medicinas. Al ser un resguardo recibirán muy probablemente la ayuda del Ministerio. Pero no todos sus habitantes.
El problema se agudiza para indígenas que viven en territorios no formalizados y por tanto no hacen parte de la base de datos del Ministerio. Son, además, la población con formas de vida más precaria: no cuentan con agua potable y muchos de sus habitantes viven de la mendicidad. Ese es el caso de dos asentamientos ubicados en el Vichada y que se encuentran en situación de hambruna.
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El asentamiento Yajotja-etnia Waüipijiwi alberga 62 indígenas en 4 hectáreas –tierras privadas- entre ellos 28 menores de edad y 3 adultos mayores. “En los últimos dos años han muerto dos menores de edad en situación de desnutrición, esta etnia se encuentra al borde de la extinción con solo 120 habitantes en la Orinoquia”, comunicó la Organización Claretiana.
“Por disputas políticas, desigualdad y presencia de actores armados, los Waüipijiwi se desplazaron hace dos años del resguardo Caño-Mochuelo, pero aún aparecen en el censo”, cuenta la organización. Entonces, aún si llegaran los mercados al resguardo en el Casanare, esos alimentos no quedarían en manos de la etnia Waüipijiw. “Todos los asentamientos viven en situación crítica, pero el nuevo coronavirus devela aún más esa circunstancia. En Vichada, las alcaldías confirmaron por su lado que darán 500 mercados para los pueblos indígenas. Las administraciones tienen capacidad limitada que no alcanza. Tan solo en uno de los asentamientos hay 490 indígenas”, aseguró.
Cabe recordar que estas etnias viven en zonas alejadas del país, donde no solo la vida es precaria, sino también la atención del sistema de salud. Entendiendo que son pueblos en vía de extinción, la llegada del nuevo coronavirus los pondría aún más en riesgo. Por ello, para el senador Iván Cepeda, es necesario visibilizar su existencia, focalizar la ayuda del Estado y la solidaridad de la gente para que llegue hasta ellas, y verificar que no se desvíen recursos.
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“Verificar que los recursos lleguen es un tema que tiene que ver no solo con los asuntos de la solidaridad, sino en general a toda a esta inversión que se va a hacer por cuenta de los decretos que se están expidiendo. El presidente Duque ha hablado que millones de familias recibirán auxilio económico para pasar la cuarentena. Hay que ver eso cómo lo van a hacer, cuáles son los criterios. Parte del problema es que los organismos de control son insuficientes y que el Congreso está inactivo. Ese es el gravísimo problema. El órgano por excelencia que hace el control político hoy está suspendido”, dice.