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Este martes el Centro Democrático regresó al Congreso con su idea de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz. El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y su copartidaria Paloma Valencia radicaron el proyecto de reforma constitucional que propone una sala especial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para juzgar de forma exclusiva los delitos cometidos por la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado.
Esta es la segunda vez que la dupla uribista presenta esta propuesta. La radicó por primera vez en la legislatura pasada, pero el 26 de octubre se hundió, gracias a la estrategia que los defensores del Acuerdo de Paz realizaron en la Comisión Primera de Senado.
Ahora, en esta iniciativa, los senadores Uribe y Valencia proponen nueve artículos con los que crean secciones, salas y despachos para investigar y juzgar a los uniformados. Las salas tendrán “las mismas funciones y atribuciones que los órganos semejantes del sistema (JEP) y los mismos derechos a participar en los órganos de gobierno de la JEP en las que participan sus pares”, se lee en el proyecto.
De fondo buscar crear dos secciones de primera instancia, una de revisión de sentencias y una de apelación integradas por tres magistrados cada una. Así mismo, crea una unidad de Investigación y Acusación para miembros de la Fuerza Pública que estará integrada por un mínimo de ocho fiscales y “un coordinador de dicha unidad designados por el fiscal general de la Nación, y cumplirán las funciones establecidas para esa unidad de la JEP”, pero solo para los uniformados.
Bajo esas normas, los congresistas consideran que tanto los magistrados como los fiscales pertenecientes a la sala especial para el juzgamiento de los uniformados conocerán de manera preferente las conductas cometidas por los miembros de la Fuerza Pública. Estos funcionarios serán elegidos por el presidente de la República y refrendados por el Congreso de la República en sesión del Congreso en Pleno.
Además, “deberán acreditar formación en DIH y conocimiento en los manuales operacionales de la fuerza pública. Podrán ser magistrados de las secciones del Tribunal para la Paz y de la sala especial creados en el presente Acto Legislativo aquellos miembros retirados de la fuerza pública que cumplan con los anteriores requisitos, con la condición de que máximo dos de los tres magistrados que conforman el órgano podrán provenir de esta fuente”, dice el proyecto de acto legislativo.
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Aparte de eso, la propuesta establece que la Procuraduría General de la Nación podrá intervenir en los procesos que se adelanten en esa sala de la siguiente forma: “El procurador deberá designar agentes especiales para que intervengan en las actuaciones y los procesos que se surtan ante la Sala y secciones para miembros de la Fuerza Pública”. De igual forma, “Todas las instituciones a las que pertenecen los miembros de la fuerza pública, deben tener un abogado que se encargue de la defensa del buen nombre de la institución que sea mencionada en los procesos. Además proveerán defensa técnica y especializada gratuita para los miembros de la fuerza pública que sean sujetos de procesos ante la JEP”.
Y, entre otras cosas, los senadores le dan la potestad al Gobierno para que tenga tres oportunidades para ajustar el número de magistrados y funcionarios de la JEP, “de acuerdo con las necesidades que tenga cada jurisdicción, en aras de compensar los costos y procurar la mejor administración de los recursos. El criterio de austeridad será rector de su decisión”. Pero más allá de los detalles de la iniciativa, lo que el Centro Democrático busca es hacer efectivo su sueño de reformar el sistema de justicia transicional pactado en La Habana. Una idea que no ha logrado conseguir mayoría en el Congreso.