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La incapacidad que el Gobierno Nacional ha demostrado para entender y regular de manera adecuada la evolución que los avances tecnológicos introducen en la economía, está causándole daños al país. Uber es el ejemplo más claro: ante la ambivalencia de las autoridades sobre su legalidad, algunos taxistas han acudido a las vías de hecho para aterrorizar a quienes prestan ese servicio y a quienes lo utilizan. Ya es hora de tomarse en serio el asunto.
Como lo dijimos en este espacio en su momento, la rimbombancia con la que el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, entró al debate sobre cómo regular Uber terminó en un decreto que se escapó por la tangente y dejó la esencia del asunto en la misma zona gris. Al día de hoy, los conductores de Uber siguen trabajando sin tener las reglas claras y eso ha desembocado en la violencia irracional e inaceptable que vimos la semana pasada en Medellín y en Bogotá.
Todo lo ocurrido es síntoma de un problema mucho mayor: nadie en el Gobierno, ni en el Congreso, parece interesado en meterle el diente a un debate complejo y que de hecho no se queda únicamente en la coyuntura del transporte. El proyecto de ley que presentó un grupo diverso de congresistas, que propone una reglamentación moderna y razonable al tema, está cerca de quedar sepultado por el olvido y la indiferencia de los congresistas, que ni siquiera se han molestado en nombrar ponentes, mucho menos en abrir la discusión.
Pensar que no estamos ante una situación de importancia para el país, es evidencia de ceguera institucional. Los desarrollos tecnológicos plantean dilemas que tienen que entrar en las consideraciones del Estado. A manera de ejemplo, Natalia Iregui, vicepresidenta legal y de relaciones institucionales de Directv Colombia, le dijo a El Espectador el pasado domingo que la falta de tributación de servicios como Netflix tiene en riesgo la sostenibilidad de la televisión pública. Airbnb, cuando tome fuerza en el país, va a causar preguntas justas en el sector turístico y hotelero de Colombia. Cabify aterrizó en una situación similar a la de Uber. Y los ejemplos seguirán creciendo, ojalá también con iniciativas de emprendedores colombianos.
El Gobierno celebra la expansión del cubrimiento de internet en el país y se ve feliz al ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), David Luna, —y antes a su antecesor— entregando tabletas; pero como se ha dicho muchas veces ya, la problemática va más allá del cubrimiento. En los temas esenciales, el Mintic no ha asumido su responsabilidad, cuando debería estar en el centro de todos los debates que involucren desarrollos tecnológicos.
Si el Ministerio y el Gobierno se sienten abrumados en su capacidad técnica para entender todos los debates que se vienen, la mejor opción es convocar a la población civil y a las diferentes organizaciones privadas que son expertas en estos temas, y hacerlo de la manera más pública y transparente posible —no a puerta cerrada, como se discutió el infame decreto del servicio de transporte de lujo—.
No mencionamos en extenso la malsana influencia que el gremio de taxistas ha venido ejerciendo sobre el Gobierno, y presumiblemente sobre el Congreso, para haber logrado que ese proyecto, que lucía como una buena esperanza de solución, duerma el sueño de los justos. Pero no sobra recordar que el Ejecutivo y el Legislativo deben servir a todos los colombianos, no sólo a un interés particular. ¿O acaso las víctimas de los ataques a Uber no merecen, también, protección del Estado? Necesitamos reglas claras y pronto.
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