Así se ganó en Colombia un litigio por el planeta

Los 25 llegaron puntuales a nuestra cita en Bogotá. El frío inusual y la terca llovizna de esa mañana de sábado recordaban la razón que nos convocaba: el cambio del clima, que ya se siente en Bogotá tanto como en la Amazonia y los otros 15 puntos del país de donde venían los jóvenes, los niños y sus padres. Compartían experiencias de liderazgo ambiental en sus colegios y universidades, y las ganas de hacer algo más contra el calentamiento global. De aquel taller de lluvia de ideas, precedido de meses de intercambio e investigación con el equipo de Dejusticia, surgió la acción de tutela contra la deforestación en la Amazonia, que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los jóvenes hace pocas semanas. Como dijo Michael Gerrard, director del Centro Sabin contra el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, la decisión “es uno de los fallos ambientales más sólidos que haya dictado un tribunal en cualquier parte del mundo”. (El Amazonas y los derechos).

La Corte le ordena al Gobierno expedir en cuatro meses un plan eficaz para detener el alza de la deforestación en la Amazonia, así como construir un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, todo en conjunto con los jóvenes peticionarios y las entidades y organizaciones relevantes. También reconoce la Amazonia como sujeto de derechos y les ordena a los alcaldes y corporaciones autónomas de la región cumplir sus deberes contra la deforestación.

Como el caso ha despertado interés nacional e internacional, vale la pena entender su trayectoria y su contexto, así como los pasos que vendrán y el papel de los jóvenes en todo ello. (Detalles del fallo).

Litigando el futuro

Aunque es la primera de este tipo en América Latina, nuestra tutela hace parte de más de 800 litigios contra el cambio climático alrededor del mundo. Algunos, como el exitoso caso Urgenda en Holanda, han demandado a los gobiernos para que cumplan o aumenten su compromiso de reducir las emisiones de carbono. Otros, como los pendientes en Nueva York y San Francisco, son demandas de las alcaldías contra las compañías petroleras que más combustibles fósiles han extraído, para exigirles pagar los costos de las murallas que las ciudades tendrán que construir para protegerse del alza del nivel del océano por el calentamiento global.

Lo más promisorio del caso colombiano es que está fundado en los derechos de las generaciones futuras, que sufrirían los peores efectos de la deforestación y el calentamiento global. Derechos como la vida y la salud de Acxan Duque Guerrero, que hoy tiene siete años y que, como lo cuenta en la tutela, sufre una dolencia común que le impediría respirar en su Buenaventura si, como van las cosas, la temperatura sube 1,5 grados antes de que Acxan cumpla 30 años. La idea ya existe en el derecho nacional e internacional. Estos derechos son parte de la definición del desarrollo sostenible que trae la Declaración de Río de 1992. Pero apenas ahora, con esta tutela, se sacan consecuencias concretas de la promesa a las futuras generaciones.

Por eso los 25 niños y jóvenes volverán a Bogotá pronto. Tendrán voz en una nueva lluvia de ideas, esta vez con el Gobierno y otras entidades y organizaciones, con las que se construirá el Pacto Intergeneracional que ordenó la Corte. Y que debe especificar los derechos y deberes de las generaciones actuales y futuras en relación con la deforestación y el cambio climático.

La ciencia y la justicia

Los litigios han avanzado al ritmo del conocimiento científico. Nuestra tutela y las demandas recientes en otros países se han basado en los últimos avances de la ciencia climática, que hoy puede atribuir con mayor precisión las causas probables de eventos extremos, como las lluvias torrenciales y las olas de calor.

Las cifras del Ideam habían dejado claro que la deforestación es la principal causa de emisiones de carbono en Colombia. Por eso, el propio Gobierno hizo de la reducción de la deforestación la principal promesa de Colombia contra el cambio climático. En 2013 acordó reducir a cero la deforestación neta en el Amazonas para 2020, y renovó el propósito en la Cumbre de Cambio Climático de París en 2015.

La promesa tiene sentido. De un lado, la tala de árboles afecta profundamente los ecosistemas y el clima no solo de la Amazonia, sino de todo el país. Por ejemplo, altera el ciclo del agua hasta el punto que induciría sequía en los lugares de origen de algunos de los jóvenes peticionarios de la tutela, como Cartagena y San Andrés, al tiempo que provocaría inundaciones en las ciudades de otros, como Cali o Medellín.

De otro lado, la reforestación es la solución natural más eficiente contra el calentamiento global, y Colombia es uno de los países con más potencial para contribuir a ella. Así lo mostró James Hansen, exdirector científico de la NASA, en la carta que envió a la Corte Suprema para apoyar la tutela. Pero los datos y alertas tempranas del Ideam muestran que la deforestación viene en aumento en la Amazonia y el país. En 2016, la cifra nacional subió 44 %. De ahí que la solicitud de la tutela sea sencilla: que el Gobierno cumpla su promesa y revierta la tendencia.

El actual Ministerio de Ambiente ha reconocido con franqueza el problema y publicado estudios y políticas que intentan enfrentarlo. Por esto mismo, el fallo sirve como un aliciente externo para acelerar esos esfuerzos y generar presión ciudadana para alcanzar las metas, como lo ha dicho el ministro Luis Gilberto Murillo al comprometerse con el cumplimiento de la sentencia.

Lo que viene

El riesgo que corren las sentencias novedosas es que se queden para enmarcar. Los abogados, los jueces y los funcionarios tendemos a ser mejores para declarar los derechos que para hacerlos realidad. La aplicación de algunos fallos ambiciosos se ha quedado enredada en trámites y discusiones engorrosas.

Esta vez debe ser distinto. Gracias a los plazos cortos que dio la Corte, la voluntad que ha mostrado hasta el momento el Ministerio de Ambiente y la presión de miles de jóvenes que se han sumado a la causa por redes sociales, el proceso de implementación de la sentencia debería comenzar muy pronto y convocar a los sectores contemplados por la Corte. Entre tanto, los jóvenes peticionarios ya están haciendo su parte. Se han convertido en portavoces del caso y de la causa en sus municipios y se están organizando para llenar de contenido el pacto intergeneracional y participar en las demás actividades ordenadas en el fallo, con el apoyo de sus comunidades y quienes los acompañamos en la tutela.

Ellos y ellas tienen la urgencia que les ha faltado a las generaciones anteriores. Saben que les estamos legando un país donde cada hora se talan, en promedio, 16 hectáreas de bosque. Y un planeta incandescente que, como escribió Hansen, “sería una carga imposible de soportar para los jóvenes y las generaciones futuras”.

* Director de Dejusticia y abogado de la tutela sobre deforestación y cambio climático en la Amazonia. Columnista de El Espectador.

Los 25 llegaron puntuales a nuestra cita en Bogotá. El frío inusual y la terca llovizna de esa mañana de sábado recordaban la razón que nos convocaba: el cambio del clima, que ya se siente en Bogotá tanto como en la Amazonia y los otros 15 puntos del país de donde venían los jóvenes, los niños y sus padres. Compartían experiencias de liderazgo ambiental en sus colegios y universidades, y las ganas de hacer algo más contra el calentamiento global. De aquel taller de lluvia de ideas, precedido de meses de intercambio e investigación con el equipo de Dejusticia, surgió la acción de tutela contra la deforestación en la Amazonia, que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los jóvenes hace pocas semanas. Como dijo Michael Gerrard, director del Centro Sabin contra el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, la decisión “es uno de los fallos ambientales más sólidos que haya dictado un tribunal en cualquier parte del mundo”. (El Amazonas y los derechos).

La Corte le ordena al Gobierno expedir en cuatro meses un plan eficaz para detener el alza de la deforestación en la Amazonia, así como construir un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, todo en conjunto con los jóvenes peticionarios y las entidades y organizaciones relevantes. También reconoce la Amazonia como sujeto de derechos y les ordena a los alcaldes y corporaciones autónomas de la región cumplir sus deberes contra la deforestación.

Como el caso ha despertado interés nacional e internacional, vale la pena entender su trayectoria y su contexto, así como los pasos que vendrán y el papel de los jóvenes en todo ello. (Detalles del fallo).

Litigando el futuro

Aunque es la primera de este tipo en América Latina, nuestra tutela hace parte de más de 800 litigios contra el cambio climático alrededor del mundo. Algunos, como el exitoso caso Urgenda en Holanda, han demandado a los gobiernos para que cumplan o aumenten su compromiso de reducir las emisiones de carbono. Otros, como los pendientes en Nueva York y San Francisco, son demandas de las alcaldías contra las compañías petroleras que más combustibles fósiles han extraído, para exigirles pagar los costos de las murallas que las ciudades tendrán que construir para protegerse del alza del nivel del océano por el calentamiento global.

Lo más promisorio del caso colombiano es que está fundado en los derechos de las generaciones futuras, que sufrirían los peores efectos de la deforestación y el calentamiento global. Derechos como la vida y la salud de Acxan Duque Guerrero, que hoy tiene siete años y que, como lo cuenta en la tutela, sufre una dolencia común que le impediría respirar en su Buenaventura si, como van las cosas, la temperatura sube 1,5 grados antes de que Acxan cumpla 30 años. La idea ya existe en el derecho nacional e internacional. Estos derechos son parte de la definición del desarrollo sostenible que trae la Declaración de Río de 1992. Pero apenas ahora, con esta tutela, se sacan consecuencias concretas de la promesa a las futuras generaciones.

Por eso los 25 niños y jóvenes volverán a Bogotá pronto. Tendrán voz en una nueva lluvia de ideas, esta vez con el Gobierno y otras entidades y organizaciones, con las que se construirá el Pacto Intergeneracional que ordenó la Corte. Y que debe especificar los derechos y deberes de las generaciones actuales y futuras en relación con la deforestación y el cambio climático.

La ciencia y la justicia

Los litigios han avanzado al ritmo del conocimiento científico. Nuestra tutela y las demandas recientes en otros países se han basado en los últimos avances de la ciencia climática, que hoy puede atribuir con mayor precisión las causas probables de eventos extremos, como las lluvias torrenciales y las olas de calor.

Las cifras del Ideam habían dejado claro que la deforestación es la principal causa de emisiones de carbono en Colombia. Por eso, el propio Gobierno hizo de la reducción de la deforestación la principal promesa de Colombia contra el cambio climático. En 2013 acordó reducir a cero la deforestación neta en el Amazonas para 2020, y renovó el propósito en la Cumbre de Cambio Climático de París en 2015.

La promesa tiene sentido. De un lado, la tala de árboles afecta profundamente los ecosistemas y el clima no solo de la Amazonia, sino de todo el país. Por ejemplo, altera el ciclo del agua hasta el punto que induciría sequía en los lugares de origen de algunos de los jóvenes peticionarios de la tutela, como Cartagena y San Andrés, al tiempo que provocaría inundaciones en las ciudades de otros, como Cali o Medellín.

De otro lado, la reforestación es la solución natural más eficiente contra el calentamiento global, y Colombia es uno de los países con más potencial para contribuir a ella. Así lo mostró James Hansen, exdirector científico de la NASA, en la carta que envió a la Corte Suprema para apoyar la tutela. Pero los datos y alertas tempranas del Ideam muestran que la deforestación viene en aumento en la Amazonia y el país. En 2016, la cifra nacional subió 44 %. De ahí que la solicitud de la tutela sea sencilla: que el Gobierno cumpla su promesa y revierta la tendencia.

El actual Ministerio de Ambiente ha reconocido con franqueza el problema y publicado estudios y políticas que intentan enfrentarlo. Por esto mismo, el fallo sirve como un aliciente externo para acelerar esos esfuerzos y generar presión ciudadana para alcanzar las metas, como lo ha dicho el ministro Luis Gilberto Murillo al comprometerse con el cumplimiento de la sentencia.

Lo que viene

El riesgo que corren las sentencias novedosas es que se queden para enmarcar. Los abogados, los jueces y los funcionarios tendemos a ser mejores para declarar los derechos que para hacerlos realidad. La aplicación de algunos fallos ambiciosos se ha quedado enredada en trámites y discusiones engorrosas.

Esta vez debe ser distinto. Gracias a los plazos cortos que dio la Corte, la voluntad que ha mostrado hasta el momento el Ministerio de Ambiente y la presión de miles de jóvenes que se han sumado a la causa por redes sociales, el proceso de implementación de la sentencia debería comenzar muy pronto y convocar a los sectores contemplados por la Corte. Entre tanto, los jóvenes peticionarios ya están haciendo su parte. Se han convertido en portavoces del caso y de la causa en sus municipios y se están organizando para llenar de contenido el pacto intergeneracional y participar en las demás actividades ordenadas en el fallo, con el apoyo de sus comunidades y quienes los acompañamos en la tutela.

Ellos y ellas tienen la urgencia que les ha faltado a las generaciones anteriores. Saben que les estamos legando un país donde cada hora se talan, en promedio, 16 hectáreas de bosque. Y un planeta incandescente que, como escribió Hansen, “sería una carga imposible de soportar para los jóvenes y las generaciones futuras”.

* Director de Dejusticia y abogado de la tutela sobre deforestación y cambio climático en la Amazonia. Columnista de El Espectador.